La trampa que se tendió el 1 de octubre a la Guardia Civil y a la Policía Nacional está quedando cada día que pasa cada vez más al descubierto. Primero, porque los agentes de los Mossos están siendo llamados ante los jueces catalanes que han admitido a trámite numerosas denuncias de particulares sobre el comportamiento de los agentes de la Policía autonómica a la hora de impedir las votaciones en aquel referéndum ilegal. Y segundo, porque hay muchos Mossos que, fuera de los tribunales, también están denunciando lo sucedido aquel día. Y entre una cosa y otra hay algo que ya ha quedado meridianamente claro: los altos mandos de la policía catalana se habían conchabado para sabotear cualquier acción de sus agentes destinada a cumplir las órdenes recibidas del Tribunal Superior de Justicia, según las cuales debían precintar los colegios e impedir así que la votación se llevara a cabo.

En la información publicada  este miércoles por Antonio Salvador, uno de esos agentes autonómicos ha querido hacer público un documento inapelable: sus mandos les entregaron unas actas -de las que se utilizan para que cada agente dé cuenta de las incidencias en cada una de  sus actuaciones- con las respuestas ya señaladas.  Esto es, ellos ya sabían que, en las condiciones en las que se les enviaban a los colegios, los agentes no podrían hacer absolutamente nada más que pararse a mirar. Por eso les dan ya rellenadas las casillas en la que se explica, antes de que acudan a sus destinos, que el colegio no se ha podido cerrar por las razones siguientes: negativa reiterada a desocupar el local -es decir, sabían perfectamente que, a la hora a la que les enviaban, los colegios estarían ya atestados de gente-; imposibilidad del agente de acceder al recinto -ya se habían ocupado ellos de garantizar esa posibilidad-; posibilidad de que se produjeran altercados que pudieran poner en peligro personas y bienes, y presencia de personas vulnerables (niños y ancianos) -cosa también prevista y preparada-. Es decir, les llevaban en las condiciones precisas y buscadas que les obligaran a incumplir las órdenes del tribunal. A burlarlo.

Los responsables de la policía autonómica catalana querían que pasara, buscaban que ocurriera lo que ocurrió

Todo habría resultado conforme a lo ordenado por los jueces si los   Mossos d´Esquadra hubieran acudido a las cuatro de la mañana y, bien pertrechados, no con las manos en los bolsillos como los mandaron, hubieran bloqueado la entrada a los colegios. Así no hubiera pasado nada. Pero los responsables de la policía autonómica catalana querían que pasara, buscaban que ocurriera lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que la Policía Nacional y la Guardia Civil se vieron obligados a intentar impedir la votación cuando ya era imposible. Nótese que ese día, sorprendentemente, las masas no acudieron a rodear los centros donde estaban las urnas armadas con las consabidas banderas independentistas. Ese día no hubo banderas. No fue casualidad, fue una ausencia deliberada, se buscaba que en los enfrentamientos inevitables apareciera una multitud no militante, la perfecta encarnación del noble «poble» de Cataluña como víctima de una «brutal represión». Se preveía que pasara lo que pasó, que los guardias civiles y los policías nacionales iban a intentar suplir la abstención provocada de los Mossos y que en los seguros choques con las fuerzas del orden los independentistas iban a sacar provecho. Y vaya si lo sacaron: además de llevar hasta el delirio la denuncia de la violencia policial y de anunciar un número desorbitado y totalmente increíble de heridos -de esos supuestos 900 solo hubo dos hospitalizados graves, uno de ellos un anciano con un infarto-  se dedicaron a difundir imágenes falsas que no correspondían a lo sucedido en esa jornada.

Un plan perfecto… mientras no se investigara lo sucedido. Ahora, los agentes de los Mossos están explicando a los jueces la intrahistoria del 1 de octubre y todos los focos se están dirigiendo a Joaquín Forn, en ese momento consejero de Interior, a Pere Soler, director general por entonces de los policías autonómicos, y a Josep Lluis Trapero, mayor de los Mossos y que ya está siendo investigado, junto a su lugarteniente Teresa Laplana, por un delito de sedición. Todos ellos quisieron engañar no sólo al Gobierno sino a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante quienes presentaron un informe lleno de falsedades en el que pretendieron colar al tribunal que sus agentes habían cerrado colegios cuyo recuento electoral constaba luego en el recuento presentado por la Generalitat. Aquí alguien miente aunque, visto el perfil de los implicados, lo más probable es que mientan todos, cada uno en su negociado.

Con todo esto, está claro que pintan mal las cosas para la destituida cúpula de Interior de la Generalitat, tanto en lo judicial como en lo reputacional. Si todos los dirigentes secesionistas han dedicado los esfuerzos de los últimos años a tratar de «engañar» al Estado siguiendo la estela del «astuto» Artur Mas, que  anunciaba su estrategia sin reparos y con la estúpida candidez de quien no es consciente de su pequeñez ante una estructura fuerte y poderosa, lo de los jefes de los Mossos compone un retrato, dibujado por sus propios subordinados, que les deja completamente desnudos ante la ley. No cabe ya ninguna duda de que la utilización de la Policía autonómica era una de las patas decisivas destinadas a cumplir una estrategia en la que estuvieron implicados cientos de responsables políticos y decenas de miles de subordinados para conseguir un único objetivo: la separación de Cataluña respecto de España. De ese gravísimo delito tendrán que responder inexorablemente todos los culpables, aunque de momento salgan en libertad condicional.