Ciudadanos no va a tener fácil el negarse a revisar las condiciones del Pacto con el PP que obligarán a estos partidos a expulsar de su seno a cualquier miembro que se vea imputado por un tribunal en una causa penal. Y eso porque es muy probable que la muerte de Rita Barberá haya supuesto un antes y un después en las consideraciones ciudadanas y en su exigencia de administrar castigos ejemplares a los corruptos.

Porque nos encontramos con que a la senadora, que se resistió como gato panza arriba a dejar su escaño y que accedió muy a pesar suyo a darse de baja en el partido para no seguir dando munición política a los adversarios en la campaña de las elecciones en Galicia y en el País Vasco, el juez instructor del Tribunal Supremo iba a exonerarla. Iba a archivar el caso y a declararla, por tanto, inocente del delito de blanqueo de capitales.

Y este episodio ofrece la ocasión, casi obliga, a examinar con más detenimiento las consecuencias que puede tener la aplicación literal del punto 93 del acuerdo firmado por el PP y Ciudadanos según el cual se separará «inmediatamente» de su cargo público a cualquier miembro de ambos partidos imputado por corrupción. Porque sucede que la solución que se les ha ocurrido para el caso de que la tal imputación quede finalmente en nada y que ha esbozado el secretario de Organización de C’s, José Manuel Villegas, es sencillamente impracticable.

No es defendible un pacto político que no se puede trasladar a la ley que establezca un criterio estable de actuación

Primero, porque el castigo político impuesto de antemano, es decir, antes de que el juez decida procesar al afectado, es de tal envergadura que no habrá nada capaz de resarcir a la víctima del descrédito y de la humillación padecidas. Y segundo, porque los tiempos judiciales son lentos y para cuando el juez exima al imputado de cualquier responsabilidad, su puesto, el que se vio obligado a abandonar por mor de un pacto con voluntad regeneradora pero que en su caso habrá arrasado su vida profesional, llevará ya demasiado tiempo ocupado  por un sucesor que tampoco merecerá ser expulsado para hacer sitio al rehabilitado. En ese caso habría que buscarle a la víctima algún premio de consolación, que puede llegar, o no, porque las cosas de la vida pública no son a la hora de la verdad tan fáciles como puedan parecer en la teoría.

Y otra cosa: un pacto político que no se puede trasladar a la modificación legal que sería procedente en caso de querer asentar un criterio estable de actuación en relación a la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, no es un pacto defendible. Y no se puede trasladar porque ninguna ley en un estado de Derecho soportaría la prueba de albergar la sinrazón de que se imponga una sanción drástica a todo ciudadano al que un juez convoque para averiguar si debe ser objeto de encausamiento y posible condena o, por el contrario, no hay ningún motivo para abrirle juicio oral. Porque esa, y no otra, es la razón y el objeto de la imputación.

Esta medida institucionaliza la «condena preventiva» por parte de la cúpula de los partidos

Hemos sabido que el presidente del PP, Mariano Rajoy, se había comprometido con Rita Barberá a recibirla de nuevo en el seno del partido con trompetas y tambores si el juez la declaraba inocente del delito por el que la estaba investigando. Bien, pero ése sería un caso excepcional entre una multitud de imputados y después desimputados que llenarían las páginas más vergonzosas de nuestra democracia. Y eso es así porque esta medida institucionaliza la «condena preventiva» por parte del poder político en cada uno de los partidos.

Casos como el que aquí se plantea los conocemos todos -el ex ministro de Fomento José Blanco es uno de los más notorios- pero hay muchísimos más que no conocemos. Y no podemos ignorar que, sentado un compromiso de esta naturaleza, se producirá con seguridad un número creciente de querellas presentadas ante los tribunales por quienes busquen dañar a un adversario político. Bastará con que su querella tenga una apariencia de verosimilitud para que el juez esté obligado a investigar el caso. Y, dicho y hecho, el investigado, abandonará su puesto. Y no lo abandonará por haber sido condenado por un tribunal, ni siquiera por haber sido juzgado, sino por decisión de la cúpula de su propio partido. Por si acaso.

Ciudadanos debe pensar seriamente si las reclamaciones de una población exasperada, con razón, por tantos casos de corrupción justifican mantener la exigencia de aplicación de una medida que lleva implícito un riesgo de injusticia tan clamoroso. Y si no es preferible aceptar que más de uno y más de dos se puedan beneficiar temporalmente de que su justo castigo político tarde más tiempo en caer sobre sus cabezas, a cambio de evitar que otros tantos padezcan la tropelía de una sanción que nunca merecieron y nunca, por tanto, debió aplicárseles.