La propuesta de la semana laboral de 32 horas la llevó al Congreso de los Diputados Iñigo Errejón en febrero de este año. La idea estaba avalada por Compromís y contemplaba unas ayudas públicas de 50 millones de euros para compensar las pérdidas de las empresas que se apunten al experimento.

Errejón condicionó su apoyo a los presupuestos a que el Gobierno aceptase introducir una partida presupuestaria para sacar adelante la semana de cuatro días. En un primer momento, a Pedro Sánchez le entró la risa, aunque ahora marea la perdiz para asegurarse los 3 votos de Más País/Compromís… por si acaso los necesita.

Como publicaba ayer este diario la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE en coalición con Compromís, ha dado luz verde a esta innovación que se pondrá en práctica a partir de 2022 y que contará con unas ayudas públicas de 10 millones de euros distribuidos en tres años.

La justificación del recorte en horas de trabajo -insisto, con el mismo sueldo- tiene que ver, según sus defensores, con la conciliación familiar y con la salud laboral de los trabajadores. «Cuando los trabajadores están más a gusto, contribuyen más, están más descansados y tienen menos problemas psicológicos», afirma el asesor del secretario autonómico de Empleo de la Comunidad Valenciana, Joan Sanchís.

Errejón ha condicionado su apoyo a los presupuestos a que Sánchez le compre la idea, que será puesta en práctica en la Comunidad Valenciana en 2022

La idea no es rechazable en sí misma. Aunque, ya puestos, ¿por qué no una semana de tres días? La cuestión es si las cuentas de resultados de las empresas pueden soportar la pérdida de un día de trabajo a la semana manteniendo los mismos costes laborales. Si hay empresas que pueden hacerlo significa que son muy rentables y sus trabajadores muy productivos. Pero estaríamos hablando de compañías no cotizadas, dado que esa reducción sustancial de beneficios sería duramente castigada por los inversores.

Así que esa iniciativa quedaría circunscrita a sociedades muy rentables no sometidas a los avatares de sus cotizaciones bursátiles.

La pérdida de margen podría ser financiada por el Estado, como figura en la iniciativa que va a poner en marcha la Generalitat valenciana. Pero, obviamente, estamos hablando de cantidades simbólicas, que en ningún caso podrían hacer frente a una avalancha de peticionarios. Un Estado con enorme superávit podría permitirse el lujo de pagar ese día de descanso extra a los trabajadores. Pero no es el caso. Ni en el Estado central, ni en la administración valenciana (altamente deficitaria).

En España hay 3,5 millones de parados (según la última EPA: un 15,26% de la población activa) y reducir esa cifra debería ser la prioridad en política económica de los partidos políticos serios. Ninguna empresa va a engordar sus nóminas contratando a más trabajadores una vez que hubiera reducido en un quinto las horas trabajadas manteniendo al mismo tiempo sus costes. Esa medida sería absolutamente contraproducente con la tarea de reducir el número de parados.

Además, en España se pierden justamente 1.7000 millones de horas de trabajo al año. Es decir, que todos los días hay más de un millón de trabajadores que no acuden al trabajo (una parte importante con la baja, pero unos 200.000 sin ese justificante). Somos campeones en absentismo laboral.

La aseveración de que los trabajadores producen más cuando están más descansados es difícil de demostrar. Hay países con una productividad muy alta en los que las jornadas de trabajo superan las ocho horas. Sin que ese tenga que ser nuestro modelo a seguir.

Por supuesto que hay algunas empresas (muy pocas) que han decidido implantar la semana de cuatro horas. Están en su derecho. Pero proponerlo como modelo no sólo es un error, sino un contrasentido.

Más País, como Compromís, parten de la idea de que el trabajo es algo que hay que reducir al mínimo posible, una especie de castigo divino. Como si el empleo fuera incompatible con una vida plena y sana. Pero eso es falso. La mayoría de las enfermedades psicológicas en mayores de edad se producen en personas que no pueden conseguir un empleo.

Entiendo que Más País ponga en marcha ocurrencias que llamen la atención (es una manera de hacerse presentes cuando su representación es tan exigua), pero no entiendo que el Gobierno central coquetee con ellas o que un gobierno autonómico se lance a ponerlas en marcha, aunque sea a modo de experimento social.

Tenemos demasiados problemas serios como para financiar ideas que no conducen sino a generar frustración y despilfarro de dinero público.