Está siendo muy celebrado el inesperado y repentino pacto entre el PP y el PSOE sobre la renovación de los órganos constitucionales. Sin embargo, al haber quedado resuelto este acuerdo en horas 24, permite asegurar que nunca hubo obstáculo alguno para este acercamiento y posterior pacto fuera de los intereses particulares de cada uno de esos dos partidos por mantener tensada la cuerda en una utilización inaceptable de cada uno de esos órganos.

Los miembros de éstos han estado, por lo tanto, ocupando sus puestos cuya vigencia estaba caducada de largo, haciendo demostración de un ejercicio de responsabilidad que es lo que les ha faltado en el mismo grado a quienes dirigen cada uno de los dos partidos, PSOE y PP.

El Defensor del Pueblo lleva desde 2017, nada menos, sin titular aunque la responsabilidad ha sido asumida hasta ahora por el número dos de la institución, Francisco Fernández Marugán, que ha cumplido excelentemente su función sin que eso sirva para dejar de poner al descubierto la profunda y frívola actitud de lo que se supone que son dos “partidos de gobierno”, o así se definen ellos mismos.

El presidente del Tribunal Constitucional, su vicepresidente y dos más de sus magistrados llevan desde noviembre de 2019 esperando a ser relevados por los sucesores designados entre PP y PSOE, acuerdo que dos años después se va a concretar porque a ambas formaciones les ha convenido ahora, y no antes, alcanzar un pacto que podrían haber tenido listo desde hace dos años.

El TC es objeto, o más bien víctima, de un baile de cálculos particulares de cada uno de estos partidos

El TC es objeto, o más bien víctima, de un baile de cálculos particulares de cada uno de estos partidos. Ahora se va a renovar el tercio de los que son nombrados por el Congreso de los Diputados, dos por el PSOE y dos por el PP. Por lo tanto, los populares mantienen la mayoría conservadora, lo cual creen que les conviene -aunque ese cálculo se ha demostrado muchas veces equivocado- porque aún está pendiente que el Tribunal de garantías dicte la resolución de los recursos planteados por Oriol Junqueras y por Carme Forcadell sobre la sentencia del Supremo contra los líderes independentistas. 

Pero en junio toca otra renovación por la que dos magistrados serán nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ que, vaya por dios, ya no puede decidir nombramiento alguno porque la coalición PSOE-Podemos logró aprobar una ley que impide a ese órgano constitucional efectuar cuando se haya cumplido su mandato una de sus funciones más fundamentales como es precisamente nombrar a los magistrados en los distintos tribunales.

De modo que esa mayoría conservadora que conviene al PP, que ya digo que no se corresponde con las votaciones hechas por los miembros del TC en multitud de ocasiones, le va a durar unos meses a los de Pablo Casado, a menos que volvamos a asistir a una segunda ronda de bloqueo entre los dos partidos en este pulso interminable e injustificable al que se dedican con pasión. Pero no lo descartemos.

Los miembros del Tribunal de Cuentas están en una mejor situación porque su mandato expiró oficialmente el pasado mes de julio. Aquí también hay un interés directo e inmediato de ambos partidos porque el Tribunal está  a punto de imponer  justamente en estos días el embargo de bienes de los dirigentes independentistas catalanes más una veintena larga de segundos niveles después de que la delegada instructora haya rechazado ayer la pretensión de los interesados de que la Generalitat avale las fianzas de los acusados de malversar fondos públicos precisamente de la propia Generalitat de Cataluña.

La directora de la Agencia de Protección de Datos, Mar España lleva más de dos años con el mandato caducado sin que el Partido Socialista haya movido un dedo de manera efectiva para cumplir su obligación puesto que este es un cargo que se ocupa por nombramiento del Gobierno a propuesta del ministro de Justicia y el mandato de la señora España caducó en julio de 2019, ya “reinando” Pedro Sánchez.

Pero todo este acuerdo rapidísimo alcanzado en apenas un par de conversaciones entre el Gobierno y el PP ha dejado fuera del pacto al CGPJ el órgano constitucional cuya renovación es urgente e imprescindible en la medida en que, ya lo he dicho antes, el Gobierno de coalición apoyado por sus socios de investidura, aprobaron en marzo de este año una ley que prohíbe a los vocales del órgano de gobierno de los jueces con el mandato caducado hacer nombramientos.

Independientemente de lo que diga el TC, la decisión constituye un auténtico atentado contra el Poder judicial

La ley está recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional pero, independientemente de lo que diga el TC, la decisión constituye un auténtico atentado contra el Poder Judicial como uno de los tres Poderes de un Estado democrático. Y eso es así porque, por decisión política de estos partidos, los tribunales españoles están condenados a la asfixia en la medida en que los puestos vacantes en todos los tribunales de segunda y tercera instancia no pueden ser cubiertos, con lo que tienen que impartir justicia dramáticamente disminuidos en su composición. 

Una situación inadmisible que se mantendrá durante todo el tiempo que dure el desacuerdo entre PSOE y PP sobre el modo de elección de los vocales del CGPJ. Y casualmente, ése ha sido el único órgano que no va a ser renovado. 

Independientemente de la posible inconstitucionalidad de la ley aprobada esta primavera pasada y de lo que supone de chantaje político sobre el adecuado funcionamiento de un órgano constitucional de importancia capital para la salud de nuestro sistema democrático, la excepción acordada sobre el CGPJ resulta especialmente intolerable.

Ya se han hecho todos los movimientos posibles para que las instituciones europeas se pronuncien sobre la conveniencia de que el Poder Judicial español adquiera la apariencia pública de independencia que de hecho es una realidad en los jueces españoles. 

Y aunque el Gobierno sostenga que la Comisión europea le ha dado la razón, la realidad es la contraria: tan sólo hace un mes el comisario de Justicia, Didier Reynders reclamó a las autoridades de nuestro país una reforma del sistema de elección de los jueces “que cumpla con las recomendaciones del Consejo de Europa” para que más de la mitad del CGPJ sea elegida directamente por los jueces.

El PP acepta que el CGPJ que se renueve ahora -ahora significa cuando quiera que sea- se haga con el sistema de negociación y pacto entre los partidos con representación parlamentaria -cosa que tampoco se cumple porque negocia el Gobierno y no el PSOE- pero que en la próxima renovación se aplique ya el sistema que la Constitución había dado por sentado hasta que el gobierno de Felipe González decidió modificar a su conveniencia.

Así que es el PSOE el que se mantiene en su negativa a aceptar una petición que viene respaldada también por las distintas instancias y por los organismos europeos.

A partir de ahora, y dados los acuerdos en todos los demás órganos, no será de ningún modo justificable mantener ahogado al Poder Judicial y menos mantener esa posición durante mucho más tiempo.

El acuerdo es, si cabe, más urgente y más exigible que nunca.