Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado o más bien sólo de Sánchez, ya se puede considerar procesado por el Supremo, aunque aún no sabemos si llegará a sentarse en el banquillo y, si lo hace, si se sentará como particular, o como superior del fiscal que tenga que acusarlo, que es lo más raro de todo, o como otra folclórica sanchista con caracolillos de pena en el pelo. De momento, parece que no va a dimitir, así que seguramente será todo eso a la vez, fiscal y sanchista, monje y soldado, tonadillera y alguacilillo, porque el sanchismo hace mucho que no distingue entre roles institucionales y roles de simple servidumbre personal. Un fiscal general procesado no sólo es una cosa inédita, sino paradójica, porque lleva al absurdo de que el ministerio fiscal tenga que acusar en un juicio al jefe al que debe obediencia jerárquica. Es por esto que debería dimitir, antes que nada, antes de ponerse el delantalillo, la peluca, la bata de cola o el uniforme de lancero, porque su presencia como fiscal general en su propio juicio lo desnaturaliza todo. Pero el sanchismo, claro, nunca desaprovecha una ventaja, igual que nunca desaprovecha un soldado.

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El señor fiscal general, procesado con toda su botijería y sus abalorios de chamán constitucional, nos dejaría en principio un enfrentamiento bananero clásico, ese conflicto de poderes, ese “choque institucional” que se suele decir con exuberancia un poco naval, y con el que empiezan a temblar las democracias. A todos los que se ponen el chándal de autócrata, que es así como un chándal del grupo Parchís, siempre les da por lo mismo, por la conspiración de los jueces, de la prensa y de los poderosos contra una persona que curiosamente aspira a ser el único poder, y que normalmente aparece con una legitimidad superior a la legalidad (el pueblo, la patria e incluso, cínicamente, la propia democracia en abstracto). El choque de poderes busca, precisamente, transmitir que la pelea hay que ganarla a base de empuje bruto, como si los poderes del Estado volvieran a combatir en una gallera, en la gallera de la actualidad, en el asalto de conflictos sucesivos, y no estuvieran definidos en el marco jurídico. Siempre suele haber un poder que sólo hace lo que tiene que hacer (por ejemplo, el Poder Judicial, en este caso el Supremo, juzgar) y otro que intenta volver a redefinir o repartir los poderes para buscar la ventaja y la impunidad, que es lo que hace Sánchez desde el Gobierno.

García Ortiz no lo podemos ver igual desde lo de la fontanera, no podemos ver nada igual en el sanchismo, en realidad, desde la fontanera

Lo del señor fiscal general yendo a su juicio como un rey, o sea dentro y fuera a la vez del marco común, sería, ya digo, el típico conflicto bananero del bananerismo que ya hace tiempo que es el sanchismo. Como lo es, en general, el conflicto del Gobierno con el poder judicial, convertido en otro churro de fango por la máquina de churros de la Moncloa. Sin embargo, algo ha cambiado. Yo creo que a García Ortiz no lo podemos ver igual desde lo de la fontanera, no podemos ver nada igual en el sanchismo, en realidad, desde la fontanera. Quiero decir que, comparado con la extorsión a fiscales y a jueces, con los vídeos guarros y los guardias civiles muertos civil o militarmente, filtrar un email no es nada. Si es cierto, como parece, que la tropa sanchista ya ha llegado a la guerra sucia, a la mafia, suponer que un oficial de alto rango del sanchismo iba a poner reparos a una simple filtración es algo que no tiene sentido. Si el sanchismo aprovecha a sus soldados, es más, están donde están precisamente para ser soldados, todo lo que convenga filtrar se filtrará y todo lo que convenga enmierdar se enmierdará, la fontanera en sus husillos y el fiscal en sus fiscalías. Eso es lo que dice el sentido común. Lo raro sería tener una fontanera asesina pero un fiscal general dedicado al bordado, como un mariscal de campo dedicado al bordado.

La fontanera lo ha reducido todo a fontanería, como Jesulín lo reducía todo al toro. Leire Díez ha volado todos los límites del sanchismo, así que no es que todo sea posible, sino que lo más razonable, lo más verosímil ya, es que la verdad corresponda a su versión más salvaje. Se podría enunciar una especie de ley sanchista: si un sanchista puede hacer algo por Sánchez, lo hará, sin importar el qué ni sus consecuencias. Y un corolario: si no lo hace, ya no será sanchista (me he acordado, ya ven, de Juan Lobato). Antes aún quedaba algo de ambigüedad, pero han ocurrido dos cosas: una, que los sanchistas no dejan de demostrar, una y otra vez, que sólo son fieles soldados; y la segunda, que los soldados sanchistas, si hacemos caso a lo que ven nuestros ojos y escuchan nuestros oídos, no conocen ningún límite moral ni legal. 

García Ortiz será procesado, se sentará en el banquillo para cantar sus carceleras folclóricas o para hacer sonar maracas y huesecillos sanchistas, y será culpable o inocente, o no se sentará siquiera. Eso, como ocurre en las democracias, lo decidirán los tribunales, porque lo cierto es que no hay atajos ni versiones mejoradas, ni ésa en la que deciden príncipes emplumados o líderes vestidos de guacamayo ni ésa en la que deciden sacerdotes o tricoteuses. Lo que ya no se puede decir, aparte de los indicios o las pruebas que haya contra el fiscal general, o contra todo el sanchismo, es que no tenga sentido la acusación, ni la sospecha, ni el tufillo. Lo que no se puede defender es que sea más probable la conspiración universal fachosférica que lo evidente, evidente precisamente porque ellos mismos lo han demostrado con sus guerras y sus muertos. Aún dudaría uno si García Ortiz se hubiera apartado, pero el sanchismo, ya digo, no desaprovecha sus ventajas ni sus soldados.