La ofensiva judicial emprendida en España por la Fundación Hind Rajab (HRF, por sus siglas en inglés) contra un exmilitar israelí acusado de crímenes en Gaza ha terminado, por ahora, en vía muerta. Pero la organización —convertida en uno de los actores más activos en la persecución internacional de soldados israelíes— ha decidido elevar el pulso hasta el Tribunal Supremo en un caso que pone a prueba los límites de la jurisdicción universal española y el alcance de las obligaciones internacionales en materia de crímenes de guerra.

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El procedimiento arranca el 9 de septiembre de 2025, cuando HRF presentó ante la Audiencia Nacional una querella contra Tameer (Tamer) Mulla, exsargento del batallón 101 de paracaidistas del ejército israelí. La organización le atribuye una “participación directa” en actos que, a su juicio, constituyen genocidio y crímenes de guerra durante la ofensiva israelí en Gaza.

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Un portazo judicial en la Audiencia Nacional

El recorrido judicial en España ha sido rápido y, de momento, infructuoso para los impulsores de la causa. El 22 de septiembre de 2025, el Juzgado Central de Instrucción rechazó la querella. HRF respondió apenas unos días después, el 1 de octubre, con un recurso en el que denunciaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y sostenía que España tenía la obligación de investigar o procesar al militar israelí, especialmente ante la ausencia de actuaciones concretas contra él en la Corte Penal Internacional (CPI).

El Ministerio Fiscal se opuso al recurso el 3 de febrero de 2026, alineándose con la interpretación restrictiva de la jurisdicción. Finalmente, el 2 de marzo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cerró la puerta: desestimó el recurso y confirmó el archivo por falta de jurisdicción.

El argumento central del tribunal pivota sobre el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según la sala, los tribunales españoles no pueden ejercer jurisdicción universal en este caso porque no se cumple uno de los requisitos clave: la existencia de una solicitud de extradición previa que haya sido rechazada. Sin ese paso, concluyen los magistrados, España carece de competencia para actuar.

El choque jurídico: jurisdicción universal

La interpretación de la Audiencia Nacional es precisamente el núcleo del choque con HRF. La organización sostiene que el tribunal ha invertido la lógica del principio internacional de aut dedere aut judicare —extraditar o juzgar—, que obliga a los Estados a investigar a sospechosos de crímenes internacionales presentes en su territorio salvo que acepten extraditarlos.

En su próximo recurso ante el Tribunal Supremo, HRF defenderá que la ausencia de una solicitud de extradición no puede operar como un bloqueo automático de la jurisdicción, sino todo lo contrario: la competencia debería presumirse mientras no exista una petición formal de entrega aceptada por España.

Para la fundación, la interpretación adoptada por la Audiencia Nacional no solo restringe el alcance de la jurisdicción universal, sino que abre la puerta a espacios de impunidad en los que los presuntos responsables de crímenes graves podrían eludir la acción de la justicia.

La controversia sobre la Corte Penal Internacional

El otro gran eje del litigio es la aplicación del principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional. La Audiencia Nacional argumentó que la existencia de investigaciones de la CPI sobre la situación en Gaza limitaba la intervención de los tribunales españoles.

HRF rebate esa lectura. Subraya que el Estatuto de Roma exige un criterio estricto de “misma persona, misma conducta”, lo que implica que solo se excluye la jurisdicción nacional si el individuo concreto está siendo investigado. En este caso, sostiene, no consta que Tameer Mulla sea objeto de actuaciones específicas por parte de la CPI.

La consecuencia de esa interpretación —alerta la organización— es la creación de un vacío de responsabilidad: mientras las instancias internacionales se centran en altos mandos, los ejecutores directos sobre el terreno quedarían fuera del alcance judicial.

Una estrategia global contra la impunidad

La organización asegura haber logrado avances en otras jurisdicciones. En Brasil, la fiscalía ha reconocido su competencia y ha emitido órdenes de investigación tras denuncias de la fundación. En Perú se ha abierto una investigación formal, mientras que en Bélgica las autoridades han llegado a practicar detenciones de sospechosos israelíes.

Estos movimientos reflejan una ofensiva jurídica coordinada que busca convertir los desplazamientos internacionales de militares israelíes en un riesgo legal constante.

En este contexto, el caso español adquiere una relevancia particular. Históricamente, España fue uno de los países pioneros en la aplicación de la jurisdicción universal, con causas emblemáticas como las abiertas contra Augusto Pinochet o responsables de genocidios en Ruanda y Guatemala. Sin embargo, las reformas legislativas de la última década han estrechado significativamente ese alcance. Para la Fundación Hind Rajab, la batalla va más allá de un caso concreto. Se trata de fijar un precedente: que la jurisdicción universal sea una herramienta efectiva y no un principio retórico.