La Generalitat presentó ayer su plan para que los altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza de 5,4 millones de euros por crear embajadas y malversar dinero público en acciones de promoción exterior (Diplocat) queden exentos de poner ni siquiera un euro de su bolsillo.

El plazo impuesto por el Tribunal de Cuentas para depositar la fianza vence el próximo día 21, así que había que darse prisa, antes de que se procediera al embargo de sus bienes. El Gobierno de Cataluña, en manos de ERC y Junts, garantiza así que los dirigentes de dichos partidos no tendrán que afrontar el coste de unas decisiones declaradas ilegales por el Tribunal Supremo.

Hoy se publicará el decreto en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña donde conoceremos los detalles de la creación de un fondo de 10 millones de euros para hacer frente a dichas fianzas.

La rueda de prensa del consejero de Economía, Jaume Giró, y de la consejera de Presidencia, Laura Vilagrá arrojó más sombras que luces sobre este convoluto creado ad hoc para aliviar a Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros.

Para eludir un posible delito de prevaricación, el sistema empleado por la Generalitat resulta complicado y más bien confuso. Según informaron los consellers, el dinero será transferido por la Generalitat al Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que, a su vez, dará un aval por esos 10 millones a una entidad financiera que será la que, en última instancia, transfiera el dinero al Tribunal de Cuentas.

¿De qué partida presupuestaria saldrá el aval que se transferirá a ICF? Los consejeros no dieron respuesta a esa simple pregunta. ¿Qué banco será el que finalmente transfiera el dinero al Tribunal de Cuentas? Tampoco hubo respuesta a esa cuestión.

El gobierno de Cataluña considera que la malversación puede considerarse como un «acto derivado del ejercicio del cargo» de sus máximos responsables

El método elegido para librar a los altos cargos de hacer frente a sus responsabilidades es extraño. El ICF, que en su día la Generalitat concibió como un embrión de banco central en el contexto de una república independiente, tiene como fin «impulsar el acceso a la financiación al tejido económico de Cataluña». ¿Qué tienen que ver los avales por malversación de fondos públicos con el acceso a la financiación de las empresas catalanas? Raro, ¿verdad?

Giró se explayó en la explicación para que los aturdidos periodistas asumieran que la Generalitat no estaba poniendo en marcha un mecanismo para financiar el pago de responsabilidades personales por delitos de malversación. Pero su relato no aclara nada, o bien lo aclara casi todo. Si los altos cargos que accedan al fondo para pagar sus fianzas son finalmente condenados por la Sala Tercera del Supremo (un proceso que puede llevar unos dos años), entonces el banco, que todavía no sabemos cuál será, tendrá que pagar el dinero al Tribunal de Cuentas. Pero la garantía del ICF se mantendrá hasta que las instancias europeas -se entiende que el TEDH- se pronuncien, otro proceso que puede llevar un par de años. En el supuesto caso de que esas instancias europeas ratificasen las condenas, entonces sería cuando la Generalitat les reclamaría el dinero a los condenados. «Con intereses», recalcó Giró. Largo me lo fiais.

Pero lo que me llama más la atención de este artilugio creado para auto concederse la gracia de no pagar -utilizando para ello los impuestos de los ciudadanos- es la explicación de por qué se hace. Según la tesis de Vilagrá, que seguramente hoy veremos reflejada en el BOE catalán, el fondo tiene como fin cubrir las responsabilidades pecuniarias «por actos derivados del ejercicio del cargo». Es decir, que la Generalitat entiende que malversar dinero público, si es para lograr la independencia, entra dentro de los actos propios del ejercicio de las responsabilidades de los altos cargos de la administración autonómica. De traca.

El Tribunal de Cuentas no tiene más remedio que aceptar el dinero que le llegue desde una entidad financiera. Sólo el Gobierno podría recurrir el decreto que se publica hoy. Pero no lo hará. En el nuevo escenario de reconciliación está claro que los únicos paganos seremos los ciudadanos de a pie.