Desigualdad(es) y crisis políticas

La sorpresa inicial por la situación chilena pronto se explicó desde las desigualdades internas. El desconcierto en la opinión pública internacional se debía, sobre todo, a que Chile es una de las democracias más sólidas y con mejores indicadores económicos de la región.

Pero, ¿por qué hay una crisis a pesar del clima democrático? ¿Cómo puede mejorar una democracia su capacidad para reducir desigualdades? Son preguntas que caben al observar el estallido social que ha liberado la enorme presión y el descontento acumulado como consecuencia de un modelo político y económico centrado en la provisión de servicios públicos por empresas privadas.

Este liberalismo mal entendido fomentó los fallos del mercado -a pesar de las advertencias del mismo Adam Smith- ante la inacción reguladora del Estado. La democracia no supo corregir las desigualdades heredadas de la dictadura. A inicios de 2018, según CEPAL, el 1% de la población chilena con más ingresos era dueña del 26,5% del PIB. El 10% más rico concentraba el 37% de la riqueza, mientras que el 20% de la población más pobre solo recibía el 7,7% del ingreso del país.

En 2018, el 53,1 % de los trabajadores ganó menos de 444 euros, y el 68,9% menos de 610 euros). De un total de 19 millones de habitantes, más de 11 millones están endeudados, al haber recurrido al crédito para complementar los bajos salarios. El resultado es 4,6 millones de morosos con una deuda promedio de 1.950 euros.

Los chilenos anhelan una serie de beneficios sociales mínimos propios de un país OCDE de renta media alta, como una jubilación digna

Como es de esperar, los chilenos anhelan una serie de beneficios sociales mínimos propios de un país OCDE de renta media alta, como una jubilación digna; pero el modelo de capitalización individual, en el que cada uno ahorra un porcentaje de salario que es ingresado a una cuenta manejada por una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) privada, ha dado como resultado que el 50% de las pensiones provenientes del ahorro personal más la rentabilidad financiera sean inferiores a 168 euros y que el 80% de los jubilados tenga una pensión inferior al salario mínimo.

Otro ejemplo de servicio deficitario es el de salud. El 80% de la población pertenece al Fondo Nacional de Salud (FONASA), un órgano público que tiene graves deficiencias como listas de espera para atención médica general y exámenes, que puede ser de meses en casos de atención especializada. Ante ese escenario, algunas personas optan por la atención médica privada, recurriendo incluso al endeudamiento con las consecuencias arriba señaladas. Además, los medicamentos son caros debido al oligopolio de tres grandes empresas coludidas con ese fin.

Incluso Rolf Luders, ministro de Pinochet y padre del modelo señala en una entrevista a la BBC que, “a pesar del enorme progreso, los ingresos de la gran mayoría de los chilenos aún son bajos en términos absolutos y las diferencias de ingreso son muy significativas”, y que, por otro lado, hubo una “falta de contacto de la élite con el resto de la población y algunas importantes fallas de implementación que permitieron ciertos abusos no sancionados”.

Apunta también que esta crisis puede “derivar en una democracia representativa más participativa y en una economía social de mercado más eficiente, justa y libre”. En resumen, apela a un cambio en el modelo de relaciones entre Estado y mercado como salida, lo que implicaría la eliminación del modelo de Estado subsidiario, adoptado en la Constitución como base normativa de la provisión de bienes públicos por el mercado.

Cabe recordar que la democracia es, sobre todo, un sistema de gestión del poder político que tiene como base normativa un conjunto de derechos y obligaciones que acatamos con la promesa del procesamiento pacífico, inclusivo y plural del conflicto que genera la asignación y distribución de bienes públicos. Por ello, es ahí -en la expectativa no atendida de redistribución o igualdad de oportunidades- donde hay que entender en gran parte lo que está pasando; pero no porque la democracia sea un sistema cuasi confiscatorio, sino porque los gobiernos (democráticos), al asignar y redistribuir han favorecido por acción u omisión a las élites.

Los gobiernos (democráticos) hicieron poco para corregir el modelo heredado o mantuvieron, por ejemplo, un sistema fiscal con poca carga tributaria

Hicieron poco para corregir el modelo heredado o mantuvieron, por ejemplo, un sistema fiscal con poca carga tributaria -la mitad de la recaudación proviene del altamente regresivo IVA-dejando de utilizar así el sistema de reducción de desigualdades por excelencia.

Visto así, se entiende mejor que un estallido social tan fuerte se haya producido en un país con buenos indicadores económicos y democráticos como Chile, y no en otros con democracias de peor calidad. Una posible respuesta a los niveles de desigualdades que puede soportar una democracia no está solo en fijarse hasta dónde pueden escalar las cifras -como las arriba mostradas- sino, sobre todo, en la desafección y el rechazo al sistema que provoca en los ciudadanos ver que la promesa de un modelo más justo que ofrece la democracia no resulta real.

La sensación y el razonamiento que puede estar detrás de los desencantados es que la democracia no es la vía pues, si Chile ya es una democracia, y en lugar de reducirse las desigualdades, aumentan, significaría que las necesidades insatisfechas de los ciudadanos no pueden solucionarse por la acción del régimen político.

La democracia tiene la dureza del cristal. Requiere que la mayoría de los miembros de la comunidad política acate y cumpla sus normas; por ello, el sistema se puede romper si hay una sensación generalizada de que las élites económicas y políticas ya las alteraron para beneficio propio, como sucede en Chile.

Según la encuesta CADEM, solo el 10% apoya al presidente Sebastián Piñera y los datos del Termómetro Social señalan que la confianza en las Fuerzas Armadas y policía (Carabineros) es de 3,8 puntos siendo 10 el máximo posible. En los tribunales, 3,4; en el presidente de la República, 2,8; en los ministros, 2,6; parlamentarios, 2,5; y en los partidos políticos, 2,4, en la misma escala. Datos que evidencian el deterioro de la imagen de los políticos e instituciones.

Sin embargo, el combate a las desigualdades y su reducción por la actuación del Estado solo es posible reforzando la democracia. En este sentido, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, es decir, de un momento de establecimiento de nuevas normas de juego, es una medida que va en buena dirección. No solo porque podrán consensuarse nuevas reglas en temas complejos como el marco de relaciones Estado-mercado, sino también, porque sirven como un momento de refundación que aumenta la confianza de los ciudadanos en las instituciones, como sucedió Colombia en 1990, Venezuela en 1999, Bolivia en 2009 o Ecuador en 2008.

Resulta equivocado, entonces, esperar hasta abril para la consulta sobre el cambio constitucional y el mecanismo que se ha de utilizar, cuando la realización de una Constituyente lo antes posible solo conlleva ventajas. Lo primero, se trasmitiría a los ciudadanos un mensaje claro y directo de cambio y atención a sus demandas, a la vez que se incentivaría un debate más real y posibilista sobre los problemas y sus soluciones.

Una nueva Constitución no es la panacea, pero permitirá concebir, por ejemplo, un sistema de jubilación más equitativo o mejores modelos educativos y de salud

Por otro lado, la convocatoria a elecciones constituyentes incentivaría la formación de grupos que quieran agregar demandas y participar en la redacción de la nueva Constitución. Arbitrar una vía institucional de recolección de demandas y la expectativa real de incluirlas en la nueva Constitución, restaría base de legitimidad a los grupos que siguen manifestándose en la calle, muchos de forma violenta, y aislaría a los grupos más delictivos. En resumen, la convocatoria habría conllevado un cambio del ciclo de protesta a un ciclo de propuesta.

Una nueva Constitución no es la panacea, pero permitirá concebir, por ejemplo, un sistema de jubilación más equitativo o mejores modelos educativo y de salud, a la vez que replantearse la gestión de infraestructuras y otros servicios básicos. En resumen, replantearse un sistema de servicios privatizados y poco regulados que son pagados casi por igual, sin importar los ingresos, teniendo así impacto directo en la creación de desigualdad.

Será la ocasión para introducir cambios en asuntos sustanciales con efecto democratizados, como la inclusión de derechos indígenas, mujeres, distintas identidades de género o la relación hombre naturaleza. Cabe recordar que el objetivo 10 de los ODS habla de mejorar la regulación y el control de los mercados para la reducción de las desigualdades. Ahí una clara pista de por dónde ir.

Francisco Sánchez es Director Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.

Nicolás Miranda es Doctorando del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.