Los hechos acaecidos en el Parlament de Cataluña los días 5 y 6 de septiembre son de extrema gravedad y constituyen un verdadero golpe a la democracia. Esos días, JxS y la CUP aprovecharon la mayoría de escaños que les otorgó una ley electoral injusta para atropellar los derechos de todos los diputados.

No les importó a los diputados separatistas privar a la oposición de la posibilidad de debate y enmiendas a la totalidad, saltándose las normas del propio parlamento. Les dio igual pasar por encima de las advertencias de ilegalidad formuladas por los Letrados del Parlament y por el Consell de Garanties estatutarias. Tampoco respetaron el Estatut de Cataluña cuando, a las doce y cuarto de la noche, nombraron con 72 votos una sindicatura electoral afín a ERC, que hubiera precisado de 90 votos.

¿Por qué iban a respetar opiniones de Letrados, Consell de Garanties y normativa catalana, si desobedecen al Tribunal Constitucional y rompen con una de las Constituciones más modernas y garantistas del mundo, como la española de 1978? Aunque, en realidad, no es extraño que quien no respeta el Tratado de la Unión Europea ni la normativa de Naciones Unidas sobre el derecho a la autodeterminación, tampoco respete los derechos de los representantes de los ciudadanos.

Este Gobierno transita por la peligrosa línea de la sedición y oculta el apoyo de las instituciones europeas a las normas españolas

Este Gobierno, que transita por la peligrosa línea de la sedición, oculta sistemáticamente que los principales líderes de la UE y de las democracias occidentales, así como todas las instituciones de la Unión Europea y el ex presidente de Naciones Unidas, apoyan el respeto a las normas españolas e internacionales, y no la línea ilegal y rupturista de Puigdemont y Junqueras.

Los insurgentes, que tienen por modelo Kosovo, se han quedado solos en Cataluña y no tienen más apoyos internacionales que Maduro en Venezuela, Yoko Ono, Julian Assange o un publicitado premio Nobel que ahora resulta que tiene boca, pero no tiene premio.

Este golpe a la democracia perpetrado por el Gobierno catalán ha hecho que caiga su máscara. Ellos, que querían hacerse pasar por gente que sólo quiere votar, han demostrado su autoritarismo y que están dispuestos a atropellar nuestros derechos para conseguir sus fines. Los de la “revolución de las sonrisas” ahora enseñan su verdadera faz cuando cuelgan anuncios con la leyenda “Señalémosles” e imágenes entre barrotes de quienes se les oponen.

A pesar de todo, creo sinceramente que hemos llegado a la última y desastrosa fase de este “procés” interminable. El fraude que los separatistas pretenden perpetrar ha quedado al descubierto: el 1 de octubre es solamente una coartada. Pretenden separar a Cataluña del resto de España y de la Unión Europea, pasando por encima de todo y de todos.

Los separatistas degradaron el Parlament al nivel de un teatrillo para ‘aprobar’ dos bodrios jurídicos

Para dar apariencia de legalidad al fraude del supuesto referéndum del 1 de octubre, degradaron el Parlament al nivel de un teatrillo para “aprobar” dos bodrios jurídicos, la Ley de Referéndum y la “norma suprema” de “fundación de la República catalana”, que sonrojarían a más de una dictadura bananera por su burdo contenido. Ambas leyes obviamente han sido suspendidas ya por el Tribunal Constitucional, de la misma forma que también habría acordado la suspensión cualquier otro Tribunal democrático del mundo, por ser normas inconstitucionales y aprobadas pisoteando las garantías legales establecidas por el propio Parlamento.

A la actuación de los poderes ejecutivo y judicial del Estado para defender la democracia los separatistas lo llaman “amenazas”. Ellos sostienen que están por encima de esas fruslerías que los ciudadanos normales llamamos leyes. Ellos creen que los políticos que oyen voces del pueblo, pueden atropellar las leyes y los derechos de todos, y que jueces y fiscales deben permitirlo. Pues bien, habrá que recordar a quienes creen eso que no es así. Que el Gobierno, cualquier Gobierno de un país democrático, tiene el deber de respetar y hacer respetar unas las leyes aprobadas con amplios consensos.

En Ciudadanos lo tenemos muy claro: el Estado de Derecho debe prevalecer por el bien de todos. La igualdad de todos los catalanes tiene que restablecerse. La nuestra es una sociedad diversa y queremos que así continúe. No vale la Ley del Embudo: quien no obedece las leyes y los tribunales, no puede esperar obediencia de los demás. La gran mayoría de los funcionarios y los ciudadanos no se van a embarcar en aventuras ilegales e insensatas y, respaldados en el cumplimiento de la ley por nuestro Estado de Derecho, no van a participar del fraude que preparan quienes no acataron la democracia.

Y, cuando quienes se creyeron por encima de todos nosotros, no puedan romper la democracia por la que nuestros padres lucharon, nos dejarán a los demás la tarea de volver a unir a esta sociedad catalana que ellos han dividido.


Carlos Carrizosa es el portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña.