La UE pone firme al Gobierno sobre el Poder Judicial

Bien, pues ya está todo muy clarito desde la Unión Europea que, con sus habituales y sedosos modos diplomáticos, ya ha dicho a España qué es lo que tiene que hacer en lo relativo al órgano de gobierno de los jueces: primero, retirar aquella bomba propia de un régimen autoritario que Pedro Sánchez tenía guardada en el congelador para utilizarla como amenaza, que era la modificación de la ley Orgánica del Poder Judicial para que los miembros del CGPJ pudieran ser elegidos por mayoría absoluta del Congreso.

Ante semejante barbaridad que, como ha reconocido el comisario europeo de Justicia Didier Reynders, podría haber obligado a la Comisión a llevar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si se hubiera llevado a cabo, el ministro español de Justicia, juez de profesión para mayor inri, se ha apresurado a anunciar que el Gobierno va a proponer a los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos que retiren esa proposición de ley del Congreso de los Diputados.

Porque esa era la otra cuestión infame e infamante: la propuesta de modificación de la ley no se presentó como proyecto de ley, procedente por lo tanto, del Gobierno. No, no, aquel bodrio se había presentado como proposición de ley, es decir, como iniciativa de los grupos parlamentarios, porque así se eludían los preceptivos aunque no vinculantes informes del Consejo de Estado y del CGPJ, que hubieran sido rotundamente negativos.

Y como esa maniobra, producto sin duda de la mente de quien no tiene el más mínimo respeto por la independencia judicial y no sabe siquiera lo que significa la separación de poderes no hubiera tenido jamás un pase en la Europa democrática de la que afortunadamete formamos parte, al Gobierno no le ha quedado otra que anunciar su retirada por parte de los grupos parlamentarios que la habían registrado en el Congreso.

Pero esto ha sido después de que nuestro ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se hubiera reunido con la vicepresidenta de la Comisión responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourova, ante la que se comprometió a retirar ese atentado frontal contra las bases del Estado de Derecho.

Podemos se negó de entrada a retirar la proposición de ley y el presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens, dijo: "Hasta la fecha nos parece la mejor solución y hasta que no tengamos una alternativa, no estamos de acuerdo en retirar esa iniciativa". Pero después han reconocido que la tal iniciativa estaba muerta desde hace tiempo porque el PSOE ya no la iba a apoyar. "Por lo tanto, asumimos su retirada de facto" aceptó, aunque ha reclamado al PSOE que proponga otra alternativa.

Los tribunales de cualquier país democrático no pueden cumplir su función constitucional soportando durante mucho tiempo tantos huecos en su estructura

La alternativa se la han dado ya hecha desde la propia Comisión. El mismo comisario de Justicia ha explicado en un encuentro con periodistas que ahora lo que falta es que los grupos del Congreso se pongan de acuerdo y se comprometan a cumplir con los estándares europeos "en su totalidad". ¿Y cuales son esos estándares? Pues la fórmula que se viene defendiendo por las fuerzas respetuosas con lo mandatado por la Constitución pero que en el año 1985 se modificó para que los vocales del CPJ fueran elegidos por el Parlamento con una mayoría de 3/5: que el órgano de gobierno de los jueces sea elegido por los propios jueces.

"En el futuro esperamos", ha precisado Didier Reynders "una reforma en España para que al menos [la cursiva es mía] el 50% de los miembros sean elegidos por los jueces". No ha metido prisa el comisario europeo, que ha tenido en cuenta que éste era un tiempo de elecciones, aunque autonómicas, pero muy importantes para el diseño futuro del paisaje político español, pero ha sido muy claro al reclamar que todas las fuerzas se comprometan a abordar esa reforma en cuanto se hayan celebrado estos comicios.

Aunque ha hecho otra precisión sobre lo que le chirría a la Comisión -lo ha expresado en términos mucho más diplomáticos-: lo que él ha llamado "el vínculo entre la Fiscalía General y el Poder Ejecutivo". Y no es nada sorprendente habida cuenta de que la actual Fiscal General del Estado español pasó de ejercer su cargo de ministra de Justicia a la Fiscalía General sin solución de continuidad, lo cual resulta definitivamente escandaloso para cualquiera que se tenga por demócrata, lo cual supone que crea en la separación efectiva de poderes.

La Comisión europea, por lo tanto, sabe perfectamente de lo que está hablando y expone los mínimos legales que exige para dar luz verde al diseño de esa separación de poderes en nuestro país, que debe incluir necesariamente un escrupuloso respeto a la independencia del Poder Judicial. Por eso el comisario de Justicia ha repetido innumerables veces durante su encuentro con los corresponsales europeos la necesidad imperiosa de que como mínimo -como mínimo ha dicho y ha vuelto a decir- la mitad de los vocales del CGPJ sean elegidos "por sus pares".

Y se ha extendido ante los periodistas lo suficiente como para que no le cupiera a nadie la menor duda de a qué se estaba refiriendo. "Si a una parte del CGPJ la eligen los jueces es precisamente para distanciarse de los cuerpos políticos. Ésa es una garantía para ciudadanos y empresas de que el sistema es totalmente independiente".

Podemos aventurar ahora mismo que el pacto para la renovación del CGPJ estará hecho muy poco después de que se hayan celebrado las elecciones de Madrid

Más claras no se pueden dejar las cosas así que ya sabemos por dónde van a tener que discurrir las negociaciones entre el PP y el PSOE aunque en este país tan "relajado", por no decir otra cosa, esta negociación se lleva a cabo entre el primer partido de la oposición y el propio Gobierno sin que nadie ponga el grito en el cielo.

Por lo tanto, podemos aventurar ahora mismo que el pacto para la renovación del CGPJ estará hecho muy poco después de que se hayan celebrado las elecciones de Madrid. Este es un acuerdo que corre ya demasiada prisa dado que, para presionar al PP, el Gobierno ha modificado la ley de un modo dudosamente constitucional puesto que establece que un Consejo que esté en funciones, y éste lo está, no puede ya efectuar nombramientos judiciales, privándole así de su función primordial, que es precisamente la que le convierte en el órgano de gobierno de los jueces. Hay en este momento decenas de nombramientos pendientes y los tribunales de cualquier país democrático no pueden cumplir su función constitucional soportando durante mucho tiempo tantos huecos en su estructura.

Y, dado que la posición electoral del Podemos es progresivamente débil y que la victoria de la candidata del PP en las elecciones de Madrid está casi asegurada, no solamente en escaños sino en la posibilidad de formar gobierno, la viejas exigencias de Pablo Iglesias de colocar a dos de los suyos -dos con nombres y apellidos- tendrán ahora bastante menos fuerza de la que tuvieron en el pasado.

Superado ese escollo, no existe ningún otro obstáculo para el acuerdo. Eso sí, teniendo en cuenta qué es lo que exige Europa para que el CGPJ pase el control de calidad democrática de este club del que menos mal que somos miembros.