Hoy 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, fecha en la que Naciones Unidas aprovecha para recordar algunas de las principales cifras que deja la corrupción a nivel mundial, en esta ocasión bajo el lema de «Unidos contra la corrupción para el desarrollo, la paz y la seguridad».

Fue el 31 de octubre de 2003 cuando la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en vigor desde diciembre de 2005, y a fin de crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, se designó este recordado 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

No casualmente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, constituido por 52 eurodiputados, ha aprovechado también para publicar el estudio The cost of corruption across EU (Los costes de la corrupción alrededor de la Unión Europea), sobre el impacto social de la corrupción en la UE, que han estimado en mil millones de euros anuales. En el caso de España, el coste se eleva a unos 90.000 millones de euros anuales.

Por su lado, Naciones Unidas cifra en un billón de dólares lo que cada año se paga en sobornos, además de los 2,6 billones de dólares anuales que se roban mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del PIB mundial. Unas cifras absolutamente indecentes y en crecimiento.

Y volviendo a España, para hacernos una idea comparativa, esos 90.000 millones de euros anuales saqueados se aproximan al presupuesto total dedicado a la Salud, o a cinco veces el presupuesto para combatir el desempleo, o a una docena de veces el presupuesto dedicado a las políticas familiares.

La corrupción le roba a las sociedades escuelas, hospitales y otros servicios vitales»

No en vano, con motivo de la efemérides, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha insistido en que “la corrupción (…) le roba a las sociedades escuelas, hospitales y otros servicios vitales, aleja la inversión extranjera y le quita a los países sus recursos naturales. Socava el imperio de la ley e incita a delitos como el tráfico ilícito de personas, drogas y armas”.

En España ya empezamos mal el año. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) nos dio en  2013 once recomendaciones sobre medidas de lucha contra la corrupción, de las que en el informe del pasado enero de 2018 se advertía que sólo siete habían sido puestas en marcha. Y parcialmente. No es secreto para nadie que queda mucho por hacer en el combate contra la corrupción.

Necesitamos una lucha más decidida a favor de la integridad y contra la corrupción, priorizando la primera para consolidarla como un principio de gobernanza basado en la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la transparencia activa y el derecho de acceso a la información. Pero también reforzando la opinión pública y educando en ética a todos los niveles a fin de crear una mentalidad promotora de la justicia y que valore la virtud. Solo mediante este camino fortaleceremos la legitimidad y la credibilidad de los Gobiernos en ello comprometidos.

La corrupción favorece la aparición de discursos políticos basados en mensajes xenófobos, racistas y excluyentes»

Han pasado más de 15 años desde que se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente. Y menos ante los nuevos desafíos que se nos presentan. Transparencia Internacional España (TI-España) alertaba este viernes de que la corrupción favorece la aparición de discursos políticos basados en mensajes xenófobos, racistas y excluyentes y reclamaba unidad a las instituciones para implantar estrategias globales anticorrupción. Una prevención, como sabemos, de rabiosa, preocupante y electoral actualidad.

Hoy más que nunca, la decepción generalizada y el enojo ciudadano llevan a la irrupción de nuevas fuerzas políticas, hasta ahora anónimas. Resulta una incógnita si su fulgor devendrá en peligro o en reforzada defensa de la democracia y de la dignidad del ser humano.