Al menos seis millones de euros es el montante del dinero que la Fiscalía anticorrupción calcula que pudieron llevarse ‘calentito’ Luis Medina, hijo de Nati Abascal y titular del Ducado de Feria que heredó de su padre, y su socio, Alberto Luceño Cerón. El procedimiento, en otro enésimo caso de corrupción de nuestra democracia que, una vez más, han tenido que soportar indignados y atónitos los ciudadanos, no parece haber diferido mucho de otros del pasado. Dos jetas contactan con responsables del Ayuntamiento de Madrid a través de un familiar del alcalde con el fin de colocar su mercancía… ¡cobrando por más de seis lo que valía dos y medio! Y lo peor, aprovechándose de la urgencia del momento, de las muertes, del dolor, de la necesitad de traer a España, como fuera y a cualquier precio el material sanitario necesario para salvar vidas. Así de simple y así de aberrante. ¡Para que luego me hablen de ingeniería financiera! Su afán de rapiña fue tan desmesurado, y el ‘modus operandi’ tan burdo que inmediatamente levantaron las sospechas del Ministerio Público.

Las estimaciones de la Fiscalía apuntan a que el tal Luceño, muy conocido en ambientes de la ‘jet set’, pudo llegar a lucrarse hasta con 5,1 millones de euros, mientras que Luis Medina podría haber cobrado otro millón gracias a un contrato de mascarillas. El latrocinio no llegó a ser mayor porque el Consistorio se dio cuenta y exigió la devolución de parte del dinero. Algunos detalles del caso rozan el esperpento, como la utilización en el entramado de la Funeraria madrileña. Tras embolsarse el botín, siempre presuntamente, los dos pícaros se dedicaron a blanquear ‘el parné’ a través de la adquisición de artículos de lujo: un yate, en el caso de Medina, y varios carísimos relojes de marca, como Rolex, además de coches de altísima gama.  

Como es conocido estas tramas no son nuevas. Muchos pensaban que lo de cobrar comisiones de forma irregular de una administración pública a través del ‘engrase’ y de los buenos oficios de ‘amigos’, ‘conocidos’, ‘saludados’, o peor aún, familiares directos, primos y hermanos incluidos, era cosa de aquella España del ‘pelotazo’, la de los años ochenta y noventa.

Muchos pensaban que cobrar comisiones de forma irregular a través de amigos o familiares era cosa de aquella España del 'pelotazo'

Nada más lejos de la realidad. La picaresca hunde sus raíces en lo más profundo del sentir y del ser español, en nuestro ‘siglo de oro’ que tanta y tan buena literatura nos ha dejado acerca de la picaresca. Si clásicos como Cervantes, con sus inmortales ‘Rinconete y Cortadillo’, Quevedo con ‘El Buscón’, o Lope de Vega levantaran la cabeza, tal vez se sorprendieran de que, aquel gran ‘puerto de arrebatacapas’ en que había decaído una España empobrecida y arruinada, después de ser un imperio global, no iba a ser privativo de su centuria, sino que cuatrocientos años después seguiría vigente.

Más que llegar a conocer si ha habido o no tráfico de influencias en este escándalo concreto que ha salpicado al Ayuntamiento de Madrid y a su equipo de gobierno, me interesa dejar claro que, en todos los contratos que se firman cada año en este país con este tipo de chorizos, no estamos ante empresarios, sino ante comisionistas de la peor especie. Arribistas que, tal vez, pudieran tener un pase en determinadas empresas privadas, pero jamás en la Administración. Del dinero privado se responde ante los accionistas, de los caudales públicos se dan cuentas -o deben darse- ante todos los ciudadanos. Más en épocas de depresión como la que vivimos. Los votantes y contribuyentes ya sufragamos con nuestros impuestos demasiadas cosas como para tener que pagar además de nuestro bolsillo las fiestas, el Lamborghini o el Ferrari, entre un sinfín de caprichos no siempre confesables a estos sinvergüenzas. 

Ya sufragamos con nuestros impuestos demasiadas cosas como para pagar el Ferrari y un sinfín de caprichos a esos sinvergüenzas

Dinero público versus dinero privado. Ese es el auténtico punto que marca la diferencia, aunque haya comportamientos reprobables también en las organizaciones privadas, sean estas pequeñas, medianas o grandes multinacionales que como tales están tipificados en el Código Penal como la apropiación indebida, la estafa o la administración desleal, por citar solo algunos. ¡Siempre que hay sobreprecios hay comisionistas y comisiones!... y en la mayor parte de los casos inconfesables, es decir, presuntamente delictivas.

Por supuesto hay intermediarios, comisionistas que legalmente cobran su porcentaje de dinero para realizar labores de intermediación, pero en la administración pública hay que velar para que el uso de estos personajes no incremente el precio de ningún producto. Lamentablemente en muchos, muchísimos casos, esto no pasa….¡ahí la corrupción, los corruptos y los corruptores!

Somos conscientes de que el período más duro de la pandemia, aquellas terribles semanas de marzo, abril y mayo de 2020, fue angustioso para todos nosotros, políticos incluidos. No había un segundo que perder porque cada veinticuatro horas morían españoles… ¡a un ritmo de mil al día! Los responsables públicos, ya lo fueran del gobierno central o de las administraciones autonómicas, se desvivían por buscar, donde fuera, materiales -mascarillas, test de antígenos o guantes- que no existían casi, lo que motivaba que, el poco que había y que casi siempre llegaba de China se tuviera que pagar, sí o sí, a precio de petróleo.

Hay que ser un perfecto miserable para aprovecharse de una catástrofe sanitaria sin precedentes para lucrarte

Cada una de las administraciones hacían la guerra por su cuenta, urgidas como estaban por el ansia vida de traer contenedores como fuera y al precio que fuera de estos artículos sin reparar ni en los medios ni vigilar a los sinvergüenzas que se los ofrecían. He dicho sinvergüenzas, sí, porque hay que ser un perfecto miserable para tener el cuajo de aprovecharse de una catástrofe sanitaria sin precedentes para lucrarte y hacer el negocio de tu vida ganando millones de euros a costa de la muerte cruel de decenas de miles de compatriotas. Hijos de Satanás.

Ya he dicho en muchas ocasiones que TODOS los contratos que se firmaron en el periodo más duro de la pandemia deberían ser auditados con empresas auditoras independientes, probablemente encargadas por la misma fiscalía general del estado. Sería lo mejor para todos. De los 25.000 contratos de los que se firmaron con protocolos de urgencia, seguramente la mayoría se asignaron de forma legal, pero está claro que hay que averiguar si hay otros casos como el sangrante caso del que estamos hablando.

Creo que en una Justicia terrenal implacable que ponga a estos sujetos donde deben estar: tomando el sol detrás de unos barrotes

Llegados a este punto del relato conviene no pasar por alto las réplicas políticas. Está claro que en este momento ni el Alcalde de Madrid y nadie en el Consistorio madrileño están investigados y que el Ayuntamiento ha sido estafado, y puedo llegar ligeramente a entender, aunque no lo comparta del todo, el afán del alcalde Almeida por eludir responsabilidades en un asunto que, probablemente, fue dilucidado por personal técnico, más durante aquellas semanas de locura. Me hago cargo de que el primer edil de la capital de España carece del tiempo suficiente y la capacidad para leer los miles de correos electrónicos que llegan a los distintos departamentos de una nave tan compleja como es el Consistorio madrileño, que goza de un presupuesto superior al de muchos Ministerios. Tengo en cambio especial atención en ver la posición de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que no puede mirar para otro lado o ponerse de perfil ante un escándalo tan grave. Por el momento ha descartado presentar moción de censura. Veremos cómo evoluciona este asunto.

No sé si existe una autoridad divina que, llegada su hora, les juzgue en otro plano. Es más, no creo en ella, como se sabe. Pero en lo que sí creo a pies juntillas es en una Justicia terrenal, lenta pero normalmente implacable, que ponga a estos sujetos donde deben estar: encerrados y tomando el sol detrás de unos barrotes durante años, mientras los muertos gracias a los que se hicieron más ricos de lo que ya eran se revuelven en sus tumbas.

Al menos seis millones de euros es el montante del dinero que la Fiscalía anticorrupción calcula que pudieron llevarse ‘calentito’ Luis Medina, hijo de Nati Abascal y titular del Ducado de Feria que heredó de su padre, y su socio, Alberto Luceño Cerón. El procedimiento, en otro enésimo caso de corrupción de nuestra democracia que, una vez más, han tenido que soportar indignados y atónitos los ciudadanos, no parece haber diferido mucho de otros del pasado. Dos jetas contactan con responsables del Ayuntamiento de Madrid a través de un familiar del alcalde con el fin de colocar su mercancía… ¡cobrando por más de seis lo que valía dos y medio! Y lo peor, aprovechándose de la urgencia del momento, de las muertes, del dolor, de la necesitad de traer a España, como fuera y a cualquier precio el material sanitario necesario para salvar vidas. Así de simple y así de aberrante. ¡Para que luego me hablen de ingeniería financiera! Su afán de rapiña fue tan desmesurado, y el ‘modus operandi’ tan burdo que inmediatamente levantaron las sospechas del Ministerio Público.

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