En democracia, la paciencia es virtud, pero cuando deriva en resignación se convierte en enfermedad. La independencia judicial, columna vertebral del Estado de derecho, es probablemente el ejemplo más grave. 

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En el momento en que la justicia deja de estar protegida de los intereses partidistas, no sólo se socava la imparcialidad ante casos concretos: se erosiona la confianza pública y, con ella, la propia posibilidad de convivencia cívica.

Las instituciones europeas llevan años señalándolo: GRECO [Grupo de Estados contra la Corrupción, un organismo del Consejo de Europa fundado en 1999 que evalúa la lucha contra la corrupción en sus Estados miembros] y la Comisión Europea han llamado la atención sobre la falta de estándares de independencia que padece nuestro Consejo General del Poder Judicial. Esas advertencias no son tecnicismos. Son alertas sobre el riesgo real de que la política colonice la justicia. La cuestión deja de ser sólo doméstica cuando Europa plantea una exigencia de credibilidad internacional que nos interpela. 

Frente a la incapacidad de los partidos para llegar a un acuerdo debido –pese a mediaciones, debates y advertencias–, desde España Mejor planteamos una alternativa de sentido común y de justicia democrática: devolver la decisión al pueblo. 

La iniciativa, explicada con detalle en nuestra web propone someter a votación ciudadana las dos opciones de reforma que el propio CGPJ remitió al Parlamento en febrero de 2025. Desde entonces, ocho meses después, siguen en un cajón, sin ser debatidas ni votadas. 

No se trata de inventar soluciones, sino de sacar de ese cajón las propuestas ya registradas, sobre las cuales planteamos que la ciudadanía elija directamente. 

¿Por qué una consulta pública sobre el CGPJ? Porque cuando las instituciones se bloquean por intereses de parte, el remedio democrático es ampliar, no recortar, la participación. Consultas constitucionales y otras formas de participación directa son herramientas previstas (y con frecuencia infrautilizadas) en los sistemas democráticos. 

En España hemos desaprovechado mecanismos de consulta y diálogo público que podrían reconectar a la ciudadanía con decisiones estructurales. Negarnos a utilizarlos ha sido, hasta ahora, una renuncia que alimenta el desencanto. Es hora de invertir ese cálculo: si el Parlamento no actúa, por incapacidad o voluntad, que lo haga la soberanía popular.

Los dos modelos que proponemos someter a la decisión de la ciudadanía son claros y contrastables. Uno apuesta por la elección directa de los vocales judiciales por parte de jueces y magistrados. El otro articula una elección mixta, con selección previa por el cuerpo judicial seguida de una elección parlamentaria tras audiencias públicas.

La pregunta que planteamos es sencilla y democrática: que el pueblo elija cuál de los dos diseños considera más garantes de independencia. La iniciativa ya ha suscitado interés y cobertura en los medios de comunicación, que han empezado a situar esta propuesta en el debate público. Esa atención es útil y necesaria, pero lo verdaderamente imprescindible ahora es que ese eco se convierta en una participación organizada y masiva. 

No somos ingenuos, entendemos los reparos: un referéndum sobre la forma de elección del órgano de gobierno de los jueces suena a medida extraordinaria. Pero en realidad no lo es. Lo extraordinario, a estas alturas, sería aceptar la inacción. No podemos permitir que la normalización del bloqueo se convierta en regla. 

La democracia no es confortable; es exigente. Dejar en manos de partidos que han demostrado no poder acordar la reforma de un pilar institucional sería condenar a la Justicia a una sospecha permanente. La opción de trasladar a la ciudadanía una elección entre modelos ya formulados respeta el principio de legalidad y, sobre todo, restituye autoridad moral al sistema.

La sociedad española no es un espectador pasivo ni un mero receptor de decisiones tomadas en su nombre. Tiene criterio, capacidades y voluntad de deliberar. No se trata de sustituir a los profesionales del Derecho ni de ignorar su competencia: se trata de combinar conocimiento técnico con legitimidad democrática.

Las consultas públicas constitucionales –bien diseñadas, informadas y con garantías– pueden y deben formar parte de un proceso serio de reforma institucional. Tenemos la obligación de explorar todas las palancas legales y participativas que la Constitución y la práctica democrática nos permiten. Negarnos a hacerlo sería aceptar, por omisión, que no puede hacerse nada. Y eso no es una opción.

Es el momento inaplazable de movilizar la energía ciudadana, de usar todas las herramientas de participación que existen para poner la sociedad civil en marcha. Y de exigir a nuestros representantes políticos que no conviertan la inacción en destino. 

Beatriz Becerra es psicóloga y escritora. Doctora en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, fue eurodiputada y vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (2014-2019) y es vicepresidenta y cofundadora de España Mejor

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