Recién empezado el mes de agosto, leemos en la prensa -los pocos que lo hacemos en esta época del año-, que por fin Indra ha comprado el 9,5 % de la empresa ITP Aero. Culmina así una decisión estratégica que ha tardado muchos meses en gestarse. Y que sea en agosto cuando nos enteramos esconde un claro ánimo de ocultación.

Seguro que todo empezó mucho antes, pero para nosotros la historia arranca en junio de 2022, en la Junta General de Indra. Un accionista minoritario, que acababa de comprar un paquete relevante de algo más del 4%, propone, sin estar en el orden del día, el cese de cuatro consejeros independientes y la no renovación de un quinto. Un sexto consejero independiente dimite como consecuencia del espectáculo, aunque pospone su decisión a que se efectúen nombramientos, porque su salida afectaba al quorum en el consejo y en sus comisiones. La propuesta es aceptada por SEPI y por el holding SAPA, con lo que se consigue una mayoría en la junta y es aprobada, pero con el voto en contra de casi el resto de los accionistas presentes. ¿Quién fue ese accionista que lanzó esa propuesta? El fondo AMBER, que controla el grupo PRISA, y del que se desconocen intereses en los sectores tecnológicos o de defensa y de dónde había sacado información sobre la posible falta de competencia de los consejeros cesados o no renovado, cuando, como he mencionado, se acababa de incorporar al accionariado.

El segundo acto de la historia es la dimisión del consejero delegado, Ignacio Mataix, en marzo de 2023. Con ello culmina la salida de todos los miembros del consejo de la época de Abril Martorell.

El tercer acto es la ya mencionada compra de la participación en ITP por 175 millones de euros, decisión que supone un cambio en la orientación estratégica de Indra, con el refuerzo total de su división de defensa. Según apareció en la prensa en su día, este pudo ser el motivo de la destitución de los consejeros de 2022.

Indra es una sociedad cotizada y debe cumplir las normas y el espíritu de transparencia y buen gobierno

No podemos entrar en sí esta decisión es correcta o no, el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es una vergüenza es como se ha hecho. Indra es una sociedad cotizada y debe cumplir las normas y el espíritu de transparencia y buen gobierno. Lo de la junta general de junio de 2022 no fue otra cosa que un burdo intento de engañar al mercado y a su supervisor, la CNMV, para esconder un concierto de tres accionistas, que sumaban la tercera parte del capital de Indra, para cambiar drásticamente la gestión de la sociedad. Esto fue obvio para todo el mundo menos para la CNMV, que se metió en una larga investigación cuyo resultado, el pasado diciembre, a todas luces sorprendente, fue que la destitución de los consejeros independientes no implicaba una finalidad de cambio en la gestión. ¿Alguien puede imaginar otra finalidad distinta? El tiempo y los dos pasos siguientes antes mencionados han confirmado lo que no podía ser de otro modo: un pacto parasocial para cambiar drásticamente la gestión de la sociedad, sin exigir la formulación de una OPA, que era obligatoria, según el artículo 5,1,b del Real Decreto de opas, RD 1066/2007.

Al final, ello supone un descredito de nuestro mercado de valores y de su supervisor. Un ataque a la CNMV como institución, perpetrado por esos tres accionistas minoritarios, cuyo líder es la SEPI.