El juez Andreu ha dado por concluida la instrucción del caso Bankia, que investiga la salida a Bolsa de la entidad, y ha procesado a 34 ex administradores, entre los que se encuentran Rodrigo Rato, el ex ministro Ángel Acebes y el empresario Arturo Fernández.

El juez sobresee el procedimiento para la auditora Deloitte (aunque procede contra su auditor externo, Francisco Celma, por los dos informes favorables que elaboró sobre los estados financieros de Bankia durante los meses de la salida a Bolsa) y para otros 10 investigados, entre los que se encuentran los directivos de la CNMV y del Banco de España. Andreu da el primer paso para enviar al banquillo a 34 personas físicas y jurídicas. A todos ellos les imputa los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de 2010 y 2011 y de fraude de inversores por la inclusión de datos falsos en el folleto informativo para la salida a Bolsa de Bankia.

El juez concluye tras cinco años que las cuentas de Bankia no reflejaban su situación económica

A lo largo de los 253 folios del auto, el magistrado de la Audiencia Nacional resume los cinco años de investigación en los que han comparecido 48 personas investigadas y 40 testigos y se ha solicitado información a 30 entidades. El juez concluye que los estados financieros individuales y consolidados de BFA (Banco Financiero de Ahorros) a 31 de diciembre de 2010 y a 31 de diciembre de 2011, así como las cuentas anuales de Bankia de 2011, no reflejaban la imagen fiel de la situación económica.

El magistrado considera probado que los administradores de BFA y Bankia “aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas, de manera que no mostraban la verdadera situación económica de la entidad con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado”. El juez considera que debe procederse contra los miembros del Consejo de Administración que adoptaron esas decisiones y cree probado que los consejeros investigados falsearon la información económica que contenía el folleto informativo elaborado para la salida a Bolsa y que ello provocó un perjuicio económico a los nuevos accionistas, “quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos”.

En el caso de la CNMV, el juez explica que su función consistía en adoptar las medidas necesarias legalmente establecidas para la protección de los inversores y que, por lo tanto, sería un exceso exigirle que efectivamente constatara que los estados financieros incluidos en el folleto y avalados por el auditor representaban la imagen fiel de la entidad. Respecto al Banco de España, el juez reitera que no fue decisión suya la salida a Bolsa, aunque no se opusiera a ella, y considera además que no participó en la ficción de aparentar solvencia donde no la había.

Hace poco más de dos meses, conviene recordarlo, fueron condenados a 4 y 6 años de cárcel respectivamente Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno de España, y Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, por el escándalo de las tarjetas black, la tarjetas de crédito utilizadas entre 2003 y 2012 por los consejeros y altos directivos de Caja Madrid y Bankia, a las que los beneficiarios cargaron gastos personales (restaurantes, viajes, ropa, retiradas de dinero en efectivo, etcétera) por un importe de 15,5 millones de euros.

Sólo gracias a la actuación decidida de UPyD se ha investigado lo sucedido en Bankia

Llegados a este punto, con la información de la que disponemos y a la espera de los acontecimientos que se sucedan y de las penas que se terminen dictaminando, podemos llegar a algunas conclusiones: en primer lugar, que solo gracias a la actuación decidida de unos pocos (UPYD, fundamentalmente) se ha investigado lo sucedido en los interiores de Bankia y es probable que se haga al menos parcialmente justicia; segundo, que, de otro modo, nada ni nadie habría osado enfrentarse a semejantes comportamientos presuntamente delictivos desarrollados por tamaños prebostes de la economía y de la política.

Tercero, que, por lo tanto, nada sabríamos hoy de lo acontecido en Bankia ni seguramente seríamos capaces de barruntar lo que hoy sospechamos que sucede en determinadas “alturas” donde los poderes políticos, económicos y financieros toman las principales decisiones que luego nos afectan; y cuarto, que, más allá de casos concretos que nos indignan a todos, España tiene un problema de corrupción política y falta de transparencia que es estructural, por cuanto que las principales instituciones de las que disponemos no responden o responden tarde y son incapaces de hacer frente a los excesos de quienes ejercen el poder y toman decisiones de extraordinaria trascendencia para todos los ciudadanos españoles.

Más allá de que nos diera réditos políticos, que no nos dieron, hicimos lo que consideramos que debía hacerse

Así que, puesto que es verdad que lo hicimos y que otros no lo hicieron pudiendo hacerlo, conviene recordarlo, aunque sólo sea por justicia poética: fue UPyD quien se querelló contra Bankia por su salida a Bolsa y quien denunció la existencia y el uso de tarjetas black. Más allá de que tal actuación y otras bastantes pudieran darnos réditos políticos posteriormente, que no nos dieron, hicimos lo que consideramos debía hacerse.

No sé quiénes ni cuántos irán a prisión como consecuencia de nuestra querella ni si finalmente los principales responsables del Banco de España o de la CNMV saldrán impunes. Espero, eso sí, que los principales perjudicados sientan al menos que les llega la justicia que merecen: los pequeños accionistas, los preferentistas estafados y, en general, el ciudadano de a pie víctima de este enorme fraude.

En todo caso, Bankia pero igualmente el goteo incesante de múltiples escándalos de corrupción política, nos recuerdan que en España existe un problema genuinamente estructural que puede y debe resolverse: se trata de que las principales instituciones del Estado funcionen bien, desde los partidos políticos hasta los medios de comunicación, pasando por la Justicia, los órganos reguladores, los tribunales de cuentas, la CNMV, el Banco de España o la Fiscalía General del Estado. Son éstas las reformas que se deben llevar a cabo, en lugar de mantener la Justicia politizada y las principales instituciones del Estado secuestradas por los partidos, pretender acabar con la acción popular o reducir los plazos de instrucción en las causas penales.

Se trata de llevar a cabo estas y otras reformas legales pendientes, como aprobar una ley de transparencia digna de tal nombre o garantizar la independencia de la Justicia. Son reformas relativamente sencillas de llevar a cabo… si hubiera voluntad política.  

Así que, más que sacar pecho por lo que se hizo, lo importante ahora es ponerse manos a la obra y seguir exigiendo esas reformas pendientes y un cambio de actitud urgente en quienes deben ponerlas en marcha. A través del compromiso público de todos nosotros, hacerlas posibles. Y dejar claro que no queremos palabras huecas sino hechos concretos que efectivamente produzcan cambios y mejoras en España.

 

Gorka Maneiro es impulsor y portavoz de la Plataforma Ahora, ex portavoz y ex dirigente de UPYD.