Ha tardado en hacerse presente el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, seguramente para no incomodar a sus jefes políticos, dispuestos a pactar con los antisistemas de la CUP -lo hicieron ayer- dejar desprotegidas a sus fuerzas de orden público y empujar a Cataluña hacia la indefensión ante la anarquía.

Pero ha pronunciado una frase que resume exactamente lo que sucede en esa comunidad autónoma  y que se evidencia ahora de manera dramática. "Cataluña no tiene un problema de modelo policial sino de modelo social". Ahí está, eso es lo que le pasa a Cataluña. Pero no estamos hablando precisamente de los niveles de paro sino de una sociedad que ha ido creyendo progresivamente en las mentiras que sus dirigentes le han venido contando desde hace décadas y que, a partir de ahí, se ha mentido a sí misma y continúa haciéndolo, incapaz de revisar sus tremendas equivocaciones y escondiéndose una y otra vez tras la careta de la ficción.

Ése es un problema social de enorme envergadura y su existencia explica que, por ejemplo, en siete de los 10 barrios más ricos de Barcelona ganara la candidatura de JxCat, la opción independentista más radical, la que propone un enfrentamiento frontal con el Estado y sigue defendiendo una nueva declaración unilateral de independencia. Victoria que también se produjo en 23 de los 30 municipios con mayor renta de esa comunidad.

Ahí es donde viven los empresarios que pertenecen a distintas organizaciones empresariales y que ahora, aterrados ante el cariz que están tomando las cosas, reclaman a la Generalitat que tome cartas en el asunto y acabe con la violencia que se ha desatado en distintas ciudades catalanas pero fundamentalmente en Barcelona.

Cuando se apuesta por la radicalidad siempre, siempre, la batalla la acaban ganando los más radicales

Lo mismo les pasa a los comerciantes del Paseo de Gràcia, distrito que ha votado mayoritariamente a JxCat o a ERC, las formaciones independentistas.  Ahora sufren las consecuencias prácticas de las mentiras que las clases más pudientes se han ido contando a sí mismas desde tiempo inmemorial, y esas consecuencias no les gustan, naturalmente.

Pero la clase alta y medio alta catalana, empresarios por supuesto incluidos, han sido gustosos financiadores de esta locura que ahora se vuelve contra sus intereses. No es esto, no es esto, se dirán, como se dijo Ortega en 1931 ante los desmanes que empezaban a cometerse en la recién nacida República. Pero sí, es esto, precisamente es esto.

Porque sucede que cuando se apuesta por la radicalidad siempre, siempre, la batalla la acaban ganando los más radicales. Cuando se opta por caminar por esa senda hay que ser muy ingenuo o muy ignorante para no tener previsto que las posiciones más razonables dentro de la radicalidad elegida van a ser inexorablemente arrasadas antes o después por la hornada más extremista, y ésta a su vez por otra que apueste por ir más allá en el desafío. Y así sucesivamente hasta que se llega a la violencia  "inaudita y desbocada" en palabras del consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Samper, que es exactamente lo que sucede hoy en Cataluña.

Y llegados a este punto, los dirigentes políticos que han encabezado el enfrentamiento con el Estado, el desprecio y  posterior violación de las leyes y de la Constitución, la imposición por la vía de los hechos de lo que ellos han llamado la voluntat del poble, ignorando y acosando de todas las formas posibles a quienes no militan entre las filas de ese poble elegido que creía caminar firme hacia la independencia, esos dirigentes no se atreven ahora a enfrentarse y reprimir a los que son sus hijos políticos, y en muchos casos también biológicos, y que llevan años y medio incendiando las calles.

Por eso Pere Aragonés tardó la friolera de seis días en salir a condenar –tibiamente, no fuera a ser que se molestaran las juventudes independentistas– la violencia inaudita que estaba produciéndose una noche sí y otra también en Barcelona. Y por eso mismo, porque ellos no ignoran en absoluto que éste es el resultado de su adoctrinamiento en las aulas y en todos los foros donde han tenido la oportunidad de expresarse, empezaron hace unos días a cuestionarse públicamente  el "modelo policial" que les parecía excesivamente represor de las justas manifestaciones de protesta.

Dicen que quieren una policía más "democrática". Traducido, unos Mossos que hagan de comprensivos colegas de los manifestantes. En definitiva, una policía inservible para cumplir su cometido, que es el de defender a la sociedad restaurando el orden público

La ignominia ha llegado hasta este pasado lunes cuando la cabeza de lista de la CUP, Dolors Sabater, anunciaba que su partido había alcanzado un acuerdo con ERC sobre los Mossos –condición sine qua non para que los antisistema apoyen un gobierno presidido por los republicanos– en virtud del cual se privará a la policía autonómica de la posibilidad de usar balas de foam contra los participantes en una manifestación violenta, la Brigada Móvil –Brimo– no participará en los desahucios y la Generalitat se retirará y no se personará nunca más como acusación popular en las causas abiertas contra independentistas por altercados y desórdenes.

Es decir, el probable gobierno catalán pacta desproveer a sus fuerzas de seguridad de la posibilidad de reprimir actos de violencia como los que estamos viendo todos los días y acepta dejarla desarmada ante los ataques contra las instalaciones urbanas, contra los comercios y contra los mismos policías. Y pacta también no personarse en defensa de la ciudadanía y contra sus agresores. En definitiva, pacta la irrupción y el dominio de la anarquía. Y lo hace por miedo a quienes han traducido sus propios planteamientos, sus propios discursos, en clave de violencia.

Pero, claro, ante el espanto de los burgueses delicadamente independentistas pero que en la realidad, y levantada la costra de las mentiras, son más conservadores y más de derechas que Don Pelayo, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha tenido que recurrir una vez más al embuste y ha salido a untar con vaselina el anuncio de la representante del grupo ultraizquierdista  cuyo voto le es imprescindible a su partido para alcanzar el poder.

Dice Vilalta que se han comprometido a "estudiar la viabilidad de los acuerdos pactados, cuáles son aplicables y cuáles no y cómo los aplicamos". Lo que ella y todos los demás en su partido saben de sobra pero intentan ocultar es que la mayoría de esos pactos, salvo el de desproteger a su propia policía, no se puede aplicar porque no es legalmente posible.

Ahora seguramente se envolverán en el enésimo argumento exculpatorio de las juventudes secesionistas adoctrinadas en el odio a España desde su más tierna infancia recurriendo a la excusa de que la mayor parte de los vándalos que han sido detenidos por la policía son italianos y un francés. Els nostres no son tan violentos, se dirán mintiéndose por enésima vez.  

Se mienten porque sí lo son y porque, además, sin el clima de violencia extrema exhibida en multitud de ocasiones, en ésta también, por sus cachorros y justificada sistemáticamente por sus progenitores políticos, los anarquistas italianos o de cualquier otra parte de España o del mundo no tendrían hueco en Barcelona ni tendrían a su disposición el uso de naves industriales que son auténticos almacenes de armas ofensivas.

De hecho, los miembros de Arran, la organización juvenil de la CUP, reivindicaban en Twitter los disturbios con una imagen de la furgoneta incendiada con un agente dentro y otra de una entidad bancaria, también incendiada y arrasada, junto con una leyenda acusatoria y, cómo no, victimista.

Muchos electores de JxCat y de ERC tienen ahora ante los ojos la traducción más radical y más violenta de lo que durante décadas han cultivado

Pero todos sabemos de dónde proceden los miembros de los CDR y de las juventudes de la CUP, cuyos mayores, por cierto, se han abstenido incluso de hacer el paripé que han hecho los otros dirigentes secesionistas y no se han molestado en condenar la violencia. Claro, ¿cómo van a condenar que sus chicos hagan lo que se les ha enseñado?

Dos ejemplos de lo que digo: la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó salió ayer por fin a condenar la violencia producida estos días pero ha defendido el derecho a manifestarse "ante la involución democrática que se está produciendo como consecuencia de la represión ejercida día tras día por el Estado". Y Vilalta, que en su intervención puso en el mismo plano "los abusos en el ejercicio del derecho a la manifestación y en la actuación de los Mossos". A partir de ahí qué se puede esperar sino lo que tenemos delante.

Dice la cupaire Sabater que es una hipocresía condenar la violencia de los manifestantes si no se da salida a sus reivindicaciones que, naturalmente, no tienen nada que ver con el rapero encarcelado ni con la libertad de expresión sino con la deliberada exhibición de cómo se puede someter a toda una clase política acobardada simplemente traduciendo en barbarie sus argumentos políticos.

Y ahora los líderes se reúnen de urgencia para hacer como que hacen pero todo con la boca pequeña y pactando con la ultraizquierda una auténtica rendición por la que se pone a la población catalana literalmente en manos de quienes buscan desmontar el orden  de una sociedad libre y democrática.

Los dirigentes catalanes independentistas tienen lo que han sembrado. Y muchos electores de JxCat y de ERC tienen ahora ante los ojos la traducción más radical y más violenta de lo que durante décadas han cultivado y han apoyado con su voto. Son ellos los últimos responsables.

Ha tardado en hacerse presente el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, seguramente para no incomodar a sus jefes políticos, dispuestos a pactar con los antisistemas de la CUP -lo hicieron ayer- dejar desprotegidas a sus fuerzas de orden público y empujar a Cataluña hacia la indefensión ante la anarquía.

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