Con la economía encarrilada dentro de lo que cabe (y a la espera de lo que ocurra el domingo en Italia), Rajoy se juega esta legislatura en Cataluña. El presidente hubiera preferido apartar ese cáliz sine die, pero la agenda de los independentistas no le ha dejado otra opción. A la fuerza ahorcan.

La decisión de nombrar a Soraya Sáenz de Santamaría como representante plenipotenciaria del Gobierno para negociar con la Generalitat implica que el presidente ha puesto su destino en manos de su número dos.

El desafío es enorme. Encarrilar la cuestión de Cataluña es tarea imposible sin embarcarse en la reforma de la Constitución. Algo que produce escalofríos en Moncloa, pero que ya se percibe como inevitable.

Lograr un nuevo pacto constitucional recuerda los añorados años de la Transición

Lograr un nuevo pacto constitucional, garantizando la unidad de España y, al mismo tiempo, dando satisfacción a los sectores moderados del nacionalismo es una tarea tan compleja que recuerda los añorados y peligrosos años de la Transición.

Sáenz de Santamaría sabe que también ella se la juega en este envite. Nos la jugamos todos. Pero ella de forma particular. Un fracaso llevaría consigo su salida de la carrera por la sucesión en el PP. Un éxito la convertiría de facto en la candidata popular a la presidencia.

Al igual que sucedió con la derrota de ETA, la solución a Cataluña va necesitar de la colaboración de los grandes partidos. Cada paso que dé el Gobierno tendrá que contar con la complicidad del PSOE y de Ciudadanos. El resultado final requiere de un amplio consenso.

La maquinaria ya se ha puesto en marcha. El tono y el contenido de los mensajes son inequívocos. La negociación sustituye en esta legislatura a la judicialización. Es la esencia de la política: poner la ley al servicio de un gran pacto. Otra línea maestra que recuerda a la Transición.

El Gobierno comenzará la partida con concesiones económicas significativas

El Gobierno comenzará la partida con concesiones económicas significativas. Elevar el umbral de déficit es una de ellas. De esa forma, la Generalitat tendrá más margen de maniobra. Se trata de pasar del «Madrid nos roba» al «Madrid nos echa una mano».

En esta primera fase, antes de entrar en la harina de la reforma estatutaria y constitucional, los nombres, las personas, son importantes. El nombramiento de Enric Millo -ex militante de Unió- como delegado del Gobierno en Cataluña se encuadra en la estrategia de tender puentes que quiere poner en práctica la vicepresidenta.

Xavier García Albiol, líder del PP catalán, representa la versión más antinacionalista del partido. Aterrizó como cabeza de lista en 2015 para frenar el ascenso de Ciudadanos, pero sus resultados no fueron los esperados: el PP cayó de 19 a 11 escaños ¿Es compatible el giro negociador del Gobierno con  el mantenimiento de Albiol? Parece que no. O, al menos, eso es lo que opinan en Moncloa.

En el Congreso del PP debe triunfar la facción más amable frente al nacionalismo

El nombre que se maneja para sustituirle es el de Nacho Martín Blanco, hombre cercano a José Ramón Bosch (ex presidente de Societat Civil Catalana). La operación es compleja. El paracaidismo nunca ha tenido demasiado éxito en Cataluña. Más bien parece que el PP quiere mover el banquillo y empieza a lanzar nombres para ir preparando un Congreso en el que debe triunfar la facción más amable frente al nacionalismo.

El inicio del giro negociador coincide con el clásico Barça-Real Madrid. Rajoy es merengue. Puigdemont y los suyos, culés. ¿Estaría dispuesto el presidente a ceder algún punto al máximo rival de su equipo en aras al diálogo? Ni hablar. Con las cosas de comer no se juega.