No estaría mal plantear el debate sobre el qué fue antes, si el huevo o la gallina, para así abundar en la conversación sobre la trascendencia. Cuando todo alrededor empeora, hablar sobre el Más Allá calma, aunque las dudas sobre el origen de todo esto sean irresolubles. No hay tantas dificultades para averiguar la verdad en otros casos, en otros ámbitos... y en otros sectores, como es el de los medios de comunicación. El de las empresas en cuya esencia está la búsqueda de la verdad, pero que, en realidad, se dedican en estos días a canalizar argumentos interesados sin reparar en si son ciertos.

¿Qué fue antes? ¿El artículo o el dinerito? Aquí suele estar claro que lo segundo siempre condiciona lo primero; máxime en estos tiempos, en los que, a falta de financiación y modelos de negocio solventes, se busca el clic mononeuronal y el favor gubernamental como quien se enchufa a una bombona de oxígeno.

Resulta que la Administración encabezada por el exministro de Sanidad Salvador Illa ha anunciado un nuevo plan nacional para la defensa de catalán. Un “pacto de Estado” que merece tal calificativo porque lo ha firmado el PSOE; y con eso basta, pese a que Junts y las CUP lo han rechazado, al considerarlo insuficiente.

1.200 millones de nada

Sería redundante abundar en las cuestiones políticas y demoscópicas que han llevado a los socialistas a destinar una inversión de 1.200 millones de euros para proteger esta lengua, como también sería previsible afirmar que la tropa de Carles Puigdemont considera insuficientes los 78 millones que irán a parar, sólo en 2025, para el fomento de las escuelas de acogida, los 52 al Consorcio para la Normalización Lingüística o los 73 para impulsar la cultura en catalán.

Tampoco sería revelador a estas alturas señalar cuestiones como que esta batalla política resulta bastante difícil de ganar en terrenos sobre los que el independentismo ha fijado su vista en los últimos años. Uno de ellos es el de la población extranjera que reside en esas cuatro provincias -1,4 millones en 2024, según Idecat- o el del turismo masivo que reciben, que prefiere que el camarero le hable en inglés o en español porque así le entiende mejor. El otro foco es el de las plataformas audiovisuales y las redes sociales, cuyos dueños ven más posibilidades de ganar dinero al potenciar contenidos en español que en catalán. Sobra decir que cada cual está en su derecho de defender lo que considere oportuno, incluido por supuesto el idioma en el que habla.

Lo que sucede es que el plan que han pactado Salvador Illa y ERC va más allá. Podría decirse que está más cerca de lo económico que de lo antropológico, a riesgo de que nos asignen calificativos sus potenciales beneficiarios.

Si pensáramos mal, podríamos considerar que esta medida forma parte del neo-procés que quiere avivar el PSC en Cataluña, que no será soberanista, sino socialista; y que pretende instalar un nuevo orden en esa región. Un orden que convertirá a Junts en oposición. Un orden que permitirá al PSOE mantener allí un caladero de votos que resulta fundamental y necesario para gobernar España. Y un orden que contará con los mismos apoyos empresariales y mediáticos que avivaron el procés. ¿El idioma? Digamos que hay cierta certeza en que se debe proteger, pero también en que debe servir como herramienta política y, evidentemente, como excusa para derivar fondos públicos a los afines.

Si pensáramos mal, podríamos considerar que esta medida forma parte del neo-procés que quiere avivar el PSC en Cataluña

Porque, al igual que dedujo Artur Mas en su día, siempre viene bien disponer de una buena armada mediática para que te saquen guapo en la foto o reciten tus consignas con la solemnidad del canto gregoriano. El 2 de octubre de 2017, hubo publicaciones musicales e incluso religiosas que dedicaron editoriales a las cargas policiales de la consulta del día anterior. Si se cruzaban los datos de publicidad institucional recibida y artículos pro independentistas, se deducía muy bien el motivo.

El nuevo plan de Estado por la lengua catalana repartirá tan sólo en 2025 un total de 15 millones de euros entre las empresas informativas y audiovisuales. Un total de 3,8 se destinarán a “reforzar las empresas privadas que publiquen prensa digital y en papel en catalán”, mientras que 1,85 servirán para hacer lo propio en las radios y televisiones locales privadas que emiten en catalán.

El nuevo plan de Estado por la lengua catalana repartirá tan sólo en 2025 un total de 15 millones de euros entre las empresas informativas y audiovisuales.

Lo más llamativo no es que haya 2,8 millones en concepto de “subvenciones estructurales” para la prensa digital, sino que se articula otra partida de 4,3 millones -sólo para 2025- para la prensa en papel. ¿Hay aquí gato encerrado? Es una buena pregunta, pero parece complicado adivinar el motivo por el que los firmantes del pacto consideran que los periódicos tradicionales son una buena herramienta para potenciar su idioma cuando la difusión de todos los diarios españoles apenas si alcanza los 700.000 ejemplares diarios actualmente.

La Vanguardia, de media, en 2024 lanzó 47.027; mientras que El Periódico no llegó a 15.000. A partir de ahí, la penetración en la sociedad de los Ara, El Punt Avui y derivados es residual. Adivina, adivinanza: ¿por qué entonces se considera que estos productos merecen inversiones millonarias para proteger el catalán? Porque el plan es en realidad una excusa. Un arma política. Una forma de configurar un sistema clientelar con dinero público. El catalán, como siempre, es el ariete. Sobra decir que el proyecto hace referencia a 3Cat, que es la plataforma en streaming que desarrolló Mediapro tras llevarse un contrato público de 22,7 millones de euros.

El sucesor de Artur Mas es del PSC

Habrá quien todavía no vea clara la estrategia de Illa en Cataluña, pero no difiere mucho de la de sus antecesores. Ni la política... ni la mediática, que, por cierto, tampoco es muy distinta a la del Gobierno de Pedro Sánchez, que hace no mucho anunció inversiones de varias decenas de millones de euros para ayudar en el proceso de digitalización a los grupos mediáticos tradicionales. Foment del Treball respalda este plan, al igual que los grandes prebostes del sector empresarial catalán al líder del PSC. Anteriormente, lo hicieron con Mas.

Todas estas serían meras anécdotas folclóricas y tribales -y las hay en toda España- si no estuvieran regadas con dinero de los contribuyentes. Pero eso las convierte en tomadura de pelo, como el propio editorial que dedicó Godó a este plan. El texto lo remataba esta frase: “Los pactos nacionales, que buscan el bien colectivo e inevitablemente incluyen al rival, producen anticuerpos a algunos. Es oportuno recordarles que lo que no suma puede acabar restando”. Sin duda, la afirmación será mucho más sencilla de entender cuando trascienda quiénes han ingresado esas subvenciones.

Habrá algún día en que los medios caigan en la cuenta de que les hubiera ido mejor con un sistema de libre competencia que con este régimen de mamoneo y corrupción, en el que cada empresa es un globo que es inflado con dinero público, en detrimento de los demás. Quien más trinca, más capacidad de vuelo tiene, pero, a su vez, quien deja de contar lo que conviene, es neutralizado con un mero pinchazo o pellizco. Es un tinglao patético. Es la muerte de la libertad de prensa. El total sometimiento y la total desvergüenza.