Un panel de tres jueces federales ha bloqueado este miércoles gran parte de los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, tras estimar que no tiene potestad para imponer dichos gravámenes bajo las leyes que ha invocado. La decisión concede diez días a la Administración de EEUU para paralizar las tasas, una orden que el Departamento de Justicia ya ha apelado.
La decisión proviene de la Corte Internacional de Comercio estadounidense, y supone un duro golpe a la principal medida hasta la fecha del segundo mandato del presidente, que buscaba dar un giro importante a las relaciones internacionales del país con el resto del mundo. El objetivo de Trump era conseguir que más empresas se establezcan en EEUU y así impulsen el empleo en el país, pero los economistas aseguraban que los aranceles llevarían a Estados Unidos y a otros países afectados a una crisis, al menos en el corto plazo.
Se espera que la disputa legal pronto llegue al Tribunal Supremo. Trump pausó el pasado 9 de abril -apenas 14 horas después de que entrasen en vigor- parte de sus aranceles hasta el próximo 9 de julio, para poder negociar con los países afectados, aunque el principal motivo de la pausa fue la huida de los inversores de la deuda pública americana, tradicionalmente considerada un valor en el que refugiarse en momentos de incertidumbre, y que hizo temblar a la parte económica del gabinete de Trump.
Con todo, la semana pasada el presidente volvió a la carga y amenazó a la Unión Europea con un arancel del 50% sobre todos sus productos a partir de este domingo, 1 de junio, porque según él "ha sido muy difícil" negociar con Bruselas. Dos días después, el pasado domingo, anunció que retrasaría esa decisión al menos hasta el 9 de julio porque se lo había pedido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El centro del conflicto: la ley IEEPA
El quid de la cuestión es la vía legal que Trump ha utilizado para justificar sus aranceles. El presidente usó una ley de 1977 para declarar una emergencia nacional, la International Emergency Economic Powers Act (o IEEPA, por sus siglas en inglés), y en su nombre aprobó importantes aranceles contra Canadá, México y China, así como otros gravámenes que calificó de "recíprocos" -aunque tan solo se basaban en el déficit comercial que EEUU mantenía con el resto de países-.
Ahora el panel de jueces, en respuesta a dos demandas separadas, una de un grupo de empresarios y otra de uno de funcionarios, les da la razón al señalar que la citada ley "no autoriza" al presidente a usar esos poderes de emergencia para imponer tasas.
"El tribunal no considera que la IEEPA pueda conferir dicha autoridad ilimitada y deja de lado los aranceles impugnados establecidos en virtud de la misma", han escrito los tres jueces. Aparte, dicen que el déficit comercial de Estados Unidos con otros países no entra en la definición de una amenaza inusual ni extraordinaria, tal y como sí que mantiene el Gobierno estadounidense.
Además, el tribunal reprende al Congreso, al asegurar que es inconstitucional que las cámaras deleguen ese "poder arancelario ilimitado" al presidente, lo que considera una "abdicación del poder legislativo en otra rama del Gobierno". El Congreso tiene que establecer límites en la ley IEEPA y tiene que restringir cuándo y cómo el presidente impone gravámenes, dice el fallo.
La Casa Blanca ha protestado, señalando que las relaciones comerciales "injustas" han "diezmado" a los estadounidenses: "Han dejado a nuestros trabajadores atrás y han debilitado nuestra base industrial de defensa, que son hechos que el tribunal no disputa", ha repetido el argumentario de Trump un portavoz del Gobierno, Kush Desai, en un comunicado.
"Los jueces no elegidos [se refiere a que la ciudadanía no los ha votado en elecciones, mientras que al presidente sí] no son quienes deben decidir cómo afrontar apropiadamente una emergencia nacional", ha dicho, insistiendo en que Trump utilizará "todos los niveles de su poder ejecutivo para hacer frente a esta crisis".
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