Los independentistas presentaron este lunes su proyecto de creación de una república independiente. No tiene aún ese proyecto entidad jurídica que permita ser recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, pero sí tiene entidad política y un claro efecto ante la ciudadanía, cuya opinión siempre produce después consecuencias políticas. Y, si entre los que defendemos como irrenunciable la unidad de nuestra vieja nación, la presentación de ayer por parte de cuatro segundones de la vida parlamentaria catalana ha podido producir inquietud o irritación, no cabe duda de que entre quienes se han creído la ficción de una Cataluña independiente esta presentación es mucho más que la expresión de un deseo, o de un sueño: es la exhibición de las líneas maestras de la construcción de un nuevo país. Es la promesa y el compromiso verosímil y para ellos tangible de que están a punto de convertir su sueño en una realidad.

Y eso es de una gravedad extrema cuyas consecuencias tienen una profundidad que va mucho más allá de las ya muy graves que supone el desafío a la legalidad y el intento de arrancarle a España una parte de sí misma. Y la tienen porque sumerge a muchas personas en un embeleco del que será muy difícil que se liberen en el futuro. Con esa presentación, que está suficientemente detallada para quienes no tienen por qué tener los conocimientos jurídicos y políticos necesarios para comprender la imposible enormidad de lo que se pretende “colocar” a la opinión pública, se arrastra definitiva y malignamente a una parte importante de la población catalana a un espacio emocional que se va a convertir dentro de un mes en un sideral vacío. Eso en el mejor de los casos. El problema dramático es que para todos esos ciudadanos víctimas de este gigantesco fraude no habrá señalización que les indique cómo emprender el camino de vuelta y regresar a un escenario político, y patriótico, mínimamente confortable en el que refugiarse. Y esa es una deuda que nunca podrán pagar estos dirigentes que han llevado con una insensatez inmensa a esa comunidad a la quiebra social, política y moral, que es la situación en la que se encuentra ya la comunidad catalana. Su responsabilidad les perseguirá más allá de sus propias vidas.

Pero, independientemente de la estafa monumental y demoledora que han perpetrado contra Cataluña y contra España entera, es evidente que estos señores han ido ya demasiado lejos. Es cierto que ayer se han limitado a presentar su proyecto de la llamada “Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República”  y que aún no ha llegado el momento de que el Gobierno reaccione. Pero han dicho que la ley se aprobará antes del 1 de octubre, fecha en la que está convocado ese referéndum, aunque no han tenido el valor de decir con cuántos votos tienen intención de dar por aprobada una ley que han adjetivado como “Ley Suprema” del ordenamiento jurídico catalán. Porque es extraordinario que tengan la pretensión de sacarla adelante por mera mayoría absoluta, con los 72 diputados con que cuentan ahora mismo. Recordemos que para una reforma del Estatut son necesarios dos tercios de la Cámara, es decir, 90 votos. No les importa, ése es un detalle que no les ha debido de parecer relevante porque ni lo han mencionado, lo cual evidencia el lamentable nivel democrático en el que se están moviendo los dirigentes independentistas.

Pero, al margen de ese aspecto, que no es ni mucho menos menor, se hace urgente que el Gobierno entre ya en acción. Quiere esto decir que en el momento en que la Mesa del Parlament admita la tramitación de ese texto, el presidente Mariano Rajoy debe empezar a actuar. Y no me refiero que recurra ante el Tribunal Constitucional la suspensión de esa ley, que eso está descontado, me refiero a que tome la iniciativa y ponga inmediatamente en marcha las medidas necesarias que impidan que la Generalitat y el independentismo den un solo paso más adelante. Las alternativas, según confirman una y otra vez fuentes próximas al Gobierno, son varias, están estudiadas y listas para ser lanzadas. Pues hágase, no se espere ni un minuto más del que llevará tener noticia de que la Mesa de la cámara catalana da el primer paso legislativo para que ese proyecto siga su curso parlamentario. Casimiro García-Abadillo mencionaba aquí hace dos días las tres respuestas posibles ante esta escalada del desafío: la declaración del estado de excepción en Cataluña, la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana o la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

 Ha llegado el momento de avanzar para recuperar el terreno democrático que los secesionistas han ido ocupando

Cualquiera de las tres posibilidades les parará los pies de manera efectiva pero también es cierto que la aplicación de cualquiera de ellas será sin duda traumática para una democracia asentada  y pacífica como la nuestra, aunque hay que decir que más traumático es para el país entero y para una parte importantísima de la población catalana asistir a este aquelarre rabiosamente corrosivo de los principios de convivencia que nos han permitido vivir los últimos mejores 40 años de nuestra historia moderna. No debe permitírseles que den ni un solo paso más adelante.  Ha llegado el momento de avanzar para recuperar el terreno democrático que los secesionistas han ido ocupando ante el estupor, la incomodidad, la indignación pero también la cordura, la prudencia y el afán de eludir el pulso definitivo, del que han venido haciendo gala todos los demócratas españoles, incluidos sus sucesivos gobiernos.

Sólo una duda cabe a propósito del comportamiento de los miembros del gobierno catalán y de sus diputados en el Parlamento: han dicho repetidamente, Puigdemont lo ha subrayado hace muy pocos días ante un periódico extranjero, que les da igual ser objeto de las sanciones del Tribunal Constitucional porque no van a acatar sus sentencias ni sus órdenes.

Entonces, ¿qué sentido tiene para ellos prolongar el limbo de esos proyectos de ley -el del referéndum y el de constitución de la república catalana-, un limbo cuya única virtualidad consiste en que mientras permanezcan en él no pueden ser recurridos por el Gobierno ante el TC y, en consecuencia, no pueden ser suspendidos por éste? No hay más que una respuesta a ese enigma y es la de que, al contrario de lo que sostienen, sí que les importa, y mucho, verse ante una sanción del Constitucional que puede suponer a los responsables de estampar su firma en cualquier documento delictivo penas de inhabilitación, incluso de cárcel, y multas que harían tambalear sus respectivos patrimonios personales, porque la solidaridad es muy bonita pero cuando resulta demasiado cara ya no suele ser tan masiva como sería de desear por los afectados.

Es decir, que en realidad saben perfectamente que su pretensión es una quimera y cuentan con que su futuro personal se desarrollará dentro de España y bajo los tribunales que dicen públicamente estar dispuestos a ignorar. Los círculos próximos al Gobierno aseguran que disponen de buenísima información sobre lo que se está cociendo de verdad en el interior del secesionismo dirigente y eso puede explicar, entre otras cosas, la imperturbabilidad con la que Mariano Rajoy y su equipo afrontan los retos constantes lanzados desde allí. Pero, sea como sea, lo que no admite duda es que hemos llegado al borde del punto de ebullición y hay que apagar el fuego ya. Pero ya.