El tranvía de Jerusalén, convertido en un símbolo de la ocupación israelí en los barrios palestinos de la ciudad y su conexión con asentamientos ilegales israelíes, vuelve a colocar a la guipuzcoana CAF en el centro de la polémica internacional. La compañía vasca, socia de la constructora israelí Shapir en el consorcio encargado de ampliar y operar la red, niega cualquier vulneración de derechos humanos y defiende que la infraestructura aporta beneficios palpables a la población local, en mitad de las tensiones por la operación militar israelí en Gaza.

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La declaración llega en vísperas de la publicación de un nuevo informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que incluirá a CAF en la base de datos de empresas vinculadas a actividades en los territorios palestinos ocupados. La lista, que no conlleva sanciones pero sí un severo señalamiento político, es usada como herramienta de presión en la ONU desde hace años. Hace semanas un grupo de ONG belgas presentaron ante la justicia una demanda que trata de arrebatar a CAF el denominado “contrato del siglo” por su implicación en Israel. Entonces la compañía declinó hacer comentarios a El Independiente.

En un comunicado difundido este jueves, la compañía recalca que “no se ha materializado ningún impacto adverso” y que, al contrario, “el proyecto genera impactos positivos en la población”, avalados por expertos independientes en 2023 y 2025. Los dictámenes internos de CAF sostienen que el tranvía facilita el acceso al empleo, a la educación y a la atención médica, con especial beneficio –subrayan– para la comunidad árabe, que constituye el grupo más asiduo de usuarios.

Clave en la conexión de los colonos israelíes

La defensa de CAF contrasta con la voz de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina, que ha censurado en repetidas ocasiones la participación de la empresa guipuzcoana en una infraestructura que, a su juicio, sirve para “consolidar y expandir las colonias israelíes” en Jerusalén Este. La dimensión simbólica es evidente: las líneas del tranvía atraviesan barrios palestinos y refuerzan la conexión física con asentamientos que la comunidad internacional considera ilegales.

El proyecto, adjudicado en 2019 y valorado en 1.800 millones de euros, contempla la construcción de la Línea Verde y la ampliación de la Línea Roja, además de su explotación durante un mínimo de quince años. En la práctica, CAF participa en un negocio vital para las autoridades israelíes en una ciudad marcada por las tensiones políticas y religiosas.

La compañía vasca insiste en su compromiso con la “ética empresarial y el respeto a los derechos humanos”, enmarca el proyecto dentro de los Principios Rectores de la ONU y las directrices de la OCDE, y se parapeta en un sistema de “compliance” y políticas de diligencia debida. También recuerda que obtuvo dictámenes jurídicos favorables, incluido un fallo de la Corte de Apelación de Versalles que rechazó la alegación de vulneración del Derecho Internacional en una fase previa de la Línea Roja.

Pero la controversia trasciende la letra de los dictámenes. Para la ONU y para los grupos de derechos humanos, la mera participación en proyectos que consolidan infraestructuras en Jerusalén Este supone una legitimación de la ocupación. CAF, en cambio, se reivindica como proveedora de un servicio público esencial, inclusivo y no discriminatorio, que emplea a un 25 % de trabajadores árabes y cuyas señales son bilingües en hebreo y árabe.

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