La semana que acabamos de dejar atrás nos ha dejado varias anécdotas, de muy diferente naturaleza, pero que no conviene pasar por alto, si queremos seguir teniendo la sensación -o algo más que eso- de que vivimos en una democracia consolidada y acorde con los estándares de calidad exigibles para cualquier potencia de eso que se ha dado en llamar el mundo civilizado. ¡No olvidemos nunca que somos la décima potencia entre los países industrializados!

El pasado martes, como se sabe, España y las naciones de habla hispana celebraban lo que se conoce como ‘Día de la Hispanidad’. Paso por alto el anacronismo que supone derrochar tanta pompa en fastos que, me temo que no están ya en la diaria preocupación de buena parte de la sociedad española, más si tenemos en cuenta de que la historiografía que los vertebra se ha convertido en uno de los pilares de ese populismo emergente de extrema derecha que vimos en el evento ‘Viva 21’, organizado por Vox. Hablar de Lepanto o de los conquistadores en medio de los esfuerzos por superar una terrible crisis sanitaria, y por ende económica y política, como la que hemos atravesado me parece, sinceramente, un sarcasmo. 

En realidad, la atención, y esto es aún más preocupante, no estaba como otros años en defender el papel de los conquistadores españoles y rebatir la conocida ‘Leyenda Negra’, o en revisar la historia conforme a parámetros más ajustados a lo que realmente pudo suponer el descubrimiento hace ya casi seis siglos de un nuevo continente… ¡sino en comprobar si parte del público que acudió al desfile militar pitaba o no al presidente del Gobierno! 

Le pitaron, sí… ¡vaya si le pitaron! Nadie puede dudar de mi defensa a ultranza de la libertad de expresión, pero lo vivido el pasado día 12 en el madrileño Paseo de La Castellana fue una ‘catetada’ de las que pasan a la historia y trituran, hasta el ridículo, la imagen exterior de un país. La ciudadanía debe saber, y algunos aún no se han enterado, de que quien allí estaba junto al Rey, presidiendo el desfile, no era el ciudadano Pedro Sánchez Castejón, sino el presidente del Gobierno de España. Guste o no, que obviamente no a todos les agrada, es el que hay. El respeto institucional debe mantenerse en todo momento si queremos que nuestros socios y aliados nos tomen por lo que verdaderamente somos: un gran país, desarrollado y civilizado en el que los usos propios de un Régimen que murió con el dictador en 1975 han pasado al baúl de los recuerdos. 

La segunda irregularidad que hoy quiero traer a esta pieza no es en absoluto comparable. Es más, en realidad es el intento de reparar lo que venía siendo una anomalía intolerable. De mucho mayor calado que la anécdota anterior. El acuerdo al que han llegado el pasado jueves el PSOE y el PP para renovar las instituciones, y que muchos incautos y algunos otros con cierta intención partidista, tratan de presentar como ‘sorpresivo’ no supone para mí un hecho fortuito, fruto del buen sentido de Estado con el que un día puedan haberse levantado Pedro Sánchez y Pablo Casado, Félix Bolaños y Teodoro García Egea… ¡cómo si en política existirán de repente las casualidades y no las causalidades! ¿Alguien en su sano juicio puede creer que el pacto, fruto de una entrevista de más de seis horas de duración entre el ministro de la Presidencia y el ‘número dos’ del Partido Popular, no estaba ‘cocinado’ ya desde hace semanas, o incluso meses? ¡A otro perro con ese hueso! El mismo Félix Bolaños ha comentado que ya en febrero había acuerdo. 

Bien está lo que bien acaba, aunque me resulta, desde un punto de vista puramente democrático, como ciudadano y como analista, muy difícil de aplaudir el cierre -ya veremos si en falso o no- de una anomalía que ha tenido secuestradas las instituciones desde hace ya demasiados años. Ni siquiera me parece asumible aun teniendo la certeza, como la tengo, de que también el diseño final para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, esté también delineado y acordado.

El aparentemente casual y ‘nada premeditado’ encuentro entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea ha servido para desatascar la renovación del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. El Consejo General del Poder Judicial quedó en principio al margen de ese ‘pack’, aunque como ya he apuntado, en las últimas horas hemos sabido que el Partido Popular estaría también dispuesto a dejar atrás su encastillamiento y avenirse a negociar su renovación, siempre y cuando el PSOE ‘module’ su disposición a cambiar el procedimiento de elección de sus componentes.  Recuérdese que, hace ya ocho meses, los nombres de José Ricardo de Prada y de Victoria Rosell ‘reventaban’ la negociación global puesto que, según los populares, la mayoría gubernamental pretendía meterlo todo en el mismo paquete. Como es natural, en el Palacio de La Moncloa y en Ferraz, niegan esta versión y hacen recaer la responsabilidad en los populares. 

Pasemos revista de forma detallada a lo que ha supuesto un gigantesco atropello a la salud democrática de un país y al normal funcionamiento de sus instituciones. El órgano que más tiempo llevaba funcionando de manera ‘interina’ era el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán venía desempeñando en funciones desde julio de 2017. 

Respecto al Tribunal Constitucional, la situación no es mucho mejor. El mandato de cuatro de sus miembros -el tercio que corresponde elegir al Congreso de los Diputados- expiró el pasado mes de noviembre… ¡de 2019! Antes de la pandemia, como se ve. ¡Qué lejos parecen quedar ya estas fechas, después de todo lo que hemos vivido! También desde ese mismo año, pero desde el mes de julio, está pendiente la renovación de la Presidencia de la Agencia de Protección de Datos, así como del adjunto a ella. 

Llegados a este punto, no sé si lo peor de todo esto es que esta situación, completamente irregular, se haya perpetuado en el tiempo desde 2017 en un caso y 2019 en los restantes, algo de lo que hay que culpar a las dos grandes formaciones políticas, o la actitud no menos partidista de la oposición. En Vox están molestos porque consideran que el PP ‘da oxígeno’ al gobierno con su posición. En Ciudadanos, les irrita profundamente lo que consideran un cambio de cromos. Técnicamente, a los de Arrimadas parece no faltarles razón. La duda razonable que albergo es si su postura hubiera sido la misma si hubieran sido invitados al ‘banquete’.

Para que la consumación del ‘paripé’ sea plena, como en todo buen thriller, hay que mantener la tensión -y por tanto la atención hasta el final- y desde ambas partes se sugiere, sobre todo desde la dirección del PP que, aunque la voluntad de desbloqueo está explicitada, el entendimiento no alcanza aún a los nombres que deben ‘rellenar las casillas’ que quedan vacantes… ni en el TC, ni en la Agencia de Protección de Datos, ni en el Tribunal de Cuentas y menos aún en el caso del Defensor del Pueblo. Especialmente sensible es el diseño de la composición final del Tribunal Constitucional, cuya presidencia reclaman los de Pablo Casado para algún magistrado afín al PP. Hago notar que, en los últimos meses, sobre todo merced a los recursos de Vox, el TC está funcionando en la práctica como una tercera cámara legislativa, a través de la cual se torpedean, o son puestos en tela de juicio, un buen número de decretos gubernamentales. ¿Hasta cuando los políticos seguirán instrumentalizando la Justicia, y de paso a los jueces, a su capricho? ¿Por qué todos los partidos prometen en campaña que despolitizarán los órganos de control judicial y culminarán así el sacrosanto respeto a la separación de poderes y luego lo incumplen?

Me dan pereza las interpretaciones, que aún nos quedan por leer y escuchar en las próximas semanas, de unos y otros acerca de quién ha cedido más, o de quién ha sido la culpa de este desaguisado, o de quién con este acuerdo ‘precocinado’ entre bambalinas prepara ya su maquinaria electoral… o cualquiera otras. Solo sé que mientras los políticos no dejen a un lado sus egoísmos, sus interés partidistas y sus egos, España, como algunas otras naciones de nuestro entorno, no podrá presumir de tener una democracia plenamente consolidada. Y me da mucha lástima. Creo que los ciudadanos, más con lo que han sufrido en estos últimos dieciocho meses, no se lo merecen. 

¡Ojalá sea la última vez que nuestras instituciones se queden bloqueadas durante más de 1000 días!

La semana que acabamos de dejar atrás nos ha dejado varias anécdotas, de muy diferente naturaleza, pero que no conviene pasar por alto, si queremos seguir teniendo la sensación -o algo más que eso- de que vivimos en una democracia consolidada y acorde con los estándares de calidad exigibles para cualquier potencia de eso que se ha dado en llamar el mundo civilizado. ¡No olvidemos nunca que somos la décima potencia entre los países industrializados!

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