El Tribunal de Cuentas ha hecho público un informe en el que estima el coste para las arcas públicas del rescate bancario en 60.718 millones de euros. El cálculo está en línea con el realizado por el Banco de España, que en su última evaluación, realizada el pasado mes de septiembre, estimó el quebranto en 61.495 millones de euros.

Las cifras suelen ser objeto de deseo para la demagogia. Podemos maldecir a los banqueros, asumiendo un dogma políticamente correcto. Pero también podemos hacer un esfuerzo un poco mayor para intentar entender qué es lo que de verdad ha ocurrido. Hagámoslo centrándonos en las cinco grandes falacias del rescate:

El Gobierno ha rescatado a los bancos. Lo que estaba en quiebra en 2012 eran las cajas de ahorros, no los bancos. Solo cuatro entidades (Bankia, Catalunya Caixa, CAM y Novacaixagalicia) suponen el 70% del coste total para el Estado.

Esta cuestión es importante porque las cajas estaban controladas por los partidos políticos, los sindicatos y los gobiernos autonómicos. Dos de las entidades más afectadas, Bankia y Catalunya Caixa, estaban presididas por dos ex ministros (Rodrigo Rato y Narcís Serra), lo cual nos da una idea de cómo se elegían a sus gestores.

El hundimiento de las cajas (que representaban a principios de este siglo el 50% del sistema financiero español) fue posible porque se gestionó con la vista puesta en los intereses del partido gobernante en la comunidad de turno y, en segundo lugar, porque los controles del Banco de España no podían ser tan severos como el que se ejercía con los bancos. En fin, por falta de profesionalidad y carencia de controles.

Bankia ha sido el mayor agujero del sistema financiero. Tampoco es cierto. La entidad que ha necesitado más ayudas públicas ha sido Catalunya Caixa, con un total de 12.676 millones de euros. En términos proporcionales, el más enfermo era el Banco de Valencia (controlado por Bancaja, luego fusionada con Caja Madrid en Bankia). Dicha entidad ha necesitado 6.142 millones en ayudas. Resulta difícil de explicar cómo un banco tan pequeño generó tales pérdidas, y sólo puede entenderse por la liberalidad de sus gestores a la hora de conceder préstamos a amigos y a antiguos accionistas.

El Gobierno ha salvado a los banqueros y no a la gente. Los más de 60.000 millones que el Estado ha destinado al rescate de las cajas ha evitado que los depositantes, los ahorradores, pagaran el pato de una gestión desastrosa. Ninguno de los gestores que estaban al frente de las entidades cuando fueron rescatadas o intervenidas sigue hoy en su puesto. El gobernador del Banco de España, Luis Linde, ha dicho en el Congreso de los Diputados que los rescatados fueron las personas que tenían sus cuentas en las cajas y que, gracias al programa de ayudas, no han perdido sus ahorros. Esencialmente, esa afirmación es cierta.

Hubiera sido mejor dejar caer a los bancos. Ningún país europeo (exceptuando a Chipre) ha optado por esa vía. No lo hizo ni Alemania, ni Bélgica, ni Inglaterra. Y ahora vemos que la única salida que encuentra el Gobierno italiano para salvar a Monte dei Paschi es poner sobre la mesa 8.000 millones de euros. España ha destinado un 6% del PIB en el rescate financiero, una cifra muy parecida a la de Bélgica y sólo un poco superior a la que ha empleado Alemania (5%) o Inglaterra (5%).

Dejar caer a un banco no sólo implica pérdidas para sus accionistas, bonistas y clientes, sino que genera graves consecuencias para toda la economía en términos de desconfianza. Una de las razones por las que España estuvo al borde del rescate en 2012 fue precisamente el miedo a que el sistema financiero pudiera colapsar. Sólo tras la aplicación del programa de ayudas, negociado por Luis de Guindos con Bruselas, la economía española pudo levantar cabeza.

La opción contraria, dejar quebrar a una entidad, es siempre más cara. De hecho, esa alternativa se estudió con el Banco de Valencia, pero el precio de la quiebra era muy superior al del rescate.

Los banqueros se han ido de rositas. Tampoco es cierto. Los gestores de las entidades que han recibido mayores ayudas están sentados o se van a sentar en el banquillo. La razón no tiene que ver sólo con el encadenamiento de decisiones equivocadas, sino con el hecho de que, en muchos casos, se adoptaron medidas que sólo redundaban en su propio beneficio: sobresueldos, uso indebido de tarjetas de crédito, etc.

En definitiva, el llamado rescate bancario ha sido necesario para estabilizar el sistema financiero, pero fue consecuencia de una gestión política y poco profesional de las entidades. Es una lección que no conviene olvidar.