El Rey Emérito, Juan Carlos I.
¿Ha sido, durante décadas, el padre del actual jefe del Estado un comisionista de lujo? ¿Ha tenido realmente don Juan Carlos de Borbón un comportamiento 'no ejemplar' o, directamente, irregular? Estas preguntas, que se formulan desde hace años buena parte de la opinión pública y de la propia clase política española, lejos de contestarse, se recrudecen cada vez más conforme aparecen nuevos indicios de posibles conductas irregulares, en forma de presuntos delitos financieros, por parte del Rey Emérito. Unas sospechas que dañan, tal vez de forma irreparable, a la más alta Institución del Estado y producen un lamentable deterioro de la confianza de los ciudadanos en un Sistema que, con sus lógicos vaivenes, sigue funcionando de forma ejemplar. ¿Será capaz la Justicia, de forma independiente y clara, de dar respuesta a estos interrogantes?
El pasado viernes día 3 de septiembre desayunábamos con una nueva bomba informativa, otra más, respecto al origen presuntamente irregular de la fortuna del monarca. La explosión se producía en forma de comunicado del Ministerio Público que dirige la exministra de Justicia, Dolores Delgado. La Fiscalía del Tribunal Supremo no ha podido ser más clara en su pronunciamiento sobre don Juan Carlos de Borbón. Una toma de posición acerca del Rey Emérito de la que, además, no existían precedentes. Hasta ahora.
El Ministerio Público, liderado entre otros por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sostiene que dispone de "elementos indiciarios" de que "los fondos (del anterior jefe del Estado) tendrían, entre otras, procedencia ilícita". Y señala cuatro posibles delitos: blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y uno más contra la Hacienda Pública. La Fiscalía es extremadamente cuidadosa al señalar que lo que se investiga es la posible comisión de esos delitos, lo que no quiere decir necesariamente que estos se cometieran en realidad. Todo por sus pasos, y con las máximas garantías. Las propias de un Estado de Derecho como es España.
La clave suiza
Lo cierto es que la maquinaria judicial no se detiene y son ya tres las comisiones rogatorias que se han enviado, desde febrero, a la Fiscalía de Suiza para que remita a sus colegas españoles toda la información de la que disponga sobre una Fundación, de nombre Zagatka, propiedad de un primo de don Juan Carlos, Álvaro de Orleans, de quien se ha presumido en algunas informaciones que podría haber actuado como testaferro del Rey Emérito. No en vano, siempre ha resultado sospechoso que esta persona sufragara en el pasado costosísimos gastos privados, por ejemplo, de ciertos desplazamientos del monarca. La información llega después de que a principios de este verano pasara por Madrid Ives Bertossa, fiscal del primer cantón de Ginebra, para intercambiar datos con sus colegas españoles sobre una sospechosa transferencia de 64,8 millones de euros desde Arabia Saudí a Fundación Lucum, relacionada con el entonces rey Juan Carlos I en agosto de 2008.
La más alta Institución del Estado no puede permitirse, ni un segundo más, mirar hacia otro lado
¿Tendría que ver esa cantidad con un presunto cobro de comisiones por la concesión de las obras del AVE a La Meca a una UTE española? El tiempo y los jueces lo determinarán. Pero los indicios son cada vez más abrumadores; bajo el foco de la sospecha está también la donación de esa cantidad, cuatro años después, a su íntima amiga Corinna Larsen, principio del fin de todas las desdichas actuales del anciano exjefe del Estado. 'Cherchez la femme'. De las respuestas de las citadas comisiones rogatorias, que aún pueden tardar algunos meses, dependerá que los indicios puedan convertirse en pruebas, que se desestimen o que abran incluso nuevas vías de investigación acerca de asuntos aún no conocidos. Es mucho aún lo que falta, probablemente, por investigar.
Urgen respuestas claras
La más alta Institución del Estado no puede permitirse, ni un segundo más, mirar hacia otro lado ante el cúmulo de indicios, de sospechas, de informaciones, que crecen semana tras semana, mes tras mes, sobre las presumibles, o no, conductas irregulares -algunas presuntamente delictivas- de quien fuera durante décadas su máximo responsable. Sé que lo que planteo tiene una difícil traducción constitucional ya que la Carta Magna no otorga a la Corona, en esto como en otras cuestiones, un papel más allá de lo meramente testimonial o para ser respetuosos con la letra exacta de la Ley de Leyes, ‘moderador’ y ‘arbitral’. A pesar de ello, una declaración o un guiño a la opinión pública no estaría fuera de lugar.
Los gestos en la vida pública son a veces tan fundamentales como los hechos y servirían, primordialmente, para proteger a la propia Institución, ya que tanto se apela a su preservación -casi a costa de cualquier cosa- para preservar su papel de 'clave de bóveda' del sistema constitucional que vertebra nuestra convivencia. Solo los más ultramontanos, o conspicuos defensores a ultranza de la Monarquía, que no son pocos, aunque parezca mentira en pleno siglo XXI, pueden ver con recelo lo que propongo.
Ni España ni los españoles merecen continuar en este 'impasse'
Por lo que al resto de poderes del Estado se refiere, ya que el judicial sí que está haciendo su trabajo, el Congreso de los Diputados -es decir, el Legislativo- no puede seguir bloqueando una comisión de investigación sobre los presuntos negocios de quien todavía ostenta el título de Rey Emérito. Si queremos dotar de modernidad a una Institución que ancla su esencia en siglos pretéritos, comencemos por tratar a sus representantes como lo que son: mortales, como todos los demás, y no depositarios de un imaginario derecho divino superado ya desde la Revolución Francesa.
Si no hay nada que ocultar, el Emérito debe regresa
No estaría de más que el propio don Juan Carlos regresara a España, cosa que sus propios propagandistas reconocen que pueda hacer cuando le dé la 'real gana' para defenderse, con sus letrados, que los tiene, y la ley en la mano, de todos estos indicios, si es que realmente son falsos. Su permanencia durante mucho más tiempo en su dorado "exilio" de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, seguiría dando un peligroso pábulo a la sospecha generalizada de que intenta eludir el control público, al que el resto de los españoles sí que estamos sometidos, sobre sus finanzas y su conducta fiscal. Solo de esta forma, podría evitarse que formaciones políticas como Unidad Podemos caigan en la caricatura -lógica por otra parte a la luz de lo que se va conociendo- de comparar la fuga del ex director General de la Guardia Civil, Luis Roldán, con la salida del territorio nacional del padre del actual Rey de España. Ni España ni los españoles merecen continuar en este 'impasse'. Los servicios, indudables, prestados por don Juan Carlos a la reconciliación nacional y a la instauración de la democracia, no pueden seguir pesando más que la exigible transparencia sobre la ejemplaridad de quien, durante casi 40 años fue el primero de todos los españoles.
¿Ha sido, durante décadas, el padre del actual jefe del Estado un comisionista de lujo? ¿Ha tenido realmente don Juan Carlos de Borbón un comportamiento 'no ejemplar' o, directamente, irregular? Estas preguntas, que se formulan desde hace años buena parte de la opinión pública y de la propia clase política española, lejos de contestarse, se recrudecen cada vez más conforme aparecen nuevos indicios de posibles conductas irregulares, en forma de presuntos delitos financieros, por parte del Rey Emérito. Unas sospechas que dañan, tal vez de forma irreparable, a la más alta Institución del Estado y producen un lamentable deterioro de la confianza de los ciudadanos en un Sistema que, con sus lógicos vaivenes, sigue funcionando de forma ejemplar. ¿Será capaz la Justicia, de forma independiente y clara, de dar respuesta a estos interrogantes?