Abogados y procuradores sufren desde hace décadas el “síndrome de la rana hervida”. Si se echa al anfibio directamente en agua en ebullición, saltará y escapará inmediatamente. Pero si lo ponemos en agua templada, permanecerá sin percibir el riesgo mientras el líquido se calienta lentamente. Cuando el batracio viene a darse cuenta, entonces ya puede ser tarde.

Esta metáfora se usa para explicar la dificultad de las personas para reaccionar a las amenazas que surgen gradualmente, en lugar de hacerlo súbitamente. Esto es precisamente lo que ha pasado durante décadas a los profesionales de la justicia. Han ido soportando paulatinamente problemas que se han agravado sucesivamente. El funcionamiento “canallesco” del Turno de Oficio; el deterioro del respeto a los profesionales; la reducción sucesiva de los ingresos hasta límites inaceptables…

Son demasiados los frentes abiertos. Voy a dedicar estas líneas al gravísimo problema de la “JUBILACIÓN SAQUEADA”, por la importancia y urgencia de asunto.

En la actualidad, los abogados que llegan a la edad de jubilación están cobrando una media entre 300 y 500 € mensuales. Además, esta cantidad ya no se actualiza nunca más ni respecto al IPC ni de ningún otro modo. Una situación inverosímil, ilegal y absolutamente injusta.

A esta situación se ha llegado “poco a poco”. Los afectados pensaron: “esto debe ser temporal, no puede mantenerse semejante injusticia; nuestros portavoces, que son compañeros corregirán esta situación absurda”. Pero los representantes (directivos de las Mutualidades, del Consejo General de la Abogacía, de los Colegios…), miraron para otro lado. Esto último da para otra grave reflexión, en breve.

Los abogados que llegan a la edad de jubilación están cobrando una media entre 300 y 500 € mensuales

Para entender el problema, hay que saber tras la Guerra Civil, a partir de 1948, se crearon las Mutualidades, como entidades de Previsión Social (encargadas de la jubilación de sus miembros). Desde entonces, la ley no permitía inscribirse en la Seguridad Social a los profesionales. Para alcanzar una pensión de jubilación era obligatorio y exclusivo estar suscritos a estas entidades. Durante décadas eso permitió jubilaciones dignas.

A partir de 1996, una norma permitió que abogados y procuradores pudieran elegir entre el sistema mutualista o bien el régimen de Autónomos (uno u otro, no ambos). Pero esa norma no permitía a los mutualistas que llevaban años pagando que sus años cotizados fueran computados en el sistema público. Además, las mutualidades anunciaron y publicitaron que sus pensiones serían mejores que las de la Seguridad Social. Esto provocó que la mayoría de los abogados se mantuvieran en las mutuas y seguirán cotizando allí para su jubilación.

En 2005, se transforma el sistema de capitalización “colectiva” anterior y pasa a ser un método de ahorro privado, una especie de plan de pensiones “individual”. El Estado decidió desentenderse de los mutualistas. De nuevo, los colegiados confiaron en sus dirigentes. Pero nadie hizo nada. Las mutualidades “vendieron” este este cambio, como una gran ventaja para los mutualistas, insistiendo en que las pensiones serían mejores que las de Seguridad Social. Pero no ha sido así.

Hemos llegado a nuestros días, en los que las “limosnas” que perciben los jubilados impiden vivir de manera mínimamente digna. Esto provoca que haya abogados muy mayores que tienen que seguir trabajando para poder subsistir. Hace unos días un veterano y conocido letrado penalista que cuenta con 86 años acudió a visitar clientes presos. Tenía que caminar con “andador”. Desgraciadamente no es un chiste.

Es un grave problema para los profesionales. También es un gran perjuicio para la sociedad, porque los profesionales deben estar en buenas condiciones físicas y mentales para defender los derechos de los ciudadanos. Resulta notoriamente injusto. Y además es ilegal. Basta revisar el artículo 50 de nuestra Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar pensiones adecuadas y suficientes durante la tercera edad.

Contra estas injusticias se han levantado nuevas organizaciones de abogados y procuradores: el movimiento J2, el sindicato Venia, asociaciones como Anama, y otros grupos y foros de abogados y procuradores. Han convocado una manifestación en Madrid, para el próximo 3 de febrero, a fin de dar visibilidad a esta injusta realidad y que se apruebe una norma que establezca lo que se conoce como una PASARELA al RETA. Es decir que las aportaciones a las Mutuas, se puedan computar en la Seguridad Social como años cotizados. De modo que la Administración pase a ser la titular de los derechos de los mutualistas.

Esta profesión tuvo un gran prestigio. Su ejercicio permitió vivir de manera digna. Pero, lentamente (como la rana del cuento), se ha llegado a una situación que deja a los mayores al borde de la indigencia. Increíble, pero cierto. Todo el colectivo debe unirse y alzar la voz para corregir semejante disparate. Como el famoso grito proletario, hay que proclamar: ¡Abogados del mundo, uníos !.

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Pedro López Graña es abogado.