El auto del juez Leopoldo Puente decretando el ingreso en prisión de Santos Cerdán, ex número tres del PSOE hasta hace tres semanas, no deja lugar a dudas sobre su papel como máximo responsable de una presunta organización criminal dedicada a repartirse mordidas de constructoras que eran favorecidas de manera irregular desde el Ministerio de Fomento, al frente del cual estuvo desde 2018 a 2021 José Luis Ábalos.

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Cerdán no atendió a las preguntas del fiscal anticorrupción, ni de las acusaciones, ni tampoco del juez. Tan sólo respondió a su abogado, Benet Salellas, y fue para situarse a sí mismo como un perseguido por haber sido el negociador con el PNV y Bildu para la moción de censura que dio el gobierno a Pedro Sánchez y, posteriormente, como enlace con Carles Puigdemont para que apoyara su investidura a cambio de la amnistía tras las elecciones de julio de 2023. Es decir, que, en opinión del ex secretario de Organización del PSOE, este proceso no es más que una venganza política en la que, es de suponer, también participa el Tribunal Supremo.

Pero, destaca el juez del TS, la organización de mordidas funcionaba ya incluso antes de la moción de censura. Los indicios que apuntan al cobro de comisiones no sólo provienen de las grabaciones que Koldo García hizo desde la primavera de 2021 hasta prácticamente finales de 2024, sino de documentos que prueban que las adjudicaciones a Acciona, en alianza con Servinabar -empresa en la que el propio Cerdán posee el 45% de las acciones- se produjeron de manera efectiva.

El truco de politizar el asunto, situarse como víctima de una conspiración, tiene poco recorrido. Pero el fracaso de esa estrategia es un aviso a navegantes. Ni a Koldo ni a Ábalos les va a servir la excusa de no reconocer sus voces o decir que la inteligencia artificial les ha metido de rondón en este escandaloso trapicheo.

El juez apunta a que "más personas físicas o jurídicas" pueden haberse lucrado con las comisiones

Sin embargo, para mí, lo más significativo del auto de Puente viene cuando apunta a que la trama no sólo la componen los tres mencionados. Señala el juez que es insólito que la organización sólo haya cobrado aproximadamente 1 millón de euros sobre unas adjudicaciones que supusieron un total de 537 millones de euros. Dice el juez que tan sólo habiendo recibido mordidas del 1% -porcentaje "insólitamente mínimo", recalca el magistrado-, la cantidad recaudada hubiera superado los 5 millones.

"Ello refuerza así -dice el auto- la idea de que más personas físicas o jurídicas, además de los señores Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las mencionadas adjudicaciones".

Al referirse a "personas jurídicas" uno no puede más que pensar en el PSOE. La sospecha aflora en otro párrafo del auto, cuando el juez se refiere a la intervención directa de Santos Cerdán en adjudicaciones de obras, cuando no tenía ningún cargo en relación con esa materia. "No tanto, según creyó entender este instructor, por el interés que las referidas obras pudieran tener para la ciudadanía, cuanto por los beneficios electorales que la licitación o ejecución de aquellas pudieran representar para su partido". Blanco y en botella.

Cerdán, no lo olvidemos, ha sido el secretario de Organización del PSOE desde la destitución de Ábalos en julio de 2021. Incluso antes de esa fecha, ya se ocupaba de los asuntos que tenían que ver con las finanzas del partido. Es difícil de imaginar que alguien que monta una supuesta trama de cobro de comisiones por adjudicaciones públicas, siendo el número tres del partido, lo haga sólo para lucrarse él y sus dos amigos. Sería una novedad en la ya larga historia de la financiación irregular de los partidos políticos en España si eso fuera así. No lo fue en el caso de Filesa, ni tampoco en el de la Gürtel. Aunque en este último caso fuera Luis Bárcenas el gran beneficiario de la trama.

Estamos en una fase muy inicial de la investigación, como apunta el propio instructor. No se sabe todavía cuál es el patrimonio de Cerdán ni cómo se hacían efectivas las mordidas. Hay mucha tela que cortar aún. Pero al final, apuntan fuentes del Supremo, acabará apareciendo la financiación del partido.

Si eso fuera sí, sería letal para Pedro Sánchez. La moción de censura de 2018 se organizó porque la Audiencia Nacional acusó al PP de financiarse irregularmente. ¿Apoyarán los socios de investidura a Sánchez si, efectivamente, el juez termina encontrando indicios de financiación irregular en el PSOE?

Estamos en el momento clave de la investigación y también de la legislatura.

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