La adjudicación de uno de los contratos ferroviarios más importantes de Europa ha derivado en un caso sobre la responsabilidad de las empresas y las instituciones públicas en la defensa de los derechos humanos. La Société Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB) seleccionó a la empresa vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) como adjudicataria preferente para un megacontrato de 3.000 millones de euros destinado a la fabricación de 600 nuevos trenes, calificado por muchos como 'el contrato del siglo'.

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Pero la operación, que prometía ser un impulso estratégico para la modernización del transporte ferroviario belga, ha desembocado en una batalla judicial que trasciende las fronteras del país. El motivo: la presunta complicidad de CAF en "crímenes de guerra, apartheid y violaciones graves del derecho internacional humanitario" a través de su participación en el proyecto de tranvía ligera de Jerusalén. La demanda fue presentada la semana pasada, tal y como avanzó El Independiente.

El epicentro de la controversia: Jerusalén y las colonias israelíes

La red bajo sospecha en la que está implicad la compañía vasca, participada por el gobierno autonómico que integran PNV y PSOE, es un sistema de tranvía que conecta Jerusalén Oeste con varios asentamientos israelíes construidos en el territorio palestino ocupado. Según la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y diversas resoluciones de la ONU, estos asentamientos son ilegales y constituyen una violación flagrante de normas imperativas del derecho internacional.

El proyecto ha sido denunciado por facilitar la anexión de Jerusalén Este y consolidar una política de segregación territorial que excluye sistemáticamente a la población palestina. Según la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, CAF “desempeña un papel crucial en la construcción de infraestructura que perpetúa la ocupación y normaliza el apartheid”.

En su informe From Economy of Occupation to Economy of Genocide, Albanese detalla cómo empresas privadas —entre ellas CAF— sostienen el entramado de ocupación israelí al participar en infraestructuras estratégicas: carreteras, líneas de tranvía, redes eléctricas y servicios de transporte que “desplazan a la población palestina y consolidan asentamientos ilegales”. Contactada por este diario, la empresa ha evitado reaccionar a la información. "Desde CAF no vamos a realizar comentarios ni valoraciones sobre el tema que comenta", aseguran días después de haber formulado la solicitud de información.

ONG contra SNCB: “El dinero público no debe financiar el apartheid”

El 21 de agosto de 2025, las ONG Intal Globalize Solidarity, Vrede vzw, 11.11.11 y Al Haq Europe presentaron una demanda ante el Consejo de Estado belga para suspender el contrato.

“La SNCB sabe muy bien que CAF está directamente implicada en violaciones graves del derecho internacional”, denunció Ansje Vanbeselaere, presidenta de Intal. “Tenemos pruebas documentadas de su participación en el desplazamiento forzado de palestinos y en el desarrollo de colonias ilegales. Son crímenes de guerra. Ignorar esto es una hipocresía total”. Para Ludo De Brabander, portavoz de Vrede vzw, el contexto no admite ambigüedades: “Mientras la población de Gaza es masacrada y hambrienta, y el gobierno israelí impone la anexión de Cisjordania y Jerusalén Este, resulta alucinante que la SNCB pretenda entregar miles de millones a una empresa cómplice de esta política. El dinero público no puede financiar la ocupación y el apartheid”.

Las ONG exigen no solo la exclusión de CAF de este contrato, sino también una reforma profunda de los criterios de contratación pública en Bélgica, para que el respeto de los derechos humanos sea un requisito vinculante en todos los procesos de licitación.

La respuesta de la SNCB

Hasta ahora, la SNCB ha mantenido un perfil bajo. El 23 de julio, su Consejo de Administración ratificó la designación de CAF como socio preferente, pese a un fallo anterior del Consejo de Estado que ya había suspendido la primera adjudicación en abril.

Internamente, la SNCB defiende que CAF ha emitido declaraciones de compromiso con los derechos humanos, pero no ha proporcionado una evaluación independiente sobre su participación en el proyecto de Jerusalén. Este silencio estratégico, sin embargo, expone a la empresa pública belga a riesgos legales, financieros y reputacionales, denuncian los denunciantes.

Los competidores Alstom y Siemens también han interpuesto recursos legales, alegando que la SNCB ha incumplido su deber de diligencia y ha favorecido a un licitante con conflictos éticos graves.

Un contrato bajo escrutinio internacional

El caso no es solo una disputa contractual: podría sentar un precedente europeo. La Corte Internacional de Justicia ha recordado que todos los Estados tienen la obligación de impedir relaciones económicas que favorezcan la consolidación de colonias ilegales. Esto implica que instituciones públicas como la SNCB no pueden contratar con empresas implicadas en proyectos que sostienen la ocupación, so pena de comprometer las obligaciones internacionales de Bélgica.

Si el Consejo de Estado confirma las denuncias, CAF podría quedar excluida del proceso y la SNCB se vería obligada a reanudar la licitación. Además, este caso podría abrir la puerta a investigaciones europeas sobre contratación pública y complicidad empresarial en crímenes de guerra.

La SNCB, como institución pública, está ahora en el epicentro de un debate internacional sobre el papel de los Estados europeos frente a la ocupación de Palestina. Mientras tanto, el tranvía de Jerusalén sigue avanzando, conectando colonias israelíes ilegales y desplazando comunidades palestinas. Para las ONG, cada kilómetro de vía construido con participación de empresas como CAF es una herida abierta en el derecho internacional.

El Consejo de Estado belga deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre la suspensión definitiva del contrato. Las ONG confían en que su recurso prospere, mientras que CAF y SNCB optan por el silencio.

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