Se está planteando desde las filas del independentismo radical, amparado y alentado por los responsables políticos de la Generalitat, la visita de los Reyes de España y de sus hijas, la Princesa de Asturias y de Girona y la Infanta Sofía como una provocación que, amenazan, va a tener su respuesta en forma de incidentes seguramente violentos, como acostumbran últimamente a producir los hasta hace nada "pacíficos independentistas" que se han convertido en violentísimos insurrectos en cuanto alguien con auténtica autoridad coercitiva -léase Tribunal Supremo- les ha parado los pies en su hasta ahora imparado camino hacia esa fantasía de la independencia.

Incluso se han atrevido a pedir al Gobierno que aplace la visita de los Reyes a Cataluña, como si los actos de la Familia Real tuvieran que depender del humor de los activistas. Y no sólo eso: también han indicado a la Casa del Rey y al propio Gobierno que estarán muy atentos a que el discurso de Felipe VI no tenga connotaciones electoralistas. Es de suponer que su impostada "alarma" no se extienda también a las palabras que probablemente pronunciará la propia Princesa Leonor.

Pero su problema no es ése del contenido de la intervención el Rey. Su problema es la propia presencia del Rey en suelo catalán, que los independentistas consideran de su exclusiva y excluyente propiedad. Y eso es exactamente lo que la visita de la Familia Real desmiente con sólo poner un pie en el aeropuerto de Barcelona.

El Rey debe acudir a Cataluña tantas veces como su agenda lo requiera porque Cataluña es y será siempre una parte importante de España por más que les pese a los independentistas, que están haciendo en estos días su último y extenuante esfuerzo por impedir que el Estado prosiga su camino imparable -desgraciadamente demasiado tiempo demorado- hacia su presencia constante en tierras catalanas.

Y el rey Felipe VI es el jefe de ese Estado contra el que los secesionistas se estrellan una y otra vez y se seguirán estrellando hasta que caigan exhaustos por tanto esfuerzo y tanta pretensión inútil. Así que el ministerio del Interior deberá planificar hasta el último detalle para que la visita de los Reyes y de sus hijas a Barcelona se desarrolle sin la más mínima molestia para ellos y para lo que representan que es, en definitiva, a todos los españoles.

Nunca, que yo sepa, se ha considerado la posibilidad de que esta visita fuera suspendida o aplazada, como con todo descaro se ha pedido desde la Generalitat, pero desde aquí se trata de subrayar la importancia decisiva de que el Rey de España esté el lunes y el martes en Barcelona encarnando la Constitución democrática que ampara a todos los españoles, también a quienes pretenden destruirla en su espíritu y en su letra.

El ministro Marlaska tiene aquí, pues, una tarea importantísma de cuyo éxito depende la expresión plástica de la victoria de la democracia española sobre la ilegalidad y la secesión

Esta visita es más importante y tiene infinitamente más connotaciones, no políticas sino legales, o si se me apura, más connotaciones de alta política, que las visitas que puedan realizar en estos días todos los líderes que se presentan a las elecciones del 10 de noviembre. Es el Estado poniendo los pies en Cataluña para satisfacción y alivio de tantos catalanes perseguidos socialmente, aislados y arrinconados, silenciados bajo una feroz y sistemática coacción que resisten en Cataluña.

El ministro Marlaska tiene aquí, pues, una tarea importantísma de cuyo éxito depende la expresión plástica de la victoria de la democracia española sobre la ilegalidad y la secesión. La visita de los Reyes ha de celebrarse con plenitud y sin ninguna limitación. Porque los Reyes están en su tierra, como lo estaríamos todos nosotros, pero Felipe VI con mayor motivo porque es quien encarna al Estado español.

Claro que Marlaska tiene otra labor que desarrollar con las mismas exigencias de éxito por la connotación simbólica que el objeto de su trabajo comporta: tiene que estar en condiciones de garantizar que la jornada electoral se desarrolla en toda Cataluña sin el menor incidente y que todos los que viven y está empadronados en Cataluña puedan acudir a votar si lo desean.

Aquí también se juega mucho el sistema porque la democracia española lo que se juega es su prestigio. Por lo tanto, es exigible que el ministro ponga a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluidos los Mossos, que se están comportando hasta ahora de una manera impecablemente conforme a la ley a pesar de los chantajes y de las amenazas de los altos mandos políticos de la Generalitat, con el agitador Torra a la cabeza. Que ponga a todas, todas, las fuerzas de seguridad -y no deje, por ejemplo, acuartelada y sin intervenir a la Guardia Civil como hizo durante los violentos incidentes de hace 15 días- a proteger todos y cada uno de los colegios electorales que se abran en el territorio.

Y que se haga a tiempo, no como en las vísperas del 1 de octubre, cuando las masas tuvieron todo el fin de semana para ocupar los colegios en los que se iba a votar en aquel referéndum ilegal y cuando llegó la Policía ya era demasiado tarde. Ahora la lección está aprendida.

Ahora los Mossos se están comportando de manera profesional y no política

Ahora los Mossos se están comportando de manera profesional y no política. La jornada del 10-N se tiene que desarrollar sin más incidentes que los que puedan provocar los independentistas en los alrededores de los colegios electorales. Porque su intención no es provocar un alto índice de abstención en Cataluña, cosa que pueden conseguir por su método habitual del chantaje y la extorsión social, sobre todos en los pueblos pequeños donde todos se conocen.

En el éxito de esta operación policial España se juega su prestigio ante sí misma y ante el mundo

No, su intención no es conseguir que no se vote sino que no se pueda votar, que es cosa muy diferente. No es lo mismo contabilizar unos altos índices de abstención en la Cataluña profunda dominada y sometida por el totalitarismo independentista, que impedir literalmente que la población pueda acercarse a las urnas a depositar su papeleta.

En el éxito de esta operación policial España se juega su prestigio ante sí misma y ante el mundo.

Y no quiero ser pesada pero ya dijimos aquí cien veces que convocar estas elecciones con un Gobierno en funciones, con todos los partidos en campaña electoral e inmediatamente después que el Tribunal Supremo hubiera dictado sentencia condenatoria a los secesionistas juzgados era un disparate de dimensiones descomunales.

Pero así han sido las cosas y estamos ya en la confrontación, obligados a ganar por goleada este pulso sin contemplaciones, que es el último que los independentistas van a estar en condiciones de echar de ahora en mucho, mucho, tiempo. Esta es su opción definitiva, su esperanza final. Hay que desmontársela.