La ministra de Igualdad, Irene Montero, parece no saber cuál es su papel institucional como miembro del Gobierno. Además de haber pergeñado dos bodrios jurídicos que, por esa razón entre otras, siguen sin ver la luz y puede que el presidente del Gobierno llegue a convocar elecciones y todavía la llamada ley del “sí es sí” y la ley trans sigan guardadas en el cajón, ahora nos sorprende haciendo el papel de juez supremo y decretando la culpabilidad de un presunto maltratador que no ha sido condenado por los tribunales.

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