Palizas brutales, amenazas de violación, privación de alimento o quemaduras con cigarros. Son algunas de las torturas denunciadas por prisioneros saharauis y que ha constatado el Comité de la ONU contra la Tortura. Los abusos fueron cometidos por las autoridades de Marruecos contra los detenidos tras el desalojo del campamento de Gdeim Izik, en el Sáhara Occidental ocupado.
"Lamentablemente, no se trata de casos aislados, sino que evidencian un problema estructural en la gestión por parte de Marruecos de los casos relacionados con Gdeim Izik", ha manifestado el vicepresidente del Comité, Peter Vedel Kessing. El hecho al que se refiere es el brutal desmantelamiento a finales de 2010 del campamento pacífico organizado por activistas saharauis en las afueras de El Aaiún ocupado. Allí, más de 20.000 personas protestaban contra la discriminación a los saharauis.
El Comité ha analizado cuatro denuncias interpuestas por detenidos durante el desalojo del campamento por parte de Marruecos, que se suman a otros seis casos que el organismo de la ONU ya había examinado en el pasado. Todos ellos apuntan a "un patrón constante de detenciones arbitrarias, aislamiento, actos de tortura o malos tratos". Así, a ojos de Naciones Unidas, queda constatado que Marruecos violó los derechos de los detenidos saharauis vinculados a la protesta en Gdeim Izik.
Arrestados por funcionarios marroquíes tras el desmantelamiento del campamento, han denunciado ante el Comité malos tratos durante su arresto, interrogatorio, traslado y detención. Entre las torturas a las que fueron sometidos, se les obligó a permanecer en la postura en tensión conocida como el "pollo asado" durante periodos de tiempo prolongados y se les practicó el "falaka", golpes repetidos con una barra de hierro en las plantas de los pies. Posteriormente, el régimen alauí empleó las confesiones obtenidas bajo estas condiciones en los procedimientos judiciales contra los detenidos.
Confesiones bajo tortura
Después de sufrir las torturas, las autoridades marroquíes obligaron a los detenidos a firmar declaraciones cuyo contenido desconocían. Esos documentos se usaron como pruebas fundamentales en los procesos penales en su contra. Juzgados ante un tribunal militar en 2013 y posteriormente ante el Tribunal de Apelación de Rabat, dos de los cuatro denunciantes fueron condenados a cadena perpetua, y los otros dos a 25 años de prisión cada uno.
"La exclusión de las pruebas obtenidas mediante tortura es una garantía fundamental. Las autoridades deben verificar las confesiones antes de que puedan utilizarse contra un acusado", ha subrayado Kessing.
Marruecos violó sus obligaciones
La denuncia de la ONU recoge también que los detenidos informaron sobre las torturas que habían sufrido a las autoridades judiciales marroquíes, que ignoraron sus quejas. Ni se registraron las acusaciones ni se realizó un reconocimiento médico de las víctimas. Tendrían que esperar seis años a que el presidente del Tribunal de Apelación de Rabat ordenase exámenes médicos. Sin embargo, éstos no fueron realizados por profesionales independientes, como establecen los protocolos de la ONU para la investigación de los delitos de tortura.
En palabras del vicepresidente del Comité contra la Tortura: "Cuando se plantean repetidamente denuncias de tortura, se ignoran y se dictan condenas basadas en confesiones cuestionables, se pone en riesgo la prohibición absoluta de la tortura". Kessing lamenta que el Estado marroquí no cumplió con su obligación de investigar los malos tratos, a pesar de que los detenidos comparecieron ante las autoridades judiciales "con signos visibles" de malos tratos.
Al no garantizar una investigación imparcial de las denuncias, no asegurar salvaguardias efectivas contra la tortura ni excluir las pruebas obtenidas mediante prácticas violentas de los procedimientos judiciales, Marruecos violó sus obligaciones como Estado miembro de la Convención contra la Tortura. Es la contundente conclusión del Comité de la ONU, que ha reiterado su preocupación ante la falta de eficacia del régimen alauí para poner fin a estas prácticas.
"La recurrencia de estas deficiencias indica que no se trata de irregularidades procesales aisladas, sino de un problema estructural", sentencia la declaración del organismo en relación a los casos relacionados con el campamento de Gdeim Izik. Por ello, su vicepresidente pide que Marruecos adopte "medidas correctivas urgentes para garantizar que no se repitan infracciones similares".
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