Como diría Jordi Pujol, acaba de caer otra rama del árbol. Del árbol podrido (Convergència, ahora PDeCat), que durante años creció impunemente gracias a un pacto político de silencio.

La Operación Pika (según La Vanguardia debe su nombre a la forma de recaudar: «pica aquí, pica allá») es una nueva fase de la Operación Petrum, conocida porque investiga las comisiones del 3% que, en febrero de 2005, denunciara el entonces líder del PSC, Pasqual Maragall, en el Parlament y dirigiéndose directamente a Artur Mas, para luego, inexplicablemente, retractarse.

Algunos de los detenidos en el operativo llevado a cabo por la Guardia Civil son personas del círculo íntimo de Mas:

Antoni Vives Serrallonga fue su mano derecha en el Govern cuando él era conseller en cap. Después ocupó la concejalía de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona en tiempos de Xavier Trías.

Francesc Sánchez, que ocupó diversos cargos en Convergència, fue el elegido por Mas para hacer la transición de dicho partido al PDeCat. Supuestamente, para mejorar su imagen.

Andreu Viloca (que ya fue detenido en 2014) era el tesorero de Convergència y hombre en la sombra de Daniel Osàcar (el Luis Bárcenas de CDC).

Artur Mas aceleró la agenda independentista cuando percibió que las investigaciones judiciales le apuntaban directamente a él y a su grupo más cercano

La investigación trata de demostrar que numerosas obras llevadas a cabo en Barcelona (en el Puerto -cuyo presidente, Sixte Cambra, también ha sido detenido-, el Túnel de Les Glòries, etc.) en la época de Xavier Trias se adjudicaron a empresas previo pago de comisiones a dos fundaciones ligadas a Convergència: Fórum y CatDem. Posteriormente, dichas fundaciones trasferían el dinero al partido justificándolo con facturas falsas. Como se ve, nada original. Según la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción, las mordidas, el pica-pica, se desarrolló hasta el mes de febrero de 2015, cuando todavía Mas era presidente de la Generalitat.

Inmediatamente, Trias ha condenado la operación por su «intencionalidad política», dado que se ha llevado a cabo cuatro días antes de que Mas tenga que declarar como imputado por desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Pero lo extraño no es que esas detenciones y registros se hayan producido ahora, sino que no se hubieran hecho efectivos mucho antes.

Afortunadamente, el juez que instruye el caso es titular del juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), y la denuncia que lo abrió es obra de la ex concejal de ERC Montserrat Gassull.

Es dudoso que el juez y la Fiscalía coordinaran sus relojes para ordenar la intervención de la Guardia Civil en el umbral de la comparecencia de Mas en el juzgado. Lo que sí es seguro es que el ex presidente de la Generalitat aceleró la agenda independentista cuando percibió que la rama que estaba a punto de caer era la que le afectaba a él personalmente y a su grupo de fieles.

La corrupción tapó muchas cosas y Pujol jugó desde el caso Banca Catalana con la amenaza de agitar las aguas del independentismo si «desde Madrid» alguien se atrevía a blandir el hacha contra su frondoso árbol.

¿Alguien duda de que será inevitable el choque de trenes?