La Guardia Civil ha salido al quite en la disputa entre el juez Llarena y el ministro Montoro a cuenta de si se utilizaron fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1-O: la cifra presuntamente malversada se eleva ya a casi dos millones de euros.

A veces ocurre en España que los que asumen la responsabilidad de la defensa del estado de derecho terminan quedándose solos. Por fortuna, el juez del Tribunal Supremo tiene de su parte a la inmensa mayoría de los magistrados, sin distinción de ideologías; por supuesto, a la Guardia Civil, y, que no le quepa duda, a la mayoría de los españoles que seguimos creyendo en la democracia.

La entrevista del ministro de Hacienda en El Mundo en la que asegura que no se han utilizado fondos públicos para financiar el 1-O (“Yo no sé con qué dinero se pagaron las urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”) destruye desde dentro el argumento que sustenta el delito de malversación, sostenido por la Justicia española para pedir la extradición del ex presidente de la Generalitat al tribunal de Schleswig-Holstein, que incluso ha pedido más información a la Fiscalía española sobre ese asunto.

En su afán por demostrar que a él no se le escapa una, no sólo desacredita los argumentos de la Fiscalía, de la Guardia Civil y de la Abogacía del Estado (personada en la causa), sino que ha dado oxígeno a los independentistas, ya de por sí animados tras la decisión del tribunal alemán de rechazar, en principio, la extradición de Puigdemont por el delito de rebelión.

¿A qué juega Montoro? Esa es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos de buena fe. Hay respuestas para todos los gustos, pero no hay que buscarle tres pies al gato.

Su afirmación de que no se ha gastado dinero público en el 1-O no sólo ha enfadado a Llarena y a la Guardia Civil, también al ministro de Justicia

El ministro de Hacienda actúa sin cortapisas, sin encomendarse a dios ni al diablo porque se siente seguro de sí mismo y protagonista, ahora sí en solitario, de la buena marcha de la economía. Desde ese pedestal (ya no tiene a Luis de Guindos para hacerle sombra) imparte doctrina a diestro y siniestro. No sólo deja mal parada la estrategia del gobierno en un tema fundamental como es la derrota del soberanismo, sino que se permite el lujo de perdonarle la vida a Rajoy (“Acepto que al PP le pasa algo, pero su problema no es Rajoy”), de paso le endilga un cachete a Cospedal y también deja temblando a Cristina Cifuentes, de la que no entiende su “titulitis” (“Esa obsesión por los títulos debe obedecer a algún complejo”).

Su indisimulada mala relación con la secretaria general del PP y, por tanto, con todo aquello que huela a Cospedal, aflora en la entrevista sin recato alguno. Pero sus pellizcos de monja a la ministra de Defensa no habrían pasado de ser objeto de chascarrillos en la calle Génova, si no hubiera sido por su intromisión en la causa judicial contra los ex miembros del gobierno de Cataluña.

A sus bravatas no sólo ha respondido Llarena, requiriéndo de inmediato información detallada al ministro, sino que el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, con las  buenas formas que el caracterizan, ha recriminado a Montoro su “inoportuno” desahogo periodístico.

El presidente del gobierno, que sigue minuto a minuto los acontecimientos de la crisis catalana, tampoco está muy contento con esta “metedura de pata” que ha rearmado a los independentistas.

La sensación que dejan las últimas 48 horas es de falta de coordinación en el gobierno “¿Cómo se pueden hacer unas declaraciones de ese calibre sin que Moncloa lo sepa o lo autorice?”, se pregunta un alto funcionario.

Sí, falta de coordinación y falta de autoridad. El ministro de Hacienda se cree por encima de todo y algunos piensan que esa fuerza no sólo le viene de que se cree artífice del milagro económico, sino de su información sobre los contribuyentes, de los que Montoro se jacta de saberlo todo. Decididamente, el titular de Hacienda se cree con licencia para matar.