Había sido el propósito de países como España o Francia desde que en octubre pasado la justicia europea anulara los acuerdos pesquero y agrario con Marruecos. Y ahora parece el horizonte más probable. Bruselas vuelve a tensar los límites del derecho internacional. Casi un año después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbara los acuerdos de pesca y comercio con Marruecos por incluir al Sáhara Occidental, la Comisión Europea se prepara para reabrir las negociaciones con Rabat.

El objetivo es mantener el flujo de productos agrícolas y pesqueros procedentes de un territorio ocupado y hacerlo, además, con los mismos beneficios arancelarios que disfruta Marruecos. Así lo denuncia la organización Western Sahara Resource Watch a partir de un documento difundido por Dinamarca, que ostenta actualmente la presidencia de la Comisión Europea.

El 22 de julio la Comisión presentó al Consejo una propuesta para abrir conversaciones con Rabat y adaptar el acuerdo de 2018 a la sentencia del TJUE. Según un documento fechado el 20 de agosto y remitido por la presidencia danesa del Consejo, la idea es clara: salvar el comercio con el Sáhara Occidental bajo el paraguas de un nuevo marco legal que, en teoría, cumpla con el derecho europeo e internacional. Para ello, la Comisión Europea ha pedido al Consejo de la Unión Europea un mandato que le permita renegociar el pacto.

El atajo del "consentimiento presunto"

“La propuesta de la Comisión de iniciar negociaciones con Marruecos tiene por objeto ajustar el acuerdo a la sentencia del TJUE, al Derecho de la UE y al Derecho internacional, preservando al mismo tiempo las relaciones comerciales existentes y permitiendo así que continúen las importaciones de productos del Sáhara Occidental con los mismos tipos arancelarios preferenciales que los aplicables a Marruecos”, señala el texto.

Pero la maniobra no deja de ser polémica tras el recorrido judicial que supuso una victoria para el Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui. Los fallos del TJUE fueron contundentes: el Sáhara Occidental, ex colonia española ocupada ilegalmente por Marruecos desde hace medio siglo, es un “territorio separado y distinto” de Marruecos. Ningún acuerdo puede aplicarse allí sin el consentimiento explícito del pueblo saharaui, no de la población residente —mayoritariamente, colonos marroquíes—, sino del conjunto del pueblo, buena parte del cual vive en el exilio.

La Comisión, sin embargo, se agarra a un resquicio legal: el llamado “consentimiento presunto”. Según la doctrina del TJUE, sería posible si se cumplen dos condiciones estrictas: que el acuerdo no genere obligaciones para los saharauis y que estos reciban beneficios concretos, sustanciales y verificables. Para probarlo, Bruselas quiere imponer un mecanismo de control que certifique que los beneficios llegan tanto a los saharauis que permanecen en el territorio como a quienes fueron expulsados. El Tribunal apuntó que la mayoría de los saharauis viven en el exilio y que solo alrededor del 25 % de la población que reside actualmente en el Sáhara Occidental es saharaui.

Fuentes del Polisario señalan a El Independiente que se oponen a cualquier intento de revivir el acuerdo. “Estamos dispuestos a enfrentarlo con la ley en la mano, sobre la base de la sentencia del TJUE”, subrayan tras reconocer que Brusela “está tramando nuevas maniobras para ver si llegan a un nuevo acuerdo UE-Marruecos sobre los recursos saharauis antes de octubre, la fecha de límite definitivo de vigencia del presente acuerdo agrícola”.  Los veredictos de octubre de 2024 fueron las últimas de una serie de diez sentencias en las que el Tribunal ha fallado sistemáticamente que los acuerdos entre la UE y Marruecos no pueden aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo de ese territorio.

No obstante, desde el Polisario también reclaman a los agricultores europeos que libren la batalla. “Los agricultores españoles, portugueses y del sur de Europa en general deberían movilizarse para enfrentarse a este dumping que maneja sigilosamente Marruecos y ciertos países cómplices de la Unión Europea”, replica un oficial del movimiento saharaui.

El pasado julio la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denunciaron ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el presunto incumplimiento de la normativa sobre el etiquetado de tomates cherry vendidos en los establecimientos de una de las principales cadenas de distribución en España y vendidos por Azura, una empresa que cultiva tomates cherry en más de 400 hectáreas de invernaderos ubicados en el Sáhara Occidental.

Estos productos se están comercializando en supermercados de la Unión Europea con etiquetas que indican como país de origen "Marruecos", incluyendo establecimientos de Carrefour en España.  En su denuncia, CECU y COAG solicitaron que se investigue esta práctica y que, en caso de identificar y confirmarse irregularidades, se sancione a las compañías responsables por un posible fraude a los consumidores.

Las advertencias llegan también desde organizaciones de derechos humanos. Western Sahara Resource Watch acusa a Bruselas de “torpedear” la sentencia del TJUE. “Cualquier negociación comercial o mecanismo de supervisión solo puede ser creíble si garantiza la plena participación del Frente Polisario, reconocido por el Tribunal de la UE como representante del pueblo saharaui y con legitimidad ante el Tribunal para defender su derecho a la autodeterminación”, insiste Sara Eyckmans, de Western Sahara Resource Watch. “Sin la participación del Polisario, dichos mecanismos y negociaciones están pasando por alto a las personas cuyos derechos están en juego y no cumplirían con la obligación de la UE de respetar la autodeterminación. Instamos a los Estados miembros de la UE a que rechacen cualquier propuesta de la Comisión que utilice el concepto de 'consentimiento presunto' para eludir el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. La UE debe defender el derecho internacional y no recompensar las peores violaciones del orden jurídico internacional”.

Próxima fecha: 10 de septiembre

Desde esta organización ya habían advertido previamente de que Bruselas y Rabat discuten “formas de eludir las sentencias del Tribunal sobre el Sáhara Occidental”. Entre las propuestas que se debatían figuraban mecanismos para afirmar que el pueblo saharaui se estaba beneficiando del comercio entre la UE y Marruecos, evitando al mismo tiempo la obligación de obtener su consentimiento. “La nueva solicitud de mandato de la Comisión parece basarse directamente en esas ideas”, alertan.

El Comité de Representantes Permanentes (COREPER) examinará la propuesta el próximo 10 de septiembre. Para que las negociaciones avancen, bastará con una mayoría cualificada en el Consejo, aunque cualquier acuerdo definitivo requerirá el visto bueno del Parlamento Europeo. El calendario juega contra Bruselas. El actual protocolo caduca el 4 de octubre de 2025. Sin un pacto antes de esa fecha, los productos agrícolas y pesqueros del Sáhara Occidental quedarían fuera de los beneficios arancelarios. Rabat presiona para evitarlo.