No hay el menor motivo de cualquier índole para indultar a los independentistas condenados por haber intentado el asalto más grave al Estado desde dentro del propio Estado. No hay ningún argumento que pueda justificar esa medida. Lo único que podríamos encontrar es una explicación de por qué el Gobierno decide, contra la opinión del ministerio Fiscal y del Tribunal Supremo -que aún no ha hecho pública su decisión-, indultar a estos golpistas que han reiterado una y otra vez que lo volverán a intentar.
Y la explicación es que al Gobierno de Pedro Sánchez le conviene crear ese clima preelectoral que favorecerá según sus cálculos, por un lado, las posibilidades de crecimiento en votos y escaños del Partido de los Socialistas de Cataluña, y por otro, la mayor disposición de ERC para aproximar posiciones después de las elecciones y pactar un posible gobierno de coalición con el añadido de los Comunes.
A Sánchez no le valdrá el argumento lacrimógeno de que es necesario restañar heridas
Ése es el cálculo y ésa es la razón por la que el asunto del indulto lleva rodando desde el mes de septiembre, cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció a la diputada de JxCat, Laura Borrás, sin que nadie se lo hubiera preguntado, que el Gobierno se disponía a estudiar esta medida de gracia para los condenados.
Pero nadie ignora que la medida de gracia que el Gobierno dice que se dispone a adoptar aun en contra de la opinión de la Fiscalía y la absolutamente segura opinión en contrario del Tribunal sentenciador –ya veremos lo que dice la Abogacía del Estado, aunque ahí podemos esperarnos cualquier cosa- no llegaría nunca a tiempo de aplicarse antes de las elecciones catalanas, que están convocadas para el 14 de febrero.
De modo que estamos, una vez más, ante una operación de propaganda política destinada a macerar a la opinión pública catalana y a ablandar las resistencias de los dirigentes de ERC para intentar que no caigan en la tentación de pactar un posible gobierno con sus odiados rivales de JxCat, preocupación que tiene cierto fundamento. Y, sobre todo, conseguir que no cedan ante la posibilidad acariciada por los de Puigemont de suspender la convocatoria electoral y aplazarla con la excusa de la pandemia para poder debilitar las opciones de sus antiguos socios y hoy detestados enemigos.
Porque es un hecho que los republicanos no quieren seguir prolongando la agonía que supone el desgaste para ellos de la gestión de la pandemia, en la que están implicadas sus consejerías –Salud, Bienestar y Trabajo y Educación- además de la propia presidencia en funciones que ostenta el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat Pere Aragonés.
El 29 de enero empieza la campaña. Faltan, pues, 25 días para eso y no es ni siquiera imaginable que la Abogacía del Estado primero y el Tribunal Supremo después, hagan pública su posición antes de ese día. Y mucho menos lo es el que, aun cuando la publicación de sus respectivas posiciones se hubiera producido en ese cortísimo plazo, el Gobierno se atreviera a conceder el indulto a los condenados en plena campaña electoral. Eso escapa a la imaginación más calenturienta.
El problema del flamante candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, es que este asunto va a estar presente a lo largo de toda la campaña y no ignora en absoluto que, en el momento en que él se pronunciara a favor de los indultos a los presos del intento de derribo de la Constitución, todos los votos que el PSC pretende hoy recoger del naufragio de Ciudadanos huirían despavoridos y se refugiarían en la abstención o en el Partido Popular. Con lo cual sus posibilidades de crecer en votos y escaños quedarían muy mermadas.
Pero, al margen de la utilización interesada por parte del Gobierno de la idea de un indulto, es evidente que si Pedro Sánchez se atreviera a conceder esa medida de gracia contra la posición de la Fiscalía y del Tribunal Supremo, estaría obligado a explicar a la opinión pública en que se basa para adoptar semejante decisión.
Y no le valdrá el argumento lacrimógeno de que es necesario restañar heridas porque esa es una política que se debe hacer sin cometer jamás el abuso y la irresponsabilidad de dejar sin efecto las condenas a quienes han cometido gravísimos delitos contra la Constitución y han advertido que volverán a intentarlo, además de no haber hecho jamás el menor movimiento a favor de ese restañamiento de heridas del que el Gobierno parece querer hacerse el único y exclusivo responsable.
Con esa medida de gracia, el Ejecutivo estaría enviando el mensaje de que sus intereses políticos están por encima del respeto a la ley y el cumplimiento de las sentencias de los tribunales ante delitos tan sumamente graves como los cometidos sin el atenuante de arrepentimiento alguno, antes al contrario. Algo que nos acercaría peligrosamente al comportamiento de los regímenes bolivarianos. Pero de eso tendremos que ocuparnos más adelante.
No hay el menor motivo de cualquier índole para indultar a los independentistas condenados por haber intentado el asalto más grave al Estado desde dentro del propio Estado. No hay ningún argumento que pueda justificar esa medida. Lo único que podríamos encontrar es una explicación de por qué el Gobierno decide, contra la opinión del ministerio Fiscal y del Tribunal Supremo -que aún no ha hecho pública su decisión-, indultar a estos golpistas que han reiterado una y otra vez que lo volverán a intentar.