Ante todo, y sobre todo, son niños y niñas. En los últimos días hemos asistido a un debate público sobre traslados de infancia no acompañada desde Canarias, que no siempre ha partido del enfoque adecuado.

A nadie se le escapa que las políticas públicas que abordan el fenómeno migratorio tienen que responder a retos considerables, tanto en dimensión como en complejidad.  A pesar de que siempre se olvida que la primera puerta de entrada a España son los aeropuertos internacionales, es una realidad que las crisis humanitarias derivadas de grandes desplazamientos de personas – incluyendo niños y niñas – se han convertido en un fenómeno casi estructural en la frontera sur de Europa. La mayoría de estas crisis se producen por los fallos de gestión y previsión, la escasez de recursos implicados en la respuesta y la falta de equilibrio en las responsabilidades asumidas por los distintos territorios del país de llegada y de la UE en su conjunto.

Esto, para cualquier niño del mundo, es una lucha sin cuartel por conservar unas condiciones mínimas de salud mental y seguridad

Canarias es ahora el punto rojo de una emergencia “humanitaria”, concepto que subraya que estas crisis se viven en primera persona y en rostros de niñas y niños concretos. Vidas atravesadas por situaciones traumáticas relacionadas con los conflictos, la violencia, la explotación, los naufragios, las pateras y la pobreza más extrema. Cuando llegan a nuestro país, estas vidas siguen en batalla campal por salir adelante y dar lo mejor de sí mismas. Canarias tiene un sistema de protección pensado para unos 2.000 niños, y sin embargo en este momento atiende a casi 6.000 niñas y niños que han llegado solos en centros totalmente saturados. Esto, para cualquier niño del mundo, es una lucha sin cuartel por conservar unas condiciones mínimas de salud mental y seguridad que le permitan salir adelante una vez más.

Toda conversación sobre el sistema de reparto de responsabilidades en relación con la protección de la infancia no acompañada en nuestro país debe empezar por aquí. Necesitamos apartar todas las consideraciones que nos ensucien las gafas con las que tenemos que mirar.

En las circunstancias actuales que vive el sistema de protección de la infancia de Canarias a pesar de sus múltiples esfuerzos, es urgente llegar a un acuerdo sobre una política de traslados eficaz, ágil y solidaria, así como asegurar a Canarias y al resto de Comunidades Autónomas el apoyo y los recursos que sean necesarios por parte del Gobierno central.

Tras varios intentos con limitados resultados desde que se aprobaran mecanismos voluntarios de traslados en 2021 y 2022, tenemos ahora una nueva oportunidad de encontrar el camino de la solidaridad real, a través de la reforma de la Ley de Extranjería que se está proponiendo. Y no la podemos dejar escapar. Según esta reforma, se pretende garantizar – con carácter obligatorio - el traslado de chicos y chicas no acompañados a otros sistemas de protección autonómicos cuando la saturación llega al 150%. Estos traslados, en principio, se harían en función de criterios de renta, empleo, población, dispersión y esfuerzo de acogida. Además, también deben acompañarse de protocolos adecuados para garantizar la protección y el interés superior de los niños y niñas a su llegada, durante los traslados y en destino.

Mirar con el enfoque adecuado nos llevaría a descubrir que cada noche que pasa, es un combate más por conciliar el sueño en muchos centros de emergencia para niños recién llegados de Canarias. Y al amanecer, el reto de lidiar con una creciente incertidumbre, la inactividad extrema por falta de propuestas y, por si fuera poco, el rechazo social. Mirar con el enfoque adecuado nos pondría los pelos de punta al pensar en la noches que pasan esos niños y niñas.

Estos niños y niñas claman dignidad y oportunidades. El sistema de protección de infancia de Canarias clama solidaridad. No pueden esperar más. 

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José María Vera es director ejecutivo de UNICEF España