Crudo lo tienen estos ediles de Manuela Carmena porque, por mucho argumentario que le echen al asunto, lo que no pueden explicar, y por eso ni siquiera lo intentan, es que estos tres señores, Carlos Sánchez Mato, Celia Mayer y Ana Varela -ésta despedida de su puesto de trabajo y que tiene planteada una demanda contra el Ayuntamiento de Madrid- se tomaron la justicia por su mano y se saltaron todas las normas para conseguir su propósito por encima del mundo y los montes.

Porque no pueden decir en su defensa que no estaban avisados: lo estaban y por tres veces además. Pero a ellos no les iban a decir los letrados de los servicios jurídicos del  Ayuntamiento si había o no indicios de delito en el acuerdo con el Mutua Madrid Open para esa fiesta de señoritos, seguramente todos votantes del PP, que se dedican a jugar al tenis, un deporte elitista de lo más. Pues buenos son ellos de listos como para tragarse sin más lo que digan esos servicios jurídicos, que estaban ya allí de la época de cuando la derecha, y que seguro que también son votantes del PP y, por lo tanto, seguro que hacen sus informes no según dictan las normas y su interpretación sino según le conviene a la derecha. Como si ellos fueran tan ingenuos.

Qué importa el dinero y el método por el que se gasta si se emplea para desenmascarar a los chorizos?

Nada, nada, de esos fachas no se iban a fiar aunque les hayan dicho hasta tres veces que el convenio firmado por el Ayuntamiento y el Madrid Trophy Promotion (MTP), la organizadora del Open de Tenis 2017, no tiene nada sospechoso de ilegalidad. “Vamos a buscar asesoría de la buena”, pensaron. Y dicho y hecho, se fueron a despachos de abogados de los fetén y les encargaron dos informes, dos a falta de uno, a 50.000 euros por barba, eso sí. Es decir, 100.000 euros. Así, a pelo, o a dedo que es lo mismo. Sin concurso público ni nada, para qué. Porque ¿qué importa el dinero y el método por el que se gasta si se emplea para desenmascarar a los chorizos? Adelante con los faroles, se dijeron encantados y tan seguros de sí mismos como siempre, no faltaba más.  Y no se lo dijeron a la alcaldesa seguramente para darle una sorpresa: qué gusto, qué listos y qué bien dispuestos son estos chicos que me acompañan en la alcaldía, diría Manuela cuando se enterara de que ellos, los tres, con un par, habían denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a MTP por prevaricación y malversación.

Vaya chasco, a Manuela no le gustó nada la sorpresa. ¡Si se enfadó y todo! Se enfadó tanto que los destituyó a los tres de sus puestos en Madrid Destino, la empresa municipal que se dedica a la gestión cultural, turística y de espacios destinados a la celebración de eventos. Y encima, el grupo popular del Ayuntamiento se querella contra ellos y el juez, ¡oh, sorpresa!, admite la querella y les llama a declarar como imputados por un delito, qué coincidencia, de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Y, claro, los ediles de Podemos en sus muchas variantes no han tenido más remedio que salir todos juntos para decir que apoyan a los imputados como si el número de los presentes en esa comparecencia organizada para declarar que les apoyan “sin fisuras” fuera capaz de tapar las discrepancias profundas en el grupo acerca de la actuación de sus compañeros. Pero, eso al margen, han tenido buen cuidado Rita Maestre y el propio Sánchez Mato en eludir la explicación de por qué dispusieron 100.000 euros de dinero público sin convocar concurso con publicidad, como manda la Ley de Contratos cuando estos exceden de 18.000 euros más IVA si son de servicios.

Sánchez Mato, Mayer y Varela han demostrado no estar a la altura de sus cargos y de la representación que ostentan

Tanto Sánchez Mato como Mayer y Varela -pero ésta no forma parte del Consistorio- han demostrado no respetar las normas que ordenan la actuación de los responsables públicos y no respetar tampoco los procesos de la función pública. En definitiva, han demostrado no estar a la altura de sus cargos y de la representación que ostentan. Y ahora, además, ellos dos y todos sus acompañantes en la declaración colectiva han demostrado también que están dispuestos a convertir en papel mojado su propio código ético que, por mucho que lo retuerzan y por mucha retórica que le echen a su articulado, establece que la imputación por los delitos que el juez les ha adjudicado en grado de indicios es motivo de dimisión.

En conclusión, si estos señores no ponen sus cargos a disposición de la alcaldesa, quedará claro que ellos también protegen a los suyos “con razón o sin ella”, como se dice en la Legión. Y para ese fraude político que es lo que sería que Sánchez Mato y Mayer continuaran en sus puestos, su jefe Iglesias y su jefa Montero podían habernos ahorrado la catilinaria contra la corrupción del PP que nos encajaron la semana pasada en el Congreso. Deben dimitir, necesariamente.