El CETA es lo que se conoce como un acuerdo comercial de segunda generación. Los acuerdos comerciales tradicionales o de primera generación son acuerdos que consisten en reducir o eliminar los impuestos a los productos importados, los llamados aranceles. Los tratados como el CETA van un paso más y pretenden eliminar también las dobles regulaciones y eliminar límites en la participación en la licitación pública y en el ejercicio profesional.

El fundamento de estos tratados es el siguiente. Las empresas exportadoras, fundamentalmente multinacionales, se quejan de que se ven obligadas a cumplir regulaciones dobles, por ejemplo en materia de protección de consumo y seguridad, y que eso reduce los intercambios comerciales. El argumento de las empresas multinacionales es que si los países son homologables en sus regulaciones obtener la licencia de venta o producción en un país debería ser suficiente para poder vender o producir en los otros. Por ejemplo, si yo, fabricante de coches alemán, paso el control de emisión de CO2 en Alemania y el gobierno alemán me da permiso de venta del coche, no debería de tener que pasar el control de Canadá porque es aproximadamente igual. Para evitar esto, las empresas multinacionales piden que se firmen acuerdos como el CETA.

Pero claro ni es tan simple el asunto, ni la cosa se queda ahí. Para que el tratado sea operativo hay que decidir a qué producciones afecta y qué pasa cuando un país a pesar del acuerdo entiende que el producto o el servicio no debe ser vendido en su país. En cuanto a lo primero, ¿qué producciones pueden ser las afectadas? Se puede optar por la homologación producto a producto o por liberalizar todos los intercambios, salvo los específicamente declarados como no afectados por el tratado. En cuanto a lo segundo, los conflictos, el problema es quién los resuelve, puesto que si un Estado, por ejemplo España, procede contra una empresa, esa empresa está regulada por Canadá. ¿A qué tribunales se somete el conflicto? Las solución es la propia de los tratados internacionales, el arbitraje, que consiste en que las partes nombran unos peritos que emiten un arbitraje, en el que interpretan la aplicación del tratado al conflicto planteado.

Bueno, contado así parece que la cosa no es tan grave, se aumenta la libertad de intercambio entre los países firmantes, con instituciones y preocupaciones sociales homologables y tal vez mejore la economía en algo, según dicen los liberales. Pero claro, las cosas no son tan fáciles ni tan bonitas. Pongamos algunos ejemplos de los problemas que plantean.

Supongamos que se produce un alimento con grasas y que ese tipo de alimento no tiene tratamiento especial en el tratado. A las empresas del país 1 se les prohíbe usar grasa animal que es más barata, mientras que a las del país 2 no se les prohíbe porque es un gran productor y los ganaderos tiene un gran poder de influencia que impide su prohibición. Que ocurrirá, pues que los productos del país 2 podrán entrar en el país 1 y las empresas de éste último entrarán en un declive sistemático que sólo podrán solucionar, bien marchándose a producir en el país 2 o bien consiguiendo que en su país se elimine la prohibición de usos de grasa animal. Esto último es lo que se conoce como competencia desreguladora a la baja y consiste en que una vez que un lobby consigue imponer una desregulación en uno de los países firmantes del tratado el resto de países se ve obligado a seguirlo. La consecuencia por tanto es la desregulación, la desprotección del consumidor y la pérdida de soberanía.

Supongamos ahora un caso de empresas que compiten en la producción de un bien, para el que en un determinado momento el gobierno 1 prohíbe un método de fabricación por riesgo en la salud de los trabajadores. Para recurrir la prohibición las empresas del país 1 habrán de dirigirse contra el gobierno aplicando el derecho administrativo, que presupone la legalidad de los actos administrativos y que obliga a la empresa a demostrar que el gobierno actúa contra ley. Por el contrario, las empresas del país 2 podrían recurrir al arbitraje internacional donde no asumen totalmente la carga de la prueba ya que tienen trato equivalente al estado. Obviamente, el tratado discrimina a favor de la empresa transnacional a la que se le da el estatus de un estado soberano en contra de la nacional. Un despropósito jurídico, por ser un trato desigual y porque al final obligará a ir abandonando el principio de legalidad de los actos administrativos, debilitando hasta niveles insospechados a los poderes públicos.

El PSOE y los Socialistas Europeos no es que no deberían haber aprobado el CETA, es que no deberían ni haber participado en su negociación

Tercer y último problema que vamos a considerar es el de los terceros. Los tratados son bilaterales y nada impide que haya otros acuerdos bilaterales con otros países. Supongamos tres países 1, 2 y 3. El 1 y el 2 firman un tratado, pero no lo firman el 1 y el 3, sin embargo el 2 y el 3 sí firman otro. ¿Qué puede ocurrir? Pues muy fácil, las empresas multinacionales del país 3 podrán meter sus productos y servicios en el país 1 a través del 2, sin tener que cumplir la legislación el país 1, y viceversa. Es decir el país 2 se convierte en una especie de lanzadera o intermediario entre el 3 y el 1 y eso hace posible que las empresas multinacionales con capacidad para crear empresas plataforma en el 2 puedan comerciar sin limitación mientras que las pequeñas y medianas empresas no puedan hacerlo. El efecto de ese comportamiento, ya lo conocemos puesto que ocurre hoy en día en Irlanda, por la baja tributación de las sociedades, y el resultado previsible del CETA será: que los canadienses se harán mucho más prósperos actuando de intermediarios, que las multinacionales europeas y norteamericanas saldrán beneficiadas y las pymes perjudicadas, y que la legislación tenderá a reducirse al nivel de un tercero.

Estos no son más que tres ejemplos, hay muchos más. Además trasládenlos Uds. a cualquier tipo de bien o servicio (servicios bancarios, de arquitectura, de seguridad, sanitarios, de armas… todo tipo de profesiones que requieren título universitario o de formación profesional …, cualquiera que se les ocurra) y verán el efecto tan pernicioso que pueden tener estos tratados.

En definitiva, estos acuerdos son unos acuerdos de desregulación y de cesión de soberanía, de los que exclusivamente se benefician las empresas multinacionales, a las que se les da el estatus de estado, transformando las discrepancias empresas/estados se transforman en conflictos internacionales. A cambio de beneficiarlas producirán una desregulación generalizada y una desprotección de consumidores y trabajadores.

El CETA y los tratados como el CETA son el sueño del capitalismo global hecho realidad y son un instrumento diseñado para socavar el poder de los estados y por tanto de la democracia, de la política y a la postre de los ciudadanos/as y trabajadores/as.

El PSOE y los Socialistas Europeos no es que no deberían haber aprobado el CETA, es que no deberían ni haber participado en su negociación. Pero claro con los partidos socialistas europeos controlados por los social-liberales era impensable plantar cara al capitalismo global en este terreno.

Obviamente el nuevo PSOE debe girar 180 grados, pero en el CETA le coge a contrapié. Es como un coche en marcha, que para volver hacia atrás debe primero frenar, parar el coche y hacer la maniobra para volverse. Además el CETA se va a aprobar sí o sí porque la derecha tiene mayoría. Por eso me parece razonable la abstención propugnada para no violentar a los diputados y eurodiputados socialistas que votaron a favor previamente. Aunque defiendo que para cualquier otro tratado similar la posición del PSOE debe ser siempre contraria y beligerante, y además debemos conseguir que esa sea la postura de todo el socialismo europeo.

PD. Todavía espero que algún concienzudo liberal español me exponga, con números fundados científicamente, qué sector y qué empresas y trabajadores/as españoles/as se van a beneficiar de este nuevo chiringuito neoliberal llamado CETA.

* Luis Ángel Hierro es Secretario de Economía del PSOE de Sevilla, ponente de la Comisión de Economía del 39 Congreso del PSOE