El plan de Sánchez es inadmisible

Pablo Casado tiene razón: un estado de alarma prolongado de antemano por nada menos que seis meses y sin el debido control parlamentario regular con la posibilidad de someterlo a votación cada cierto tiempo es una barbaridad que no puede ser apoyada.

Y proponer, como ha propuesto Casado, un primer plazo de dos meses es algo muy razonable, entre otras cosas, porque es un tiempo muy superior al que marca la correspondiente Ley Orgánica para los casos de alarma. De manera que incluso con esa propuesta se estaría estirando la norma hasta límites sólo aceptables por razones políticas, que no jurídicas, por la dramática situación que padece ahora mismo el país.

Por eso ha estado fuera de lugar la declaración de la ministra Carolina Darias que ni siquiera se ha dignado a considerar la posibilidad de negociar la propuesta del PP con alguno de sus representantes sino que, muy al contrario, ha acusado a Casado de "poner palos en las ruedas". Ya se ve que a este Gobierno todo lo que no sea sumisión y vasallaje le parece desafío y rebeldía. Y, por supuesto, ultraderechismo del peor.

Seis meses es un plazo brutalmente largo que no es que no vaya a ser necesario, eso no lo sabemos, sino que es prematuro establecerlo de entrada sin dar al Parlamento la opción de examinar la situación cada poco tiempo y volver a autorizar su prolongación si fuera el caso. Incluso los votantes del PSOE estarán de acuerdo en que seis meses es un período excesivo.

El Gobierno no puede imponer a los españoles ese plazo en octubre, ignorar al Parlamento y tumbarse a la bartola después porque ya tiene el problema resuelto

Y eso que los dos meses que propone el presidente popular es también un período muy largo para tener apartado al legislativo de la posibilidad de controlar unas medidas que suponen algo tan grave en una sociedad democrática y libre como la restricción de sus derechos y libertades fundamentales. No es ninguna tontería de lo que estamos hablando.

¿Qué razones tiene el presidente del Gobierno para imponer -lo impone puesto que parece que no está dispuesto a negociar y sólo reclama el asentimiento- la limitación o la supresión de esos derechos fundamentales de los españoles durante medio año más? Eso de que el Gobierno sigue la recomendación de los expertos no cuela porque ya sabemos -lo reconocieron ellos- que el tal comité de expertos no había existido nunca.

Y aunque existieran, que no tenemos ninguna prueba de que eso sea así, habría que decirles que sus conocimientos científicos pueden ser muy valiosos, lo son de hecho, pero que el ámbito de la protección de los derechos y libertades fundamentales no es de su incumbencia sino de la de aquellos que tienen una responsabilidad política y deben justificar sus medidas ante los ciudadanos y ante la ley.

Pero es que además nadie pretende decir que no vayan a ser necesarios esos eternos seis meses para contener la pandemia. Lo que decimos es que el Gobierno no puede imponer a los españoles ese plazo en octubre, ignorar a continuación la existencia del Parlamento y tumbarse a la bartola después porque ya tiene el problema resuelto.

No, el Parlamento español está para cumplir sus funciones y una de ellas es el control del Poder Legislativo a la acción del Poder Ejecutivo. Lo que pretende Pedro Sánchez es orillar al Parlamento sobre esta cuestión y hurtarle su función de control - que no se cumpliría si se limitara únicamente a ser informado- desde ahora mismo y hasta el mes de mayo. Y eso no se puede aceptar de ninguna de las maneras.

Lo que pretende Sánchez es excluir al Parlamento de su función de control desde ahora mismo y hasta el mes de mayo

Del mismo modo que tampoco es admisible que, según se ha comunicado oficialmente, no sería Pedro Sánchez quien comparecería ante el Congreso para dar cuenta de la evolución de la pandemia sino Salvador Illa, el ministro de Sanidad.

No, eso tampoco se puede admitir. Ésta es una obligación de quien ha asumido la gobernación del país y no puede en modo alguno escaquearse de sus responsabilidades. Es al presidente a quien corresponde ponerse al frente de un problema de estas dimensiones y que tiene ámbito nacional, y asumir las decisiones que se tomen, tal como han hecho hasta ahora los jefes de gobierno de todos los países de la Unión Europea y, en el caso de Francia, el presidente de la República.

Pedro Sánchez sabe que en este preciso instante podría tener dificultades para sacar esta barbaridad adelante porque todavía no cuenta firmemente con los votos favorables de sus socios de investidura con quienes, por cierto, el PSOE votó este jueves pasado un vergonzoso comunicado o manifiesto "en favor de la democracia".

Sólo echar un vistazo a los logotipos de algunas de las formaciones que acompañaban al PSOE en ese documento da una idea de por dónde está dispuesto a discurrir y hasta dónde está dispuesto a rebajarse políticamente el nuevo Partido Socialista con tal de mantener la cabeza fuera del agua y las posaderas confortablemente asentadas en el poder.

El movimiento de Sánchez tiene como propósito último que su persona desaparezca de la primera línea de fuego

Por lo que se refiere a la posibilidad de eludir el estado de alarma modificando la Ley de Salud Pública por la vía de urgencia, como propone el PP, ése sí que es un tema que permite un debate jurídico y yo no puedo pronunciarme sobre si con esa modificación se podrían tomar las medidas necesarias para combatir el virus limitando los derechos fundamentales de los ciudadanos bajo el amparo de la ley.

Pero lo que está claro es que el movimiento de Pedro Sánchez, con expertos o sin ellos, tiene como propósito último que su persona desaparezca de la primera línea de fuego de modo que el foco de la difícil y políticamente muy costosa batalla contra el virus no se pose sobre él sino sobre los presidentes de las comunidades autónomas y, en última instancia, sobre su ministro de Sanidad. A eso se le llama escurrir el bulto.

El plan es proteger su figura de un seguro desgaste, lo cual se conseguiría con las medidas que ha propuesto y que seguramente intentará imponer, o quizá ahora acepte negociar porque ya se ha dicho que por el momento no tiene los votos necesarios aunque algunas de las compañías con las que pretende recorrer este camino son directamente impresentables y su sola cercanía desprestigia profundamente al PSOE.

Y, como desde que se celebró la moción de censura se les ha estropeado el latiguillo que tanto le gustaba repetir a la actual Fiscal General del Estado -la derecha, la ultraderecha y la ultraultraderecha"-, ahora no les queda más remedio que recurrir al burdo reproche de amenazar al PP con volver a asimilarle a Vox porque pueden coincidir en el voto negativo a esos seis meses de corrido de un estado de alarma. Ni siquiera merece la pena desarrollar los argumentos para desmontar tal nivel de grosería intelectual.