El pasado lunes, la ministra de Empleo anunció una batería de propuestas referentes a distintos asuntos de su incumbencia, fundamentalmente centradas en la conciliación de la vida laboral y familiar. Junto con estas, se incluyó también la creación de una tarjeta social que permitirá conocer las prestaciones y rentas de cualquier administración pública recibidas por cada persona, iniciativa que ha pasado prácticamente desapercibida. Aunque no se han aportado pormenores de su contenido y funcionamiento, potencialmente la medida puede ser de gran importancia para racionalizar el uso de los recursos públicos.

Hace ahora tres años publicaba en el diario El Mundo un artículo en el que, como respuesta a la amenaza del Estado del Bienestar ante las crecientes necesidades sociales de una población cada vez más envejecida,  proponía un nuevo instrumento denominado  Contrato de Crédito Social. En síntesis, este instrumento permite la conversión de las subvenciones a fondo perdido por ayudas reintegrables en mayor o menor medida en función de la evolución económica futura del perceptor. Su finalidad es, en relación con las ayudas de la Administración, incrementar la eficiencia y, a la vez, introducir elementos que eviten el fraude y refuercen la justicia en el reparto de cargas y beneficios. Una de las características fundamentales del sistema propuesto consiste en que en un mismo saco se engloban las distintas ayudas de la Administración a medida que son percibidas por una misma persona. Finalizaba el artículo aludiendo a la necesidad de buscar fórmulas que mejoraran la eficiencia global de nuestro sistema de bienestar y concluía “la mera reflexión que incorpora esta propuesta es ya un primer paso hacia una nueva Sociedad Responsable del Bienestar”.

Pues bien, aunque la creación de la nueva tarjeta social anunciada por la ministra, a diferencia de la propuesta anterior, no incorpora un sistema para regular el nivel de las ayudas en función de la evolución económica futura de los perceptores -al menos de momento-, sí comparte la idea de la utilización de un “saco único” para englobar distintas ayudas de la Administración.

A falta de que se concrete el alcance de esta propuesta, el mero hecho de crear un registro único de ayudas sociales en la nueva tarjeta social puede suponer por sí sola una formidable fuente de racionalización de las ayudas públicas por una doble vía: desincentivando el recurso de los particulares a acumular todo tipo de ayudas de forma separada, toda vez que estas quedan claramente identificadas y registradas conjuntamente con otras similares o incompatibles; permitiendo un mejor conocimiento real de la situación de los perceptores y  facilitando los análisis cruzados con otras fuentes de información de asuntos sociales o de renta o patrimonio. Así, la tarjeta social facilitaría el estudio y gestión de la configuración del sistema de ayudas existentes – con la consiguiente posibilidad de mejora de su eficacia y de atender las necesidades sobre personas o familias sin ingresos –a la vez que facilitaría el seguimiento, control e inspección y disminuiría la posibilidad de abuso.

En definitiva, la nueva tarjeta social puede constituir un primer elemento en la búsqueda de una mayor eficiencia global del sistema de ayudas, incentivando un uso más racional de los recursos públicos y desincentivando el fraude, y, quizás, un primer paso en el camino hacia la Sociedad Responsable del Bienestar.

 

Abilio Izquierdo Golvano es economista y autor del libro El Contrato de Crédito Social. Hacia la Sociedad Responsable del Bienestar.