El lunes 27 de marzo se cumplían los 18 meses del plazo que Junts pel Sí prometió en campaña electoral para hacer su llamada transición nacional. Según esta cuenta atrás, por estas fechas ya deberíamos tener todas las estructuras del nuevo Estado catalán independiente construidas y disfrutando de nuestro nuevo estatus, referéndum mediante.
Las promesas reiteradas y cíclicas de los impulsores del movimiento independentista son pura retórica política, destinadas a alimentar un sentimiento y a perpetuar la hegemonía soberanista.
Dieciocho meses después de esa promesa, el Parlament ha vuelto a aprobar unos presupuestos que para la retórica independentista son cada año los últimos autonómicos, y nos encontramos con un proceso de escalada judicial seriamente perjudicial para todos.
Estamos ante una situación de bloqueo, un callejón sin salida que ni sirve a los intereses de la mayoría de catalanes, ni ayuda a mejorar su calidad de vida
Para los socialistas esta situación, provocada y alimentada por el Govern, es una situación de bloqueo, un callejón sin salida que ni sirve a los intereses de la mayoría de los catalanes y catalanas ni ayuda a mejorar su calidad de vida. Pero sí produce un deterioro evidente de la vida política e institucional.
Pero no sólo el Govern de Catalunya y los socios parlamentarios que le dan apoyo tienen responsabilidad. No. También el Gobierno del Estado, que ha hecho gala de la mayor de las pasividades e inacciones políticas que se recuerdan, tiene un elevado grado de responsabilidad en haber llegado aquí.
Porque una cosa es negarse a celebrar un referéndum sobre la independencia, y mucho menos si es unilateral -cosa que compartimos, al estar totalmente fuera de las competencias que la Constitución reconoce a las autonomías-, y otra muy distinta es negar que existe un problema, que 2 millones de personas votaron el 9 de noviembre de 2014 y lo hicieron para marcharse.
Lo que hay que hacer es sentarse a una mesa a dialogar con el Gobierno catalán para encontrar una tercera vía entre inmovilismo e independencia, entre judicialización y unilateralidad. Los socialistas proponemos una reforma constitucional federal y estamos dispuestos a considerar también las propuestas que hagan otros.
En definitiva, el proceso de independencia auspiciado por el Govern de Catalunya es el proceso de nunca acabar. Es un laberinto sin salida. Una sucesión de declaraciones históricas, de días marcados en rojo, de declaraciones solemnes, de memoriales de agravios, de culpabilización del otro como causante de todos los males, y la dejación de las funciones de gobierno mientras tanto. Es decir, lo contrario de lo que se necesita.
Miquel Iceta, primer secretario del PSC.
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