1. El 1 de octubre de 2023 murieron 13 personas en el incendio conocido como de las
    discotecas de Atalayas en Murcia. Al fuego sobrevivieron numerosos heridos. Y han quedado decenas de víctimas: padres, esposos, hijos, familiares, amigos de los fallecidos. Estas letras son un llamamiento a las autoridades judiciales y administrativas que tienen la facultad de decidir y la obligación de hacerlo con honestidad.
  2. El procedimiento se encuentra todavía en fase de instrucción. Durante estos dos años se han practicado numerosas diligencias: declaraciones de investigados, de testigos, informes periciales técnicos, inspecciones al inmueble, análisis de un voluminoso expediente administrativo municipal. Inicialmente se señaló como presuntos responsables únicamente a los dueños de las discotecas y al operador de las máquinas de “fuego frío” utilizadas en el evento. Tras el informe pericial judicial, se ha llamado a declarar como investigado al ingeniero que proyectó la división del local para que funcionase como dos discotecas independientes.
  3. Sin embargo, sigue pendiente la decisión que las víctimas consideran más importante: que se cite a declarar en calidad de investigados a los funcionarios y responsables municipales que no rechazaron ese proyecto hace años. Los mismos que, pese a tener conocimiento de las irregularidades, permitieron la actividad de los locales, incluso después de la orden de cierre de los mismos.
  4. Los plazos procesales previstos son inciertos por la magnitud del caso, con más de 6.000 archivos. La instrucción es compleja porque confluyen tres niveles de responsabilidad: empresarial (dueños de Teatre y Fonda Milagros, organizadores de eventos, operadores de efectos especiales); técnica (ingeniero proyectista y operadores de las máquinas de “fuego frío”); administrativa (funcionarios y responsables municipales que autorizaron y después toleraron la actividad sin garantizar las condiciones mínimas de seguridad). Por otro lado, el gran número de víctimas multiplica el número de acusaciones, lo que provoca infinidad de escritos y tiempos de espera. Con todo, la causa no debería eternizarse. Las familias de las víctimas necesitan una respuesta judicial definitiva.
  5. El Ayuntamiento de Murcia y funcionarios del mismo no pueden quedar al margen de esta tragedia. Existen indicios claros de omisiones graves en el control previo y la supervisión posterior de las órdenes de cese. La reciente imputación del ingeniero proyectista, que tuvo el visto bueno del Consistorio, refuerza claramente la necesidad de investigar a los funcionarios responsables. Si el técnico actuó negligentemente, también quien validó al ingeniero fue negligente. Sin duda, el Ayuntamiento debe responder como responsable civil.
  6. Las diligencias que las acusaciones hemos solicitado son numerosas: informes periciales técnicos; planos originales y posteriores modificaciones; certificaciones de mantenimiento de sistemas antiincendios y revisiones de extintores; requerimiento de expedientes administrativos completos del Ayuntamiento. Algunas han sido admitidas y practicadas. Otras siguen pendientes. Tenemos que insistir. Seguimos reclamando los expedientes administrativos municipales. La combinación de todas las pruebas permitirá demostrar que la tragedia no fue un hecho fortuito, sino la consecuencia de incumplimientos prolongados y tolerados en el tiempo. Una prioridad esencial en este luctuoso suceso es la imputación de
    los funcionarios municipales que intervinieron en la tramitación de licencias, sanciones y órdenes de clausura. Su papel es central para esclarecer cómo se permitió que los locales permanecieran abiertos sin condiciones mínimas de seguridad.
  7. En una tragedia de esta magnitud no se puede realizar una investigación superficial. Es fundamental llegar hasta el fondo de las posibles relaciones entre todos los “actores”. Los familiares de las víctimas viven con un dolor inmenso e irreparable la pérdida de sus seres queridos. El hecho de que las muertes se hayan producido en circunstancias tan dramáticas deja, además, una huella imborrable. La tristeza y el dolor conviven con la indignación y la necesidad de justicia. A este sufrimiento humano se suma la incertidumbre judicial, porque la causa aún no ha avanzado adecuadamente hacia el juicio oral. Las familias necesitan una respuesta honesta, firme y definitiva de los tribunales. Su fortaleza es admirable, pero detrás
    de cada expediente hay personas desoladas que siguen luchando cada día para que una tragedia como esta no vuelva a repetirse.
  8. Las víctimas y las familias no buscan venganza. Buscan la verdad. Desean honrar la memoria de sus seres queridos. En su momento, el alcalde de Murcia, don José Ballesta, aseguró: “Vamos a investigar hasta el fondo. Caiga quien caiga”. En los primeros días, hubo muchas muestras de apoyo, declaraciones solemnes, promesas. Todo el mundo se compadeció, todos lo hicimos. Pero pasó el tiempo. Existen otras tragedias por el mundo. Las buenas intenciones iniciales se han diluido como lluvia fina. La memoria es débil. Se va borrando. Muchos familiares se han transformado en “muertos en vida”. A día de hoy, todos han sido olvidados.

Pedro López Graña. Letrado de familiares de víctimas.

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