Facebook contra las mujeres y las minorías: cómo nos afecta la nueva política de Meta

El 7 de enero de 2025, Meta introdujo cambios radicales en sus Normas Comunitarias de Conducta Odiosa, cambios que no solo reducen las protecciones para las comunidades marginadas, sino que invitan activamente a la normalización del discurso de odio en Facebook, Instagram y Threads. La decisión de META es profundamente alarmante: estos cambios permitirán y legitimarán abiertamente el lenguaje dañino, discriminatorio y deshumanizante dirigido a personas LGBTQIA+, mujeres y otras comunidades marginadas.

Las nuevas normas permitirán explícitamente el uso de lenguaje como referirse a las personas LGBTQIA+ como "enfermas mentales", dirigirse a las personas transgénero como "eso" y caracterizar a las mujeres como "propiedad" en las comunicaciones entre usuarios. Estos términos no solo son degradantes, sino que también refuerzan estereotipos dañinos que se han utilizado durante mucho tiempo para justificar la discriminación, la exclusión, la violencia y la represión.

Meta afirma que estos cambios solo se han implementado en Estados Unidos, pero esto no los hace menos relevantes para los usuarios de la UE. Como plataformas globales, Facebook e Instagram facilitan el flujo de contenido transfronterizo, lo que significa que los usuarios de la UE estarán inevitablemente expuestos a este tipo de contenido deshumanizante y se relacionarán con él. En virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA), las plataformas en línea de muy gran tamaño (VLOP) como Meta están obligadas por ley a evaluar y mitigar los riesgos sistémicos para los usuarios de la UE, incluidos los que plantean los contenidos ilegales, la incitación al odio y las amenazas a derechos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación, independientemente del lugar de origen de los contenidos.

Si una plataforma de la escala de Meta sienta un precedente para normalizar el discurso del odio en cualquier lugar, sus efectos se sentirán en todas partes

A pesar de ello, la Comisión Europea parece adoptar la postura de que, mientras estos cambios de política se apliquen «solo» en EE. UU., no violan la DSA. Esta interpretación restrictiva ignora la realidad de la interconexión digital y elude los mismos riesgos que la DSA fue diseñada para prevenir. Si una plataforma de la escala de Meta sienta un precedente para normalizar el discurso del odio en cualquier lugar, sus efectos se sentirán en todas partes.

Este cambio de política no ocurre de forma aislada. En toda Europa y el Mediterráneo, los movimientos que promueven la igualdad de género y los derechos LGBTQIA+ se enfrentan a una creciente resistencia, desde el aumento de la retórica antigénero en la política hasta las campañas coordinadas de desinformación dirigidas a grupos feministas, comunidades LGBTQIA+ y migrantes. En este contexto, la decisión de Meta hace algo más que cambiar un conjunto de reglas: envía el peligroso mensaje de que la deshumanización es un discurso aceptable, lo que envalentona a quienes buscan silenciar y borrar las voces marginadas. Al abrir la puerta a un lenguaje que deshumaniza activamente a las personas y mujeres LGBTQIA+, Meta no solo está incumpliendo su deber, sino que está creando activamente un entorno en el que el acoso, la exclusión y el abuso pueden prosperar sin control.

Los cambios de Meta también ponen a la plataforma en riesgo de infringir las leyes nacionales sobre incitación al odio en varios estados miembros de la UE, donde están explícitamente prohibidas las expresiones públicas que deshumanizan, incitan a la violencia o fomentan el odio por motivos de género, orientación sexual o identidad de género. Estas leyes existen no solo para sancionar a los autores, sino para señalar claramente que la discriminación y el odio no tienen cabida en nuestras sociedades. Como plataforma que opera en toda la UE, Meta tiene la obligación legal de cumplir estas leyes, independientemente de sus cambios de política interna o presiones políticas externas.

Los cambios de política de Meta también corren el riesgo de infringir las leyes nacionales sobre incitación al odio en varios estados miembros de la UE

Además de las obligaciones establecidas en la Ley de Servicios Digitales, los cambios de política de Meta también corren el riesgo de infringir las leyes nacionales sobre incitación al odio en varios estados miembros de la UE, donde está explícitamente prohibido el lenguaje deshumanizador o incitador dirigido a personas por motivos de género, orientación sexual o identidad de género. Si bien la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo de la UE se centra principalmente en el discurso del odio vinculado a la raza, la religión, el origen étnico o la nacionalidad, muchos gobiernos nacionales han ampliado sus marcos jurídicos para reflejar una concepción más amplia de la discriminación. En Francia, la Ley de Libertad de Prensa de 1881 prohíbe la incitación al odio, la violencia o la discriminación por motivos de género, orientación sexual o identidad de género. La Ley de Justicia Penal de Irlanda (Incitación a la violencia o al odio y delitos de odio) de 2023 refuerza aún más la protección de las personas y mujeres LGBTQIA+, penalizando explícitamente el discurso de odio y los delitos de odio motivados por la hostilidad hacia el género, la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Al permitir que prosperen estas formas de discurso deshumanizador, Meta entra en conflicto directo con las leyes de los mismos países en los que opera, leyes diseñadas para proteger a las personas precisamente del tipo de abuso que estos cambios de política facilitarán.

Es inaceptable que una plataforma con el alcance y la influencia global de Meta sacrifique la seguridad y la dignidad básicas con el pretexto de proteger la llamada «libertad de expresión». El lenguaje deshumanizador no es libertad de expresión, es discurso de odio. Y no tiene cabida en plataformas que pretenden fomentar la comunidad y la conexión.

Nuestros espacios públicos en línea dependen peligrosamente de los caprichos de los ejecutivos multimillonarios de la tecnología

La Comisión Europea, los reguladores nacionales y los organismos de supervisión pertinentes deben actuar con rapidez para responsabilizar a Meta de estas peligrosas infracciones. Las plataformas digitales que operan en la UE no solo deben prevenir daños y proteger a los usuarios, sino también promover activamente espacios en línea más seguros e inclusivos en los que se respeten los derechos fundamentales y la dignidad de todos.

En un momento en el que los movimientos por la igualdad, la justicia y los derechos humanos están siendo cada vez más atacados, no se debe permitir que se mantengan políticas que legitiman el odio y la deshumanización. Hacemos un llamamiento a Meta para que revierta inmediatamente estos cambios perjudiciales y se comprometa de manera significativa con la sociedad civil, las organizaciones LGBTQIA+ y los expertos en derechos humanos para desarrollar políticas que respeten la dignidad, los derechos y la seguridad de todos los usuarios.

Pero este momento también pone de manifiesto un problema mayor: nuestros espacios públicos en línea dependen peligrosamente de los caprichos de los ejecutivos multimillonarios de la tecnología que anteponen los beneficios a los derechos. Europa debe invertir en alternativas independientes y descentralizadas que sirvan al interés público en lugar de a los imperios corporativos. Es posible un futuro digital diferente, en el que sean los usuarios, y no las empresas, quienes determinen las reglas de juego.
EuroMed Rights se solidariza plenamente con todas las comunidades afectadas por estas políticas perjudiciales y reafirma su compromiso de defender los derechos humanos y la dignidad, tanto en Internet como fuera de ella.

Marie-Christine Vergiat es una figura destacada en la defensa de los derechos humanos y las libertades civiles. Trabaja actualmente en el Euromed Rights. Durante su etapa en el Parlamento Europeo (2009-2019) como miembro del GUE/NGL (Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica), trabajó en cuestiones fundamentales relacionadas con la migración, las libertades civiles y los derechos fundamentales. Como vicepresidenta de la Liga de Derechos Humanos (LDH), sigue actuando en favor de los derechos económicos y sociales, así como de los derechos de los migrantes.