Durante meses, las pulseras antimaltratadores han registrado fallos en su funcionamiento. No sólo es que se perdieran datos históricos en la migración que se llevó a cabo cuando se cambió al proveedor (hecho que coincidió con la salida del Ministerio de Igualdad de Irene Montero y su sustitución por Ana Redondo), sino que se han detectado errores en la localización de los maltratadores e incluso se ha denunciado la facilidad con la que algunos de ellos se han desprendido de las pulseras.

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Las denuncias de estas disfunciones se han realizado desde distintos ámbitos: desde la Guardia Civil a jueces, pasando por empleados de Cometa -que es el que opera el sistema- hasta las propias víctimas.

En un informe que hoy publicamos en El Independiente, la jueza de violencia contra la mujer de Granada, Aurora Angulo, habla abiertamente de un "sistema caótico".

Por su parte, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género (que depende del Consejo General del Poder Judicial), Esther Erice, le ha recordado a la ministra de Igualdad que el control de este sistema de protección de mujeres maltratadas es competencia del Gobierno, no de los juzgados o del CGPJ.

Según datos oficiales, en estos momentos hay 4.515 mujeres que utilizan este sistema para mantener alejados a sus agresores (300 menos que hace un año). A día de hoy, casi una semana después de que el escándalo saltara a los medios de comunicación -que no hicieron otra cosa que recoger un párrafo que figura en la Memoria anual de la Fiscalía- no sabemos a cuántas mujeres afectaron estos fallos o si por causa de ellos se produjo alguna agresión.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido la apertura de una "pequeña investigación", como si el asunto no mereciese una investigación a fondo. Pero Ana Redondo se ha defendido afirmando que las "pulseras funcionan", aunque, al mismo tiempo, ha anunciado un nuevo contrato para mejorar el sistema. Lo que quiere decir que funcionan... mal. En su defensa ha salido el inefable ministro del Interior. Grande Marlaska ha calificado como "bulos" las denuncias de trabajadores y víctimas. Tanto Redondo como Grande Marlaska consideran que hay una campaña de la derecha para crear inseguridad entre las mujeres, y que son las políticas del PP y de Vox la que generan peligro, no el mal funcionamiento de las pulseras.

Igualdad se niega a llevar a cabo una investigación, aunque sea "pequeña", como reclama Yolanda Díaz

No quiero ni imaginarme los gritos que estaría dando Redondo (ya hizo una exhibición en el Congreso) si estos fallos reiterados, conocidos y denunciados desde hace meses se hubieran producido con un gobierno del PP. No hace falta tener mucha imaginación para adivinar lo que diría la titular de Igualdad: "La derecha no protege a las mujeres".

El escándalo de las pulseras demuestra una desidia y una incapacidad manifiestas por parte de Igualdad a la hora de ejercer su función más importante. No es un asunto menor. Es de enorme gravedad que un gobierno que ha hecho bandera del feminismo haya eludido durante mucho tiempo solventar un problema que ha podido poner en riesgo la vida de algunas mujeres. Tampoco es de recibo que Igualdad no haya iniciado una investigación interna que aclare a cuántas mujeres afectó el fallo del sistema y si de sus errores se benefició algún maltratador.

La única opción digna para Redondo es la dimisión. Después de la aberración que supuso la aplicación de la ley del "sólo sí es sí", impulsada por Irene Montero, el desastre del malfuncionamiento de las pulseras añade un baldón lamentable a las políticas de igualdad de este gobierno. Por ello, si Pedro Sánchez quiere seguir sacándole rédito electoral a su propaganda feminista no tiene más remedio que destituir a Redondo, si esta se aferra al cargo, como parece indicar su afirmación de que está haciendo "un gran trabajo". Por cierto, se echa de menos un comunicado de las feministas del PSOE exigiendo cuentas a la ministra.

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