Más de 700 iraníes han sido detenidos por supuesta colaboración con Israel, según han anunciado las autoridades policiales del régimen de los ayatolás. Tres de ellos han sido ejecutados acusados de espiar para el Mosad israelí. Es quizás la parte más desconocida del conflicto entre Irán e Israel que ha durado doce días. Es un dato que demuestra el nivel represivo de la república islámica y su arbitrariedad judicial, en un momento de supuesta debilidad institucional y política por parte de las instituciones y la Guardia Revolucionaria.

PUBLICIDAD

El comportamiento no es nuevo, la parte más terrible de la guerra entre Irak e Irán en los ochenta no fue solamente en campo de batalla, sino también la búsqueda de culpables al azar entre la población, y las acusaciones entre vecinos por buscar posiciones privilegiadas dentro del orden de los ayatolás.

Ahora, volvemos a lo mismo. Después de la operación israelí y estadounidense en Irán, con evidencias de que los israelíes llegaron a desplegar personal dentro del país, es el momento de encontrar responsables. Nunca se sabrá si lo eran o no, pero de momento pasarán una temporada entre la cárcel, instalaciones policiales y campos correctivos. Algunos de ellos pueden ser ejecutados tras juicios sumarísimos. Es quizás la cara más desconocida de la escalada, pero también la más importante para la sociedad iraní. Cualquiera puede ser ahora sospechoso, y más si se confirman más daños a las instalaciones nucleares, o en la estructura de la Guardia Revolucionaria.

Muy posiblemente no veremos declaraciones del presidente Donald Trump, a pesar de decir constantemente que desea la libertad de los iraníes. Tampoco critica la espiral paranoide que azota Rusia buscando enemigos internos para justificar sus resultados militares en Ucrania. Tampoco escucharemos nada sobre ello a Benjamin Netanyahu, a pesar de denunciar varias veces las amenazas que el Gobierno iraní supone para la región. La lista de los detenidos puede ir creciendo estos días, y esto irá que aumente el temor hacia la estructura de los clérigos custodios y también la animadversión hacia las instituciones iraníes. Así pues, estamos frente un hecho que, a pesar de no ocupar grandes portadas, quizás acabe siendo más decisivo en el momento de una transición.

El ataque israelí contra la prisión de Evin, en Teherán, conocida por albergar a opositores al régimen, activistas, periodistas, y ciudadanos con doble nacionalidad o extranjeros, ha centrado de nuevo la atención en los detenidos. Sobre todo, en aquellos que el Gobierno iraní utiliza como un elemento intercambiable para conseguir diferentes demandas. Las autoridades policiales han recurrido a la retórica de que los opositores colaboran con los israelíes dentro del país. Diferentes figuras del régimen han esgrimido un discurso nacionalista que se basa en afirmar que hay una subversión interna contra Irán, no contra el Gobierno.

La respuesta desproporcionada del régimen iraní con detenciones arbitrarias pone en evidencia la fragilidad del aparato estatal frente a amenazas externas"

Las autoridades iraníes justificaron estas detenciones como parte de una "batalla implacable" contra redes de espionaje que, según afirman, se habían infiltrado profundamente en sus estructuras de seguridad. Entre los arrestados se encuentran ciudadanos comunes, activistas, y presuntos colaboradores digitales, muchos de los cuales fueron identificados por su interacción con páginas web o redes sociales vinculadas a Israel. El Ministerio de Inteligencia incluso envió mensajes de advertencia a miles de ciudadanos, alertándoles de que sus números de teléfono habían sido detectados en plataformas consideradas hostiles. La comunidad internacional apenas ha criticado estas persecuciones.

Bajo el pretexto de combatir el espionaje y proteger la seguridad nacional, las autoridades han llevado a cabo arrestos masivos, ejecuciones sumarias y campañas de intimidación digital que han afectado tanto a activistas como a ciudadanos comunes. Esta respuesta desproporcionada pone en evidencia la fragilidad del aparato estatal frente a amenazas externas, y también su disposición a sacrificar derechos fundamentales en nombre del control político. Un hecho arbitrario que puede ser una de las últimas gotas que la sociedad iraní consienta en su larga paciencia, sobre todo cuando ha trascendido que el Líder Supremo ya ha propuesto quién lo puede sustituir.

Guillem Pursals es doctorando en Derecho (UAB), máster en Seguridad (UNED) y politólogo (UPF), especialista en conflictos, seguridad pública y Teoría del Estado. 

PUBLICIDAD