Francisco José Fernández-Cruz Sequera (Madrid, 1963) se convirtió esta semana, durante el juicio de Gürtel Boadilla que se celebra en la Audiencia Nacional, en el altavoz de los abogados del turno de oficio que ven cómo han dedicado años a la defensa de empresas que figuran como investigadas en la macrocausa de corrupción, han cobrado una cantidad ínfima por sus servicios y ahora se enfrentan, además, a la posibilidad de tener que devolver dicha cantidad por la que ya han pagado impuestos.

Fernández-Cruz manifestó al Tribunal que cede la defensa de la mercantil Hator Consulting a un administrador. Se trata de una de las mercantiles que se sientan en el banquillo del juicio al líder de Gürtel Francisco Correa; a su número dos, Pablo Crespo; al alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero y a otra veintena de acusados por crear un sistema corrupto de entregas de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas y sobornos al primer edil y otros trabajadores del consistorio.

Es la opción a la que ha recurrido el letrado después de que la Sala Penal no le permita renunciar a la defensa de una persona jurídica por la que no puede cobrar sus servicios. «He dedicado años a esta causa. Cuando me la asignaron, pasé un agosto entero buscando entre la documentación, más de 580.000 folios, cada una de las menciones a la mercantil. De los 19.000 euros que me dijeron que cobraría por el 70% del juicio, más de 3.000 fueron a parar a Hacienda. Y ahora me encuentro con que puede que hasta tenga que devolver el dinero. Pretenden que los abogados del turno de oficio quebremos», lamenta en conversación con El Independiente.

Reunión con la ministra Pilar Llop

La situación extrema de Fernández-Cruz Sequera, abogado penalista del despacho Lawyers Alliance, se repite en el caso de cualquier abogado del turno de oficio al que se asigne la defensa de una persona jurídica en el ámbito penal en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo.

A finales de 2019, la ministra de Justicia Dolores Delgado decidió que no se pagarían las asistencias

La cuestión es que las personas jurídicas no están dentro del ámbito personal de aplicación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, aunque es cierto que hasta finales de 2019 el Ministerio de Justicia venía haciendo frente al pago de los abogados del turno de oficio que se veían obligados a defender a las personas jurídicas (puesto que desde 2015 son perseguibles penalmente por ley) en los procedimientos penales. Para el caso concreto de Gürtel, el ministro popular Rafael Catalá firmó un convenio con el Colegio de Abogados de Madrid para pagar a los abogados de oficio a los que se hubiera asignado la defensa de mercantiles que afirmaran no poder pagar a un abogado.

A finales de 2019, la ministra de Justicia y ahora fiscal general Dolores Delgado decidió que dichas asistencias no se abonarían. «¿Y tengo que poner yo el dinero para trabajar porque PP y PSOE quieran apuntarse el tanto de no pagar a los ‘chorizos de la Gürtel‘, como dijo la propia ministra Delgado?», se enerva el letrado.

Marisol Cuevas, directora del turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid explica que «es cierto que las personas jurídicas no tienen la cobertura de la Asistencia Jurídica Gratuita pero hay otras soluciones, como la que tenemos en la Comunidad de Madrid y como la que van a tener ahora en Galicia. Allí se ha firmado un convenio entre las Administraciones Públicas y el Colegio de Abogados para pagar estas actuaciones que no tienen la cobertura de la Justicia Gratuita, pero el Ministerio de Justicia todavía no ha firmado el convenio similar con el Colegio de Abogados de Madrid para las actuaciones en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Por lo tanto, en este momento cualquier abogado de oficio que actúe en defensa de una persona jurídica en esos tribunales no está cobrando».

En este sentido, hace un mes y medio el Colegio se reunió con la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, y posteriormente le envió una carta pidiendo que se solucione la situación e informándole de la cobertura acordada con la Comunidad de Madrid. De momento no hay respuesta a un problema «de asignaciones que en realidad no es muy alto. Las personas jurídicas que no designan abogado son muy pocas. El tema Gürtel sí ha sido voluminoso, pero es que en este caso el Ministerio de Justicia había suscrito un acuerdo que no ha cumplido», ahonda Cuevas.

«La profesión está absolutamente proletarizada»

No sólo no se ha cumplido, sino que Justicia ha iniciado dos procedimientos, uno de revisión y otro de reintegro para que se le devuelva el dinero por las asistencias abonadas según el convenio suscrito con Catalá. Si los gana, el Colegio de Abogados se vería obligado a devolver las cantidades entregadas a los abogados del turno de oficio. De ahí que estos teman que «no sólo no habremos ganado dinero con la defensa, sino que algunos compañeros se pueden enfrentar a tener que devolver más de 50.000 euros», afirma el letrado Fernández-Cruz, quien asegura que «del turno de oficio es imposible vivir» y denuncia el «maltrato al colectivo» dentro de un sector, el de la abogacía, que afirma está «absolutamente proletarizado». «La gente tiene la idea del abogado que coge un coche de lujo y va vestido con traje caro, pero la realidad es que son muy pocos los que viven así. El 75% de los abogados gana una media de 18.000 euros al año», denuncia.

200 euros por juicio rápido y 600 euros por macrojuicio

Según los baremos de precios de Madrid, un abogado del turno de oficio cobra 200 euros por asistir a un detenido en un juicio rápido si llega a conformidad y 360 euros si no lo hace. Por la asistencia a macroprocesos penales, la asignación es de 600 euros, que se incrementa en 30 euros por cada mil folios de documentación de la causa, el mismo precio por cada cinco comparecencias ante Juzgado y 60 euros por cada día de juicio cuando éste supere los dos días. Teniendo en cuenta el tiempo y el esfuerzo intelectual que hay que emplear en cada causa, se trata de precios muy bajos en comparación con lo que puede cobrar un abogado privado.

Eugenio Ribón, miembro la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, destaca que «desde el momento en que se admitió la responsabilidad penal de las personas jurídicas», el problema de los pagos a los abogados del turno de oficio «va a ser creciente y ya lo estamos notando. Si esto es una cuestión de discusión política entre unos partidos y otros, han de resolverlo en las instancias políticas, pero no se puede trasladar esa carga económica a un tercero independiente. Está muy bien que se quiera hacer responsable a las personas jurídicas, pero lo que no se puede hacer es a costa de esclavizar al profesional que vaya a defenderlas», considera Ribón.

«Ya no sólo es que un procedimiento se dilate durante meses, todas las mañanas y tardes. Aunque solamente fuera un día, ningún profesional (sea el juez, el forense, el funcionario que esté haciendo fotocopias) va a ir a trabajar sin cobrar la remuneración que merezca. ¿Por qué el abogado sí? Se está abocando a los compañeros a ir a los procedimientos con el riesgo ya no sólo de no cobrar, sino de caer en la quiebra y llevar a sus familias a ésta. Es directamente insostenible», continúa. Y ante el argumento de que no se puede pagar con dinero público a los dueños de empresas que se declaran insolventes aunque no lo sean, Ribón zanja: «Es como si en un atraco el delincuente resulta herido y decimos: ‘Como este es un atracador, no le vamos a atender en la Sanidad’. Habrá que atenderle y el médico que vaya tendrá que cobrar por lo que haga. Aquí el cliente del abogado es el paciente del médico».