El Departamento de Seguridad Nacional ha comunicado a sus trabajadores que da marcha atrás en la orden que les trasladó este fin de semana y bajo la cual no debían llevar a cabo redadas de inmigrantes en el sector de la agricultura, el de los hoteles ni los restaurantes por el impacto que esas deportaciones podrían tener en la economía del país. La decisión supuso un importante giro en las políticas del presidente, Donald Trump, que ha pasado meses prometiendo que su Gobierno expulsará a cualquiera que se encuentre en el país sin permiso de residencia.

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Según han publicado algunos medios de comunicación como el Washington Post, los jefes de Inmigraciones y Control de Aduanas explicaron a los encargados de las redadas que debían continuar desarrollándolas en las empresas de agricultura, hoteles y restaurantes, pese a que solo días antes se les había indicado lo contrario. La instrucción se trasladó a los líderes de la agencia de todo el país, de la misma manera que sucedió con la orden anterior, de acuerdo con lo que fuentes familiarizadas con la llamada han contado a los medios.

La decisión del fin de semana abría la puerta a que millones de indocumentados se quedasen en EEUU pese a las amenazas constantes del presidente, y tenía que ver con la presión de sobre todo los sectores de la agricultura y la hostelería, que habría tenido más peso que el deseo de Trump de aumentar las deportaciones hasta los 3.000 arrestos diarios… provocando, a su vez, protestas en todo el país que el presidente ha reprimido con fuerza en Los Ángeles.

La decisión de Trump de enviar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Los Ángeles para llevar a cabo redadas contra los migrantes provocó importantes protestas en respuesta, y terminó llevando al presidente a enviar a otros 4.000 agentes de la Guardia Nacional y a 700 marines pese a la oposición del gobierno estatal y local. Después, California demandó al presidente para recuperar el control de la Guardia Nacional, mientras alertaba de que Trump ha enviado al Ejército para su propio beneficio político y no porque los policías locales y estatales no pudieran controlar la violencia que se desató en las protestas, y que llevó a la quema de coches autónomos Waymo.

En concreto, fueron las patronales del sector agrícola las que se pusieron en contacto con la secretaria de Agricultura, Brooke Rolling, para trasladarle que estaban preocupadas por el impacto de las nuevas redadas antiinmigración, tanto porque podrían quedarse sin trabajadores si eran arrestados, como por si estos empezaban a dejar de acudir a trabajar por miedo a las detenciones y a terminar siendo expulsados de Estados Unidos. Poco después, Trump publicó un mensaje en Truth Social diciendo que los trabajadores de esos sectores "son casi imposibles de sustituir" y que debían protegerse. "¡Se vienen cambios!", afirmó.

En consecuencia, los trabajadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibieron un email en el que se les pedía que detuviesen todas las actividades citadas, que incluían también el sector del envasado de carne, orden que se ha revertido este martes, aunque la Casa Blanca no ha comunicado el cambio de forma oficial. La impresión de los economistas es que Trump no va a poder continuar con el ritmo actual de redadas contra inmigrantes -que no llegan a los niveles que prometió en campaña- porque la ausencia de estos trabajadores podría producir disrupciones importantes en la cadena de suministro y, en consecuencia, subidas de precios.

Este fin de semana, la Federación Estadounidense de Empresas Agrícolas aplaudió la decisión de Trump de paralizar las redadas y señaló que "si estos [sus] trabajadores no están presentes en los campos y graneros, existe el riesgo de que se produzcan disrupciones en la cadena de suministro similares a las que se produjeron durante la pandemia".




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