Casado brindará a Sánchez el 'sí' de sus diputados en el Congreso para prolongar el estado de alarma siempre y cuándo éste se comprometa a reducirlo a ocho semanas -justo antes de que arranquen las festividades navideñas- y renuncie al plazo de seis meses que pretendía implantar el Ejecutivo. El líder del PP ha definido la postura de su partido este lunes en el marco de la clausura de la primera sesión del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, donde ha aclarado que, aunque él "preferiría" que la situación de excepcionalidad no fuese "más allá de un mes", ha decidido ampliar sus horizontes con el objetivo de alcanzar un "acuerdo" con el Gobierno tanto en materia sanitaria como jurídica.
En todo caso, el apoyo del PP a un nuevo estado de alarma no le saldrá gratis a Sánchez. Además de limitarlo a poco más de dos meses, Casado ha pedido al Gobierno construir, con el apoyo del principal partido de la oposición, una "alternativa jurídica" -el famoso 'plan B' que los populares llevan exigiendo desde el mes de mayo, que pasa por la reforma de la Ley de Salud Pública- para que cuando decaiga la alarma el país cuente con una legislación solvente a esta "excepcionalidad constitucional". "A partir de mediados de diciembre deberíamos tener ya una nueva legislación en vigor", ha expresado.
Y no es la única condición. Casado ha exigido también un férreo "control parlamentario" en lo que dure el estado de alarma, aunque ha aclarado que "no es suficiente" que sea el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que rinda cuentas en una Comisión, sino que éste papel debe corresponder "siempre" a Pedro Sánchez.
En el día de ayer, tal y como ha confirmado el propio Casado, el presidente del Gobierno mantuvo una conversación telefónica con el líder de la oposición en que le pidió el apoyo de su partido para prolongar el estado de alarma hasta el próximo mes de mayo. El jefe de las filas populares evitó dar un 'no' cerrado a Sánchez y accedió a sopesar su oferta. En las horas posteriores, los equipos de ambos gabinetes siguieron trabajando para llegar a un principio de acuerdo que, finalmente, se ha plasmado en las tres condiciones que el PP ha puesto este lunes encima de la mesa.
Casado ha calificado su contraoferta de "generosa", ya que un estado de alarma limitado a ocho semanas permitiría restringir la movilidad en los tres grandes puentes -el de la festividad de Todos los Santos y el de la Almudena de Madrid y el del 6 de diciembre- y, al mismo tiempo, "salvar la campaña navideña", ya que la alarma decaería justo antes de Nochebuena.
Un segundo estado de alarma es "un fracaso"
Eso sí, pese a la mano tendida, Casado ha criticado al Gobierno por decretar un segundo estado de alarma, lo que a su juicio no es más que la "constatación de un fracaso", aunque ha priorizado en este caso la necesidad de una "unidad" y de una "dirección conjunta" para paliar los efectos de la segunda oleada de la pandemia en España.
También ha censurado el líder del PP el fondo de la medida, ya que a su juicio Sánchez vuelve a "parapetarse" tras las comunidades autónomas y evita ofrecer un "plan común" que frene "17 estrategias distintas".
El estado de alarma establece como medida común para toda España el toque de queda -con posibilidad de que las distintas regiones lo adelanten o lo atrasen una hora-, pero deja en manos de las autonomías cerrar fronteras y restringir la movilidad entre diferentes territorios, así como aprobar medidas complementarias a las dictadas por el Ejecutivo. Aragón y Asturias han sido las primeras autonomías en decretar cierres perimetrales de todo su territorio, aunque no se descarta que se unan nuevas autonomías a implantar nuevas medidas en las próximas horas.
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