El giro diplomático que trata de desbloquear uno de los conflictos más longevos del planeta provoca recelos y críticos en las organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch ha advertido este miércoles de que el nuevo marco de negociación impulsado en Naciones Unidas amenaza con vaciar de contenido el principio que durante décadas ha sostenido el proceso de la ex provincia española: el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro.

“El nuevo marco de negociaciones amenaza con socavar los derechos”, señala la organización en un comunicado en el que cuestiona abiertamente la arquitectura política que se está perfilando en torno al Sáhara Occidental. No es solo una advertencia técnica. Es un cuestionamiento de fondo sobre el rumbo de un conflicto que, medio siglo después de la retirada española, sigue sin resolver su naturaleza jurídica.

“El riesgo es que la conveniencia política se imponga al derecho de autodeterminación”, resume Hanan Salah. “Treinta y cinco años después de que el Consejo de Seguridad de la ONU acordara un referéndum para resolver la situación en el Sáhara Occidental, la conveniencia política amenaza con imponerse al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación”.

Un marco que redefine —y limita— la autodeterminación

El epicentro de la crítica es la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 31 de octubre de 2025 y promovida por Estados Unidos. Sobre el papel, el texto mantiene la retórica clásica: una solución “justa, duradera y mutuamente aceptable” conforme a la Carta de la ONU y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación.

Pero, en la práctica, según Human Rights Watch, introduce un desplazamiento sustancial. “La resolución no garantiza que un nuevo marco respete el derecho a la autodeterminación ni que sea conforme con el derecho internacional”, advierte la organización.

La clave está en lo que el texto prioriza y en lo que omite. La resolución toma como base exclusiva la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007, que contempla un autogobierno limitado bajo soberanía marroquí pero excluye explícitamente la independencia. Tampoco menciona reparaciones, ni define con precisión quiénes son los sujetos del derecho a decidir.

Ese último punto no es menor. El censo electoral —quién puede votar— ha sido uno de los principales escollos desde los años noventa. El plan de arreglo de 1988 establecía como referencia el censo español de 1974, incluyendo a los refugiados. Hoy, tras décadas de desplazamientos y cambios demográficos, la cuestión sigue sin resolverse.

De la promesa del referéndum al "realismo" geopolítico

El informe de la ONG recupera el origen del compromiso internacional. En 1991, Naciones Unidas logró un alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario y creó la misión MINURSO con un mandato claro: organizar un referéndum en el que los saharauis pudieran elegir entre independencia e integración en Marruecos.

Ese referéndum nunca se celebró. Rabat rechazó incluir la independencia como opción y cuestionó la viabilidad del censo. El Polisario se mantuvo firme en la necesidad de una consulta con todas las opciones abiertas. El bloqueo se convirtió en status quo.

Durante años, la comunidad internacional sostuvo formalmente ese marco. Pero el contexto ha cambiado. Estados Unidos reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre el territorio. Y en enero de 2026, la Unión Europea alineó su posición con la resolución 2797, respaldando la autonomía como base de negociación.

Para Human Rights Watch, ese desplazamiento refleja un tránsito del derecho al pragmatismo. Un realismo diplomático que, en su opinión, reduce la autodeterminación a una fórmula prediseñada. Los reconocimientos, subraya, no han modificado la naturaleza del territorio no autónomo y pendiente de descolonización-

Reparaciones, retorno y memoria del conflicto

Más allá del diseño político, la organización introduce un elemento menos visible en las negociaciones: la reparación. “Un acuerdo también debería garantizar el derecho de los saharauis a reparaciones por los daños sufridos, incluida la compensación y el derecho de retorno de quienes fueron desplazados fuera del territorio y de sus descendientes”, señala.

La dimensión histórica es clave. Marruecos controla la mayor parte del Sáhara Occidental desde 1975, cuando España puso fin a su administración colonial. Desde entonces, el territorio ha sido escenario de conflicto armado, desplazamientos masivos y cambios demográficos profundos.

Al menos 173.000 saharauis viven hoy en campamentos de refugiados en Tinduf, Argelia. Paralelamente, una parte significativa de la población actual del territorio está formada por colonos marroquíes y sus descendientes. Según el derecho internacional humanitario, recuerda la ONG, el traslado de población civil a un territorio ocupado está prohibido y puede constituir un crimen de guerra.

Represión sobre el terreno

El informe también documenta un patrón sostenido de represión en el territorio. Según Human Rights Watch, las autoridades marroquíes obstaculizan de forma sistemática a los grupos que defienden la autodeterminación, prohíben manifestaciones, restringen asociaciones y han recurrido a detenciones, malos tratos e incluso tortura.

Las leyes que penalizan las ofensas a la “integridad territorial” de Marruecos se han convertido, según la organización, en una herramienta para silenciar cualquier disidencia.

Un proceso opaco y sin respuestas

En diciembre de 2025, Human Rights Watch solicitó información a varios actores clave —Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Marruecos, Argelia y al enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura— sobre el nuevo marco de negociaciones. No obtuvo respuesta.

Ese silencio, en un proceso que pretende redefinir el futuro del territorio, es interpretado por la organización como un síntoma de opacidad y falta de garantías. “El Consejo de Seguridad debería defender el derecho a la autodeterminación y garantizar que cualquier resultado refleje la voluntad genuina del pueblo saharaui”, insiste Human Rights Watch.

Una promesa pendiente medio siglo después

El Sáhara Occidental figura desde 1963 en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Es el único en África cuyo proceso de descolonización sigue sin completarse. La opinión consultiva de 1975 del Tribunal Internacional de Justicia reafirmó el derecho de los saharauis a la autodeterminación. La Asamblea General de la ONU lo ha reiterado en múltiples resoluciones.

Pero sobre el terreno, la promesa sigue sin materializarse. “El Consejo de Seguridad hizo una promesa hace décadas de garantizar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, pero tiene poco que mostrar por ello. Después de 50 años de ocupación, debería explicar cómo piensa garantizar el conjunto de los derechos humanos del pueblo saharaui, incluida la autodeterminación”, concluye Salah.