La separación de poderes es un principio político por el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son independientes entre sí. Es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia. El poder ejecutivo es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado. Se distingue así del poder legislativo, que aprueba o deroga leyes, y del poder judicial, que las interpreta, hace respetar o invalida.

En el culebrón del impuesto hipotecario sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) está siendo al revés. Un decreto ley (poder legislativo, hecho a medida para la ocasión) invalida una decisión del poder judicial.

¿Puede el Gobierno anular una decisión judicial? ¿Y la separación de poderes?

Así, tras la decisión del Tribunal Supremo del martes por la tarde de echar marcha atrás y mantener el pago del impuesto de AJD al cliente que solicita la hipoteca, en vez de a la banca, como planteó hace dos semanas, el Gobierno ha tardado menos de 24 horas en tumbar la decisión del Alto Tribunal y asegurar que este jueves aprobará un decreto ley en Consejo de Ministros que cargará a la banca el pago de este impuesto.

Y ustedes se preguntarán: ¿Y qué pasa con la supuesta separación de poderes? ¿Puede el Gobierno “anular” una decisión judicial? Que yo recuerde, hasta ahora como mucho era al revés. Repito lo dicho más arriba; “El poder legislativo aprueba o deroga leyes, y el poder judicial las interpreta, hace respetar o invalida”.

Sea como fuere, tenemos culebrón para rato. A saber: la banca ya lo ha dicho alto y claro: si tiene que hacerse cargo del impuesto hipotecario, tendrá que recurrir a medidas alternativas para recuperar el capital. “Medidas” que todo hijo de vecino sabe que se traducen en comisiones.

Quizá por dejarlo estar, el Supremo quiso recular, visto el tsunami que se estaba generando en el sector bancario, y dejar las cosas como habían estado siempre: el cliente paga.

El Supremo quiso recular y dejar las cosas como habían estado siempre

Pero, no, no es suficiente. El Gobierno de Pedro Sánchez, acorralado en las últimas semanas incluso por sus más férreos partidarios, como Podemos, para un adelanto de las elecciones, ha encontrado la gallina de los huevos de oro en el drama hipotecario. “Los españoles nunca más pagarán este impuesto. Lo hará la banca”, ha dicho Sánchez orgulloso, consciente de que se guarda un as en la manga: no aplicará retroactividad a la medida.

Es cierto que para los ciudadanos es una gran noticia. “¿Nos manifestamos entonces frente al Supremo el sábado a las 18:00, o no?”, pensarán algunos, en relación a la convocatoria que lanzó en Twitter Pablo Iglesias tras hacerse pública la decisión del Supremo. Pero, como dirán otros (o, quizá, todas las partes implicadas): Hasta que no lo vea, no lo creo.