La intervención pública del diputado independentista catalán Francesc Homs después de saber que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al magistrado de la Sala de lo Penal Andrés Palomo que inhabilite al ahora diputado en el Congreso pero antes consejero de Presidencia de la Generalitat cuando se produjo el famoso simulacro de referéndum el 9 de noviembre de 2014, es la prueba perfecta de la estrategia tras la que se esconden todos los dirigentes secesionistas para presentarse como víctimas ante una parte de la opinión pública catalana.

En primer lugar, plantean sus sanciones como resultado de un conflicto entre democracia y cumplimento de la ley. Este inaudito argumento, que no se puede sostener ante nadie que no sea, o bien un ignorante de profundidades abisales, o bien esté dispuesto por ceguera y sectarismo absolutos a comulgar con ruedas de molino de este gigantesco calibre, es el favorito de los independentistas catalanes aunque todos ellos saben muy bien que, salvo a los suyos muy suyos, no pueden recorrer el mundo democrático diciendo esa barbaridad porque todo demócrata que haya ido al colegio sabe que la democracia se basa justamente en el cumplimiento de la ley. Y que sin el respeto a la ley no hay democracia posible.

Lo que no pueden sostener sin que se les rían a la cara es eso de que España cercena los derechos y las libertades públicas de la población

No importa. Ellos se han enrocado en ese razonamiento insostenible y no se van a apear de él porque se quedarían definitivamente desnudos ante la opinión pública de todo el mundo libre. Porque lo que no pueden sostener sin que se les rían a la cara es eso de que España cercena los derechos y las libertades públicas de la población o aquello otro de que nuestro país no es un Estado de derecho sino una tiranía ladrona. Y eso es lo que ha vuelto a hacer el ex consejero Homs en una intervención en la que ha vuelto a expresar su voluntad de desobediencia a los tribunales anticipando con ello que da por conocida una sentencia que aún está sin redactar pero en la que -en eso sí acierta- es más que probable que el juez establezca una pena de inhabilitación de varios años por su actuación en torno al referéndum del 9-N.

Lo que hicieron estos señores en relación con aquella convocatoria fue desafiar de frente a la ley  y a la prohibición expresa que les comunicó el Tribunal Constitucional. Optaron por abrir una guerra y esperaron a que el Estado se arrugara ante la fuerza de su fiereza. Ignoran que ningún estado, y menos si es un estado democrático, puede renunciar jamás a defender su existencia, que se basa precisamente en el imperio de la ley. Han creído que enseñando los dientes iban a poder vencer en esta batalla disparatada que han emprendido y que no podrá culminarse más que con la derrota de sus pretensiones en fondo y forma.

Homs, Mas, Rigau, Ortega… Tienen la batalla perdida por más que el precio que nos obliguen a pagar sea intolerablemente alto

Y como eso es así porque no puede ser de ninguna otra manera, el ex consejero de Presidencia y autor de todas las gestiones ilegales de la Administración catalana en noviembre de 2014, ha respondido a la petición de la Fiscalía intentando desacreditar toda la arquitectura judicial española. En resumidas cuentas, el fiscal está a las órdenes del Gobierno, no de la ley, y participa de la corrupción generalizada que intoxica todo el sistema español.

Estas palabras pueden resultar ofensivas para muchos, pero son inocuas para el proceso judicial, que saldrá adelante de manera inexorable. Así que Francesc Homs, como Artur Mas, Irene Rigau, y Joana Ortega serán juzgados y castigados por no acatar la suspensión decidida por el TC. Y ninguno de ellos podrá presentarse ante el mundo como víctimas de una Justicia y de un Gobierno corrompidos. Tienen la batalla perdida por más que el precio que nos obliguen a pagar sea intolerablemente alto. Por eso da igual lo que diga o deje de decir el ex consejero Homs. La maquinaria avanza sorda a sus gritos.